Urdangarin y Torres tantearon nuevos proyectos en Valencia tras separarse en Nóos

Iñaki Urdangarin y Diego Torres tantearon la posibilidad de impulsar nuevos proyectos en Valencia casi dos años después de haber disuelto formalmente su sociedad en el Instituto Nóos. El exvicepresidente del Gobierno valenciano Vicente Rambla ha explicado este miércoles en el juicio del caso Nóos que se celebra en Palma de Mallorca que mantuvo dos reuniones con el marido de la infanta Cristina y su socio. Una en noviembre de 2007 en Castellón y otra en marzo de 2008 en Valencia, cuando ya se habían celebrado las tres ediciones del Valencia Summit, pagadas por el Ayuntamiento y la Generalitat, y se había dado carpetazo al proyecto de Juegos Europeos. Unos eventos por los que Urdangarin y Torres cobraron cerca de 3,6 millones de euros.

Según Rambla, el primer encuentro —al que asistió con la entonces consejera de Deportes, Trinidad Miró— fue a instancias de Urdangarin y Torres, que querían "saber qué temas de interés tenía el nuevo Gobierno" valenciano, que Francisco Camps había remodelado cuatro meses antes. "Eran personas que habían mantenido una relación fluida con la Comunidad Valenciana y querían seguir manteniéndola", ha dicho Rambla, que figura como imputado en uno de los sumarios del caso Gürtel por supuesta financiación ilegal del PP valenciano.

El exvicepresidente valenciano ha indicado que informó de los encuentros con Urdangarin y Torres al entonces presidente de la Generalitat, Francisco Camps, que tuvo la percepción de que los dos seguían trabajando juntos y que consideró que el cuñado de Felipe VI se presentaba como una especie de consultor y no como miembro de la Casa del Rey o del Comité Olímpico Español.

El segundo almuerzo se centró en la posibilidad de celebrar unos Juegos de la Juventud en Valencia. En su declaración, Rambla ha contradicho a la exalcaldesa de Valencia Rita Barberá, que atribuyó el encuentro al Gobierno valenciano y señaló que se le había invitado por motivos protocolarios. De acuerdo con el relato del exvicepresidente, que se ha mostrado olvidadizo respecto al contenido de las conversaciones mantenidas en los dos almuerzos, en esta segunda comida estuvieron presentes, además de Barberá, el concejal de Deportes, Cristóbal Grau, y el empresario Miguel Zorío, que ya había participado en el proyecto de Juegos Europeos cancelado un año antes.

"¿En esas reuniones alguien habló de dinero?", le ha preguntado el abogado de Urdangarin. "No", ha afirmado Rambla, que ha insistido en que en esos encuentros no se concretó ningún proyecto con los socios de Nóos porque, entre otras razones, Rita Barberá anunció que descartaba cualquier otro evento deportivo para Valencia tras haber sido declarada subsede olímpica de vela en la candidatura de Madrid 2012.

Por su parte, la exconsejera de Deportes Trinidad Miró, que también ha declarado este miércoles, tuvo una percepción distinta de los encuentros con Urdangarin y Torres. Según su testimonio, a ella se le dijo que iba a un encuentro con el entonces Duque de Palma y que tuvo la idea de que Torres "era una especie de secretario" del marido de la Infanta.

En la sesión número 31 del juicio del caso Nóos también ha intervenido la exsubsecretaria de Presidencia de la Generalitat Isabel Villalonga, que ha indicado que le rechazó al Instituto Nóos facturas no justificadas por importes del proyecto de Juegos Europeos. Entre las 123 facturas rechazadas también había una de Aizoon, la empresa que Urdangarin tenía al 50% con la Infanta, por importe de 70.000 euros.

Según la exsubsecretaria de Presidencia, en ningún caso se adjuntaron los proyectos presentados, la documentación de las reuniones celebradas, los contratos de los consultores ni el detalle de las colaboraciones que llevaron a cabo. El convenio con el Instituto Nóos para la preparación de los Juegos Europeos se firmó a finales de 2005 con un presupuesto de 6 millones de euros —de los cuales dos eran para la firma Lobby Comunicación, del empresario Miguel Zorío—. En 2006 se consignaron tres millones del presupuesto de la Generalitat, pero solo se pagaron 382.000 euros porque el resto de facturas eran irregulares y no se abonaron. En 2007 quedó concelado el proyecto con Urdangarin y Torres porque ya no se le dotó de presupuesto.