El fiscal pide cárcel para dos alcaldes del PP por apología de la prevaricación

La Fiscalía ha descubierto que las juntas de gobierno del PP de las tres últimas legislaturas en Colmenar han estado conchabadas para dar licencias de obras plagadas de ilegalidades a diferentes constructoras. Por eso, pide, también por prevaricación, otros dos años de cárcel para el anterior alcalde y exdiputado de la Asamblea de Madrid José María de Federico, y penas de entre dos y 3,6 años para otros diez concejales y exconcejales del PP de Colmenar, la más importante población al norte de la capital. Todos ellos, según el fiscal, “por ponerse de acuerdo durante los últimos diez años para otorgar licencias de forma muy reiterada, especialmente de primera ocupación, a distintos promotores, pese al incumplimiento de la normativa urbanística” y a sabiendas de que los técnicos las informaron “desfavorablemente”.

El fiscal asegura que durante los últimos diez años, estos dos alcaldes y diez concejales han  perpetrado una auténtica “apología de la prevaricación” en la concesión de 16 licencias urbanísticas otorgadas en contra de los informes técnicos y jurídicos municipales. La fiscalía describe toda una retahíla de "graves infracciones urbanísticas" y pide a la juez que ha investigado durante tres años los hechos, que siente a todos ellos en el banquillo para que respondan de esos delitos ante un juzgado de lo penal de Madrid.

La juez instructora ha abierto ya juicio oral contra ellos al entender que los acusados “otorgaron 16 licencias urbanísticas” desde 2006 pese a las “claras” advertencias de ilegalidades expuestas por los técnicos municipales, explica la magistrada Alicia Barba de la Torre, del Juzgado de Instrucción 3 de Colmenar Viejo. Según el fiscal, las sucesivas juntas de gobierno de los últimos diez años en Colmenar otorgaron estas 16 licencias contraviniendo el planeamiento urbanístico y guiados por una total arbitrariedad en la toma de decisiones. A unos constructores les permitían alturas de edificaciones superiores a otras, retranqueos ilegales, y daban licencias de primera ocupación a promociones de casas plagadas de irregularidades y sin exigirles subsanar las ilegalidades que exponían los técnicos. Y saltándose los dictámenes jurídicos desfavorables de la secretaría general del Ayuntamiento. Solo en tres de los 16 expedientes urbanísticos que describe el fiscal el Ayuntamiento decidió abrir expedientes sancionadores, detalla el fiscal.

Otorgaron 16 licencias contraviniendo el planeamiento urbanístico y guiados por una total arbitrariedad en la toma de decisiones

Señala el fiscal que legalmente “es imposible otorgar una licencia de primera ocupación cuando la obra ya se ha ejecutado contraviniendo la licencia de obras (…), y que una licencia urbanística no es un acto discrecional” de los políticos, sino un acto puramente reglado”. Es inadmisible, añade, que “un Gobierno municipal pueda otorgar una licencia urbanística cuando los servicios técnicos han constatado una contradicción entre la ejecución del proyecto autorizado y la licencia previa, y si se adelanta provisionalmente la licencia, debe sujetarse al deber del promotor de subsanar las deficiencias menores detectadas, lo que no ocurrió en los casos que nos ocupan”.

Sostiene el fiscal que "es peligrosísima" la tesis de los encausados de que se pueden dar licencias "según sus criterios subjetivos"

El fiscal arremete con dureza contra los alegatos en su defensa de los encausados al señalar que tratan de sostener la “peligrosísima tesis de que un Gobierno municipal puede decidir en cada caso según su criterio subjetivo si conceder o no una licencia cuando los órganos técnicos han comprobado que la construcción sujeta a licencia se ha ejecutado contraviniendo determinados puntos el proyecto previamente autorizado, así como el planeamiento urbanístico. Esta filosofía", añade el fiscal, "es una auténtica apología de la prevaricación, basada en la sustitución del derecho aplicable, conscientemente, por voluntad de la autoridad o funcionario. (…) Tratan de sostener que un gobierno puede decidir que infracciones condena y cuáles no, un tema totalmente discrecional". De hecho, "un concejal de urbanismo valoraba las infracciones como chorradas”, recuerda el ministerio público en uno de sus informes. La fiscalía es partidaria incluso de que se declare la nulidad de pleno derecho de estos 16 expedientes urbanísticos, lo que puede derivar, si los tribunales la consideraran, en cuantiosas demandas de responsabilidad patrimonial contra el Consistorio.

Esta petición de pena de la fiscalía para el actual alcalde, su antecesor y diez concejales de las dos últimas legislaturas deja en una situación crítica al PP de Colmenar. Ya que afecta a los dos últimos alcaldes del PP, sus dos últimos concejales de Urbanismo y otros ediles más. Es decir, casi todos los cuadros dirigentes del partido en este municipio.

Este procedimiento partió de la Fiscalía de Madrid y se unió como acusación particular la asociación denominada Acción Cívica Contra la Corrupción, la misma que consiguió meter en prisión al consejero de Francisco Camps Rafael Blasco, y que también persigue delitos de corrupción política en toda España.