La investigación al comisario Villarejo sigue adelante
Han fracasado las maniobras de Interior para convertir públicamente el caso en un conflicto entre policías
Una vez dictado el auto de procedimiento abreviado contra El Pequeño Nicolás y dos policías municipales de Madrid, el juez Arturo Zamarriego ha decidido continuar con la investigación por revelación de secretos incluida en una pieza separada. Los acusados son el comisario José Manuel Villarejo; su esposa, Gemma Isabel Alcalá; el periodista Carlos Mier; otros tres policías (Eugenio Pino, José Ángel Fuentes Gago y Enrique García Castaño); y varios periodistas y ejecutivos de una productora.
Han fracasado las maniobras del Ministerio del Interior para convertir públicamente el caso Villarejo en un conflicto entre policías, apoyado por los intentos del fiscal de sacar al comisario Marcelino Martín Blas de la comisión judicial de la policía que investiga el caso.
La semana pasada, la abogada del Estado Lucía Pedreño envió al juzgado otro escrito para rebatir el segundo intento del fiscal Alfonso San Román de alejar a Martín Blas y a un inspector (identificado con el número 111.487) de la investigación. La Abogacía del Estado muestra en su escrito su sorpresa por la insistencia del ministerio público “sin ningún tipo de explicación adicional”.
El comisario Villarejo declaró el 6 de julio durante casi dos horas, en calidad de investigado, y negó cualquier responsabilidad en la grabación, manipulación y divulgación de una conversación entre tres policías y dos miembros del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), sobre el caso Nicolay. En el escrito de diligencias provisionales se acusaba a Villarejo y a otras 13 personas de revelación de secretos, encubrimiento y otros delitos contra la Administración de Justicia.
En su declaración, el comisario apuntó a su esposa como responsable única del diario digital que divulgó la grabación, Información Sensible, aunque reconoció que forma parte de su “grupo de empresas familiares” (un entramado 12 sociedades activas con más de 16 millones de capital, que publicó EL PAÍS). También negó conocer al periodista de ese medio Carlos Mier que, según la investigación, realizó la grabación ilegal.
La presencia de Villarejo en el caso Nicolay surgió a los pocos días de la detención de Francisco Nicolás Gómez Iglesias, en octubre de 2014. Su nombre aparecía en varios cuadernos del joven, escritos de su puño y letra, así como otros nombres que utilizaba el comisario en sus trabajos como policía infiltrado. Según los investigadores, la operativa de grabar, manipular y divulgar la citada conversación tenía como objetivo final conseguir la suspensión del procedimiento.
Según fuentes judiciales, no se espera que se produzcan nuevas citaciones antes del mes de agosto. El juez Zamarriego ha decidido continuar la investigación sin prisas, manteniendo en su puesto a los dos policías que dirigen la comisión judicial. Será en septiembre cuando decida a quién o quiénes cita a declarar como investigados de entre los policías y periodistas incluidos en las diligencias previas.
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