El juez Castro abre proceso contra excargos de Matas por el fraude del marcador del Palma Arena

El juez José Castro ha finalizado la investigación de la pieza número 18 del caso Palma Arena, sobre la compra por más de dos millones de euros del videomarcador del velódromo Palma Arena. El magistrado ha dictado el auto por el que abre la vía para juzgar a siete personas, entre ellas, varios ex altos cargos del Gobierno balear de la etapa de Jaume Matas. El expresidente popular queda fuera de esta pieza, una de las primeras abiertas por esta macro causa, cuya investigación se inició en verano de 2009.

El magistrado pide juzgar por malversación y fraude a varios exresponsables del Ejecutivo balear, como el exdirector general de Deportes José Luis Ballester, que estos días se sienta en el banquillo de los acusados por el caso Nóos. El magistrado también acusa de estos delitos al que fuera portavoz del Ayuntamiento de Palma y concejal de Deportes del PP Rafael Durán y al exgerente del velódromo Jorge Moisés. También figuran como responsables un técnico y dos empresarios.

El videomarcador se adjudicó por casi dos millones de euros en un proceso independiente de la contratación del resto de suministros del velódromo. Terminó costando 2,2 millones tras una serie de facturas por mejoras en las prestaciones del aparato presentadas por la empresa adjudicataria y que fueron pagadas, según el juez, sin el proceso administrativo correspondiente.

El magistrado afirma que el concurso para la adjudicación estaba viciado y expone que cuatro empresas se presentaron a la convocatoria. A una de ellas "le hicieron la vida imposible para que quedara fuera del concurso" mientras que otras dos tenían el mismo representante. El juez subraya que presentaron dos ofertas "milimétrica y milagrosamente" iguales, salvo por el precio y a pesar de que habían sido enviadas por empresas radicadas en países diferentes.

Fue una de estas dos empresas la que se hizo finalmente con la adjudicación por casi dos millones, con el añadido, según el juez, de que su director era cuñado del propietario de la empresa de publicidad que organizaba las campañas electorales del PP, la agencia de comunicación Nimbus. Esta empresa ha sido investigada en otras piezas del caso, ya que fue adjudicataria de numerosos concursos del Gobierno de Matas que se encuentran bajo sospecha, como el patrocinio del Mundial de Ciclismo en Pista de 2007 por 350.000 euros.

El juez ha dado 10 días a las partes para que se pronuncien. La Fiscalía tendrá que decidir si presenta escrito de acusación o solicita el sobreseimiento de la causa.