El Superior de Galicia investiga si un juez prevaricó para hundir a una política del PSOE

“Estoy aquí sentada porque era imprescindible para echarme del Gobierno municipal de Ourense”. Este alegato final de la socialista Áurea Soto en el juicio por prevaricación que le costó su carrera política, pero del que salió absuelta, anunció en enero pasado la guerra que se libra ahora en los tribunales gallegos. La exconcejal de Urbanismo de la tercera ciudad de Galicia, que dimitió en aplicación del código ético del PSOE tras ser procesada en aquella causa por el magistrado Leonardo Álvarez, se ha querellado contra el juez que la sentó en el banquillo, quien está llamado a declarar este viernes ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) como investigado por prevaricación judicial.

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La Sala de lo Civil y Penal del (TSXG) ha admitido a trámite la querella de Soto contra quien hoy es juez decano de Ourense porque “el relato fáctico plasmado se incardina, al menos indiciariamente, en la comisión de un delito de prevaricación”. La socialista sostiene que Álvarez la encausó “sin sustento jurídico alguno”, “persiguiendo única y exclusivamente dañar la imagen de una concejal electa, logrando incluso con ello su separación del cargo”, e ignorando intencionadamente una resolución judicial del propio Tribunal Superior que, a su juicio, la exculpaba desde el inicio de la instrucción.

Según Áurea Soto, en esa “estrategia preconcebida y planificada para influir en la gestión del Gobierno surgido de las urnas en el Ayuntamiento de Ourense” el instructor “contó siempre con un solícito ministerio fiscal entregado por completo a la causa” y con una acusación popular impulsada "en la sombra" por un promotor de la ciudad con quien el Gobierno socialista mantenía una descarnada guerra judicial. Durante su intervención final en el juicio del que salió indemne, unas palabras por las que el fiscal jefe de Ourense la llamó a declarar por supuestas injurias, la exedil del PSOE llegó a señalar directamente al “entorno” del constructor Bautista Rodríguez, padre de la persona que ejerció la acusación popular, como los cerebros del urbanismo ourensano en los 12 años de Gobiernos del PP a los que puso fin la victoria del PSOE en las elecciones de 2007.

Leonardo Álvarez (Caracas, 1970), como titular del Juzgado de Instrucción número 1 de esta ciudad gallega, emitió el 8 de enero de 2015 un auto de apertura de juicio oral por prevaricación a la entonces concejal de Urbanismo por el expediente de legalización de un complejo urbanístico en la plaza de San Antonio. Solo unos días después, el instructor de la causa, que ingresó en la carrera judicial en 2003 y que tras pasar por Ribadavia y Vigo llegó a Ourense en 2009, fue designado por sus compañeros juez decano tras ser el único candidato al puesto.

El magistrado también procesó en aquel auto a Carlos Hernández, un abogado coruñés contratado como asesor externo por el Ayuntamiento ourensano que elaboró un informe favorable a la regularización urbanística al principio del proceso. A los cuatro días de la resolución que la encausaba, la concejal renunció a su cargo, en aplicación del código ético del PSOE que así lo exige.

El instructor sostenía que Soto había prevaricado cuando impulsó la concesión de nuevas licencias a una urbanización ilegalizada durante los Gobiernos del PP y con orden de derribo. La concejal otorgó esos permisos adaptándolos al plan urbanístico vigente en aquel momento, aprobado en 2003, y defiende que obtuvo el visto bueno del Tribunal Superior para no ejecutar la sentencia que establecía la demolición del complejo. Ese auto judicial del alto tribunal gallego que amparaba su actuación, emitido unas semanas después de que el plan general en el que se había basado la edil fuera también anulado por la justicia, es el que la política socialista sostiene que fue ignorado intencionadamente por el magistrado que la sentó en el banquillo por prevaricación.

Soto acusa al magistrado de actuar de forma “parcial y sesgada” y “en abierta y frontal contradicción con una resolución judicial de un tribunal del orden contencioso administrativo que enervaba ab initio” la comisión de un delito de prevaricación en la concesión de las licencias. Tanto Soto como Hernández, el abogado externo del Ayuntamiento que también fue procesado y que se ha querellado asimismo contra el instructor de la causa, acusan a Leonardo Álvarez de excluir de las imputaciones y procesamiento “a funcionarios [municipales] que intervinieron con sus informes en el mismo expediente”.

La socialista sostiene que fue sometida a un “juicio político” con “el único objetivo de separarla de su cargo y, ya de paso, arrastrar con ella, imputándolo también, al letrado Hernández López como complemento necesario para intentar diluir esa intención manifiesta”.

La Sala de lo Civil y Penal del TSXG, presidida por el presidente del alto tribunal gallego, Miguel Ángel Cadenas, ha nombrado a José Antonio Ballestero Pascual instructor de la causa contra el juez decano de Ourense. En su auto, el Tribunal Superior insiste en que investigará los hechos denunciados “sin valorar ni prejuzgar lo sucedido”. La admisión a trámite de la querella por prevaricación judicial se ha producido en contra del criterio de la fiscalía. Leonardo Álvarez ha declinado el ofrecimiento de este periódico a ofrecer su versión de los hechos.