Ciudadanos Murcia cargó gastos electorales a la Asamblea Regional

Ciudadanos de Murcia cargó a la Asamblea Regional gastos de su campaña para las elecciones municipales y autonómicas de 2015, según ha admitido la formación emergente después de que Onda Cero desvelase esta información. Así, facturas que se deberían haber pagado a través de la cuenta del partido se sufragaron a través de la del grupo parlamentario. Tras conocer que Mario Gómez, delegado territorial y portavoz en el Ayuntamiento de Murcia, presuntamente ordenó anular las primeras facturas y emitir unas nuevas para que casaran las fechas (los comprobantes originales eran anteriores a la constitución del grupo parlamentario), la dirección nacional ha decidido destituirle, según ha explicado a EL PAÍS Fran Hervías, secretario de Organización. Además, la formación emergente ha abierto expediente a Gómez y al diputado autonómico Luis Fernández, que autorizó los pagos. Estos expedientes pueden derivar o no en la expulsión de ambos.

Ciudadanos habría afrontado por esta vía pagos a proveedores de casi 20.000 euros. La ley sobre financiación de partidos especifica que las subvenciones que les corresponden a cada formación por su representación autonómica deben destinarse a sufragar el funcionamiento diario del propio grupo parlamentario. Ese dinero público, en consecuencia, no puede emplearse para afrontar los gastos derivados de una campaña electoral. En un comunicado, la formación emergente, que lidera en Murcia Miguel Sánchez, ha asegurado que ha "habido un lamentable error administrativo a la hora de realizar el pago", ya que "está la cuenta del partido y la cuenta del Grupo Parlamentario". 

"Posible financiación irregular"

El presidente de la Comunidad de Murcia, el popular Pedro Antonio Sánchez, ha señalado que de confirmarse los hechos serían "especialmente grave", declarando que "todos tenemos que ser responsables de nuestras decisiones y ser conscientes del lugar que ocupamos". El líder autonómico del PP alcanzó la presidencia de Murcia tras alcanzar un pacto de investidura precisamente con Ciudadanos. La formación emergente le exigió entonces la dimisión de varios cargos del partido imputados en casos de corrupción. Sánchez se ha mostrado preocupado "porque se estaría hablando de una posible financiación irregular de un partido político con dinero de la Asamblea", cuyo uso, ha subrayado, "no solo tiene que ser legal, sino mucho más transparente".

Ciudadanos decidió emprender su expansión nacional a finales de 2014. Para cumplir con el objetivo de presentarse en la mayoría de las circunscripciones de las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2015, la formación emergente emprendió un vertiginoso proceso de expansión nacional, durante el que incorporó a sus listas a centenares de integrantes de otros partidos previamente disueltos y a personas recién llegadas a la política. La dirección nacional juzga esa decisión estratégica como "un éxito". Como resultado, el partido de Rivera tiene casi 100 diputados autonómicos y más de 1.500 concejales. En los últimos meses, sin embargo, acumula una cadena de casos que ha ensombrecido el balance. 

Nazareth Quijano, concejal del partido en Logroño (La Rioja), se dio de baja voluntariamente al descubrirse que había desviado 18.000 euros de los fondos de la agrupación a su cuenta. Eva Borox, diputada autonómica en Madrid, dimitió tras conocerse su amistad con David Marjaliza, muñidor de la trama Púnica, y pese a no estar imputada o investigada. En las últimas dos semanas también han dejado sus puestos otros dos cargos del partido. José Luis Juste, diputado en las Cortes de Aragón, dimitió al saberse que ocupa el cargo de director de una compañía de su hermano en Panamá. Federico Pérez Oteiza, coordinador del partido en La Rioja, tomó la misma decisión el pasado fin de semana y por la misma razón. Los dos defienden la legalidad de sus negocios. Murcia, por ahora, marca el último episodio polémico en la trayectoria del partido.