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Los partidos inician contactos para pactar una reducción del gasto electoral

Ciudadanos envía al resto de fuerzas una propuesta para unificar el envío de las papeletas electorales y UPN manda una carta pidiendo que se bajen un 30% las subvenciones

Los diputados de Podemos, durante una sesión en el Congreso. Ampliar foto
Los diputados de Podemos, durante una sesión en el Congreso.

Tras ver cómo el Estado gastaba más de 130 millones de euros en la campaña electoral del 20-D, los partidos ya estudian fórmulas para intentar pactar una reducción de los costes que generará que el 26 de junio se repitan las elecciones generales.

Albert Rivera ha anunciado que Ciudadanos propone al resto de formaciones reducir un 50% el límite de gasto (que pasaría de más de 12 millones para los partidos que se presentan en todas las circunscripciones a casi siete) y enviar en un solo sobre todas las papeletas electorales (el mailing costó casi 50 millones en las últimas elecciones). A su vez, UPN mandó el martes una carta a las demás fuerzas para estudiar en una reunión si se recortan las subvenciones en un 30%, lo que ahorraría 45 millones.

Los intereses contrapuestos de los partidos y el poco tiempo que falta para que comience la campaña del 26-J dificultan el acuerdo. La ley electoral establece que la cuantía de las subvenciones se fija en los cinco días siguientes a la convocatoria de los comicios. Cualquier otra modificación del sistema actual implica cambiar ese texto, para lo que ya no hay tiempo. En consecuencia, los partidos han asumido que sería necesario llegar a "un pacto de caballeros", en definición de un dirigente conocedor de la planificación de la campaña de uno de los cuatro principales partidos.

El coste de las elecciones

El coste de las elecciones del pasado 20 de diciembre ascendió a unos 130 millones de euros sin contar la campaña de cada partido.

  • El PP gastó unos 12 millones de euros en la pasada campaña electoral.
  • El PSOE invirtió nueve millones de euros.
  • Podemos gastó 3,6 millones de euros junto a sus alianzas territoriales en Galicia, Cataluña y Comunidad Valenciana.
  • Ciudadanos invirtió cuatro millones de euros. Ha sido su mayor desembolso ante unos comicios, fruto de que pasó de presentarse solo en autonómicas de Cataluña a hacerlo en toda España.
  • IU gastó 2,5 millones de euros en la campaña para las generales del 20-D. La coalición no ha podido recuperar la parte del gasto dedicado, por ejemplo, a los envíos postales de propaganda porque con sus dos diputados no ha conseguido tener grupo parlamentario.

"Si hacemos un pacto político y lo cumplimos, no hace falta cambiar la ley. Es tan sencillo como llegar a un acuerdo político", ha dicho Rivera este miércoles. "La campaña electoral tiene que ser austera".

Todas las formaciones están diseñando sus estrategias electorales teniendo en cuenta el cansancio de los electores tras meses de negociaciones infructuosas y el desgaste que provocará en su imagen una nueva inversión millonaria. Ese punto de partida en común, sin embargo, aún no acerca a las principales formaciones. Rafael Catalá, ministro de justicia en funciones del gobierno del PP, abrió el debate sobre el recorte de gastos hace tres semanas, pero su propuesta estaba centrada en reducir los quince días de campaña a los que obliga la ley para “no atormentar a los ciudadanos”. El resto de partidos teme que esa idea encierre la intención de abreviar el número de los debates, y que limite la posibilidad de explicar y confrontar sus programas.

No es la única discrepancia. El PSOE, Podemos y Ciudadanos coinciden, por ejemplo, en que querrían reducir el gasto en mailing electoral enviando todas las papeletas en el mismo sobre. El PP y el PNV, sin embargo, critican la idea. “El mailing es indispensable”, dijo el miércoles Rafael Hernando, portavoz popular en el Congreso. Los partidos observan con suspicacia la oferta de UPN de rebajar las subvenciones porque creen que limitará la capacidad para financiar su publicidad. Finalmente, el PP y el PSOE saben que cualquier medida limará la ventaja que tienen por disfrutar de un músculo financiero más potente que el de las formaciones emergentes. Frente a los 2,5 millones que invirtió IU en la campaña del 20-D, los 3,6 de Podemos y sus confluencias, o los 4 de Ciudadanos, el PSOE se disparó hasta los 9, y el PP llegó hasta los 12.

Frente a todas esas dificultades, en público la predisposición de todos es absoluta. “Sería bueno que haya una reducción importante”, dijo el miércoles Hernando (PP). El PSOE, por su parte, es partidario de “recortar todo lo que sea posible en todas las partidas que sean factibles”, según fuentes de su dirección, que advirtieron: “No se puede aplicar de forma unilateral”. En Ferraz ponen de ejemplo que en las generales de diciembre ya aplicaron una "sustancial" reducción respecto a las generales de 2011. Se gastaron 9,1 millones, por los 12,8 de cuatro años antes. Esto es, una reducción del 30%. Antes, en las elecciones europeas de 2014, los socialistas ahorraron más de medio millón de euros al renunciar de forma unilateral a emplear grandes vallas publicitarias. "No es que tengamos voluntad de hacerlo, es que ya lo hemos hecho", asevera un cuadro medio.

La dirección de Podemos, finalmente, está abierta a estudiar propuestas dirigidas a reducir los gastos de la campaña de las elecciones del 26 de junio como la de compartir el mailing electoral. El número dos de la formación emergente, Íñigo Errejón, ha invitado este miércoles al resto de fuerzas políticas a diseñar una campaña austera. "En aras de la austeridad, los partidos tradicionales deberían sumarse a campañas austeras", ha señalado. El dirigente ha pedido seguir el ejemplo de Podemos.  "Instaría a los demás partidos a probar este funcionamiento, porque nosotros hemos gastado menos dinero, proporcionalmente hemos obtenido mejores resultados y le hemos ahorrado dinero al contribuyente", ha considerado.

Lo que dice la ley

La Ley Orgánica del Régimen Electoral General establece que el Estado subvenciona parte de los gastos: ofrece 21.167,64 euros por cada escaño obtenido en el Congreso o el Senado; 0,81 euros por cada uno de los votos conseguidos por cada candidatura al Congreso que hubiera obtenido escaño y 0,32 euros en el caso del Senado. Además, para subvencionar el envío personal de papeletas electorales y propaganda, el Estado abona 0,18 euros por elector en cada una de las circunscripciones en las que se haya presentado lista al Congreso y al Senado siempre que la candidatura haya obtenido los votos suficientes para constituir grupo parlamentario.