La defensa de la Infanta descarga en Urdangarin la gestión de Aizoon

El juicio del caso Nóos, sobre el supuesto desvío de 4,5 millones de euros públicos a las sociedades de Iñaki Urdangarin, esposo de la infanta Cristina, y su socio, Diego Torres, ha quedado este miércoles visto para sentencia, tras 61 sesiones, en un ambiente de fin de curso. Los 17 acusados, que han debido acudir a la Audiencia Provincial de Baleares para cumplir el trámite de última palabra, derecho al que todos han renunciado, se han despedido de sus compañeros de banquillo y sus abogados a la espera de un fallo que las partes no esperan hasta el próximo otoño.

La última sesión de la vista oral que comenzó el 11 de enero ha estado protagonizada por el abogado de Cristina de Borbón, el penalista barcelonés Pau Molins. El letrado ha insistido en la inocencia de la hermana del Rey, para la que el sindicato Manos Limpias, que ejerce la acusación contra ella en solitario, pide ocho años de cárcel como cooperadora en dos delitos fiscales atribuidos a su esposo. Molins ha pedido al tribunal presidido por Samantha Romero que demuestre que “el derecho no ha muerto” y que “aplique la justicia en igualdad, sin favorecer, pero tampoco sin perjudicar a nadie por su linaje”.

Molins, en su informe final, ha tratado de asentar la idea de que Cristina de Borbón estaba absolutamente al margen de la gestión de la sociedad Aizoon, que compartía al 50% con su marido y que sirvió supuestamente para eludir un total de 326.925 euros en impuestos en los años 2007 y 2008. De hecho, el abogado descargó toda la responsabilidad en Iñaki Urdangarin, quien, como administrador, “tenía el dominio absoluto” de la mercantil. Ella, ha subrayado, “se limitaba a rubricar los documentos sin pedir explicaciones” por la “confianza” que tenía “primerísimamente en su esposo y después en los asesores de la Casa del Rey”.

“Aizoon jugaba un papel absolutamente marginal en la vida de la Infanta”, ha señalado Molins. Sin embargo, este desconocimiento, ha dicho, no era fruto del desinterés o la indiferencia de la hermana de Felipe VI por los asuntos financieros del matrimonio sino por “falta de conocimientos técnicos y de tiempo material”. El letrado ha recordado que Cristina de Borbón era, en el momento de los hechos, “madre de cuatro hijos pequeños”, “atendía a las obligaciones institucionales de la Casa Real” y “prestaba sus servicios profesionales para una fundación [La Caixa] dedicada a la cooperación internacional”.

El letrado, del despacho de Miquel Roca, también presente en la sala, ha desgranado los testimonios, documentos e informes periciales que, según él, corroboran la idea de que Cristina de Borbón no estaba al corriente de la gestión de Aizoon. Molins ha mencionado las declaraciones de Marco Antonio Tejeiro, contable de la mercantil, que dijo que “nunca había recibido órdenes o instrucciones de la Infanta sobre qué gastos debía imputar o no a la sociedad”. O el testimonio de su hermano Miguel, asesor fiscal a quien Manos Limpias retiró la acusación al principio de la vista oral, y que declaró que nunca trató sobre Aizoon con el matrimonio.

“Todos los informes periciales han avalado de forma contundente e incontestable la tesis de la inocencia de la Infanta”, ha manifestado el abogado. Respecto a los gastos de la Visa de Aizoon emitida a nombre de Cristina de Borbón, Molins ha afirmado que no hay pruebas de que fuera ella quien los cargara. “Julita Cuquerella [secretaria personal de Urdangarin] reconoció en el juicio haber usado esa tarjeta”, ha recordado. Sobre el hecho de que Aizoon pagara al servicio doméstico de los exduques de Palma, el abogado ha zanjado: “No hay ninguna prueba de que la Infanta lo conociera (…) de esos trámites siempre, siempre, siempre se ocupó su marido, como el mismo reconoció”, recordó el letrado.

Molins rechazó de plano que Aizoon fuera una sociedad concebida para evadir impuestos: “No hay dato que permita sostener la absurda conclusión de que Aizoon se fundó para cometer defraudaciones fiscales”. También puso de relieve los informes de la Agencia Tributaria que sostienen que los delitos fiscales en las sociedades los cometen los administradores, nunca los socios, como es el caso de la Infanta. “Es el primer caso de la historia de la justicia española en el que se sienta en el banquillo por delito fiscal a un socio no administrador”.

La parte final de su intervención la dedico Molins a lanzar un ataque a Manos Limpias, para quien pidió que fuera condenado en costas por mantener hasta el final una “acusación totalmente temeraria y con mala fe”. "El sindicato pide una pena desproporcionada, inédita, con voluntad de hacer daño mediáticamente", ha afirmado antes de calificar de "broma de mal gusto" el alegato final de la abogada de Manos Limpias, Virginia López Negrete, en la que esta denunció "presiones" durante el juicio, coincidiendo con la operación Nelson contra la extorsión del sindicato y de Ausbanc.

Tras el alegato de Molins, ha llegado el trámite final de la última palabra de los acusados. Todos ellos han renunciado a hacer uso de ese derecho. "Nada que decir, gracias, señoría", han sido las únicas palabras que se han escuchado a la Infanta. A las 12.58, la presidenta del tribunal ha pronunciado la frase más esperada por los acusados: "Declaro concluso el juicio oral, visto para sentencia".