El juez del caso Castor amplía las imputaciones

El Juzgado de Instrucción 4 de Vinaròz, que investiga el caso del proyecto Castor, ha decidido ampliar las imputaciones, que pasan de 18 a 20. En concreto, ha citado como nuevos investigados a un alto cargo del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente cuando se desencadenaron los temblores, y a Carlos Barat, el director general de la empresa Escal UGS. Esta compañía se encargaba de este proyecto de almacén submarino, que a finales de 2013 causó medio millar de pequeños terremotos y tuvo que ser paralizado.

A Ángel Muñoz, que era subdirector general de Evaluación de Impacto Ambiental y ahora está en el área de Protección de la Costa del ministerio, y a Barat los cita el titular del juzgado a declarar para los próximos días 30 y 31 de mayo. El almacén de gas está paralizado desde que se detectó la cadena de temblores. Actualmente, está en situación de hibernación. Escal UGS (controlada en un 66,7% por ACS) recibió una compensación de 1.350 millones de euros cuando tuvo que parar, a los que recientemente se ha sumado el reconocimiento por parte del Ministerio de Industria de otros 295 millones. El contrato de este almacén submarino, ubicado frente a las costas de Vinaròs (Castellón), tenía una cláusula por la que si la obra se paralizaba, la promotora tenía derecho a que el Estado le devolviera la inversión.

Tramitación

La imputación de estas dos personas es la consecuencia de la petición que ha realizado el Ministerio Fiscal. En esta instrucción se investigan las presuntas irregularidades relacionadas con la tramitación de la concesión de explotación de Castor. Además de los nuevos imputados, el instructor cita a 13 testigos y a cinco peritos.

Entre otras diligencias, el juez ha pedido también a la empresa Escal UGS que aporte la filiación y los cargos de los operarios que se encontraban en la plataforma Castor durante la tercera fase de inyección de gas colchón. Fue durante esa última fase —al aumentar la presión de la inyección— cuando se registró la cadena de temblores.

Las diligencias por el caso Castor, que ya superan los 13.000 folios, han sido declaradas “causa compleja” por el número de investigados. Al entrar dentro de esta categoría, se amplía el plazo de instrucción de seis a 18 meses.

En este caso están imputados cargos de la Administración, los responsables de la promotora y técnicos del Instituto Geológico y Minero (IGME), que participaron en la fase de evaluación de este proyecto. El titular del juzgado de Vinaròs culpa a todos los investigados de presuntos delitos de prevaricación medioambiental.