Polémica en Baleares por el acceso a las zonas protegidas

El Gobierno regional pretende regular el uso de los caminos en ciertas zonas de la costa para equilibrar la necesidad de conservación medioambiental con el acceso al mar

La finca Ternelles, de la familia March, ubicada en el municipio mallorquín de Pollença.
La finca Ternelles, de la familia March, ubicada en el municipio mallorquín de Pollença.TOLO RAMÓN

El Parlamento de Baleares tiene previsto aprobar esta semana la nueva Ley de Evaluación Medioambiental, una norma impulsada por los partidos del Gobierno, PSOE y Més con el apoyo de Podemos, que entre otros aspectos ordena la conservación de los espacios protegidos. La polémica surge porque el texto pretende regular el uso de los caminos en zonas protegidas para llegar a la costa para tratar de equilibrar la necesidad de conservación medioambiental con el acceso al mar. Una finca de la familia March está en el centro del debate.

La nueva regulación ha puesto en pie de guerra a algunas entidades conservacionistas y a una rama de la familia March, a quienes el nuevo ordenamiento afectaría de pleno en su finca Ternelles de Pollença, en la Sierra de Tramontana. Parte de los caminos de la finca y la zona de la cala forman parte de una llamada área de exclusión, un entorno al que solo pueden acceder investigadores y científicos. Este área de la finca está protegida para la cría de buitre negro, una especie emblemática de la isla que ha logrado mantenerse gracias a la preservación de espacios y la labor de diversas asociaciones. Con la nueva ley, se permitiría el transito hasta el mar a través de la finca.

Las disputas por el derecho de paso en la finca, al margen de su protección medioambiental, han sido una constante en los últimos años. Tanto es así que en 2009 un grupo de medio millar de personas con algunos líderes de la izquierda nacionalista participaron en una marcha reivindicativa que exigía que el camino pasara a tener una titularidad pública. Alguno de ellos llegó a saltar la valla que impedía el acceso a la finca.

El caso parecía haber quedado zanjado en marzo del año pasado, cuando el Tribunal Supremo confirmó una servidumbre de paso de acceso al mar, como reclamaba el Ayuntamiento de Pollença. Sin embargo, en septiembre y tras un litigio paralelo entre la propiedad de la finca y el Consistorio, el Tribunal Superior de Justicia de Baleares anuló el paso por el camino y el acceso al mar argumentando que era una zona protegida.

El fallo del tribunal estipulaba que el acceso a la zona de mar, la cala Castell, discurría a través de un camino de la finca de la familia del banquero situado en una llamada zona de exclusión, espacios altamente protegidos por cuestiones de conservación científica según la normativa autonómica en los que no cabe ningún tipo de actividad recreativa en el lugar. Un dictamen que cerraba de nuevo en falso un litigio de años, ya que ha sido recurrido por el Ayuntamiento de Pollença ante el Tribunal Supremo.

Desde la Consejería de Medio Ambiente explican que la nueva ley prevé establecer un equilibrio entre esa necesidad de conservación de la zona y la garantía de poder acceder a la cala. Quieren que, aunque linde por un tramo protegido, pueda ser utilizado como sendero para acceder al mar. El Gobierno autonómico tiene previsto estudiar caso por caso y autorizar el paso de un determinado número de personas por estas zonas, al tratarse de lugares con necesidad de conservación.

Desde el Grupo de Ornitología Balear (GOB), una de las entidades ecologistas más representativas de las islas, consideran que la nueva normativa conllevará una rebaja general del grado de protección de todas las áreas de exclusión y que abrirá estas zonas a otros usos que hasta ahora no se permitían.

Sin embargo, disienten de los argumentos medioambientales que se utilizaron para proteger parte de Ternelles, lo que califican de “caso evidente de protección a la carta” en el que se intentó limitar, aseguran, el uso público en una finca donde el paso arrastra una larga polémica entre la ciudadanía y la propiedad. Para los ecologistas, el acceso a la cala no plantea efectos negativos para el buitre negro que recuerdan, ya no es considerada una especie amenazada.

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