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El exembajador en Finlandia asegura que contrató legalmente al “servicio”

La fiscalía pide 10 años de cárcel para Marcos Vega por pagar a empleadas domésticas para su servicio con dinero público

Marcos Vega Gómez, durante su declaración, este lunes.
Marcos Vega Gómez, durante su declaración, este lunes. (EFE)

"No tenía ningún interés particular en contratar a estas chicas. Ni ninguna relación con ellas". Con estas palabras, el diplomático Marcos Vega Gómez, exembajador español en Finlandia, ha defendido este lunes su inocencia en la Audiencia Nacional. Allí se ha sentado, en el banquillo de los acusados, procesado por contratar en 2011 supuestamente de forma irregular empleadas domésticas y utilizar fondos públicos para ello. La fiscalía le imputa los delitos de malversación, prevaricación y falsificación de documento oficial; y pide que se le imponga una pena de 10 años de cárcel y 21 años de inhabilitación.

Para el exembajador, todos estos cargos responden a una "venganza". Según mantuvo durante la instrucción, las acusaciones contra él surgen después de que revelase la existencia de una caja b en la Embajada de Finlandia, a la que llegó en 2011 tras cinco años destinado en Yemen. "Servía para comprar tabaco y alcohol", ha repetido este lunes en la Audiencia Nacional. Vega explicó que el entonces canciller, Ismael Medina, le denunció después de que se cerrara esta cuenta "opaca", que utilizaba presuntamente el personal no diplomático para adquirir este tipo de productos. Como se trataba de una cuenta abierta como diplomática, el Gobierno finlandés les devolvía después las tasas.

De hecho, Vega y su abogado han cargado la responsabilidad de las contrataciones del "servicio" sobre el canciller. "El señor Medina se encargaba de la gestión de recursos humanos", ha apuntado el exembajador. "Consideré que esos documentos que se me trajeron para firmar eran de gestiones administrativas. No les di mayor importancia", se ha defendido el diplomático, después de que el Ministerio Público le haya acusado de contactar en 2011 con dos mujeres de Filipinas y Etiopía para que se trasladasen hasta Finlandia para prestar servicios domésticos en su residencia oficial.

El diplomático Vega, durante su comparecencia este lunes, en una pantalla de la Audiencia Nacional.
El diplomático Vega, durante su comparecencia este lunes, en una pantalla de la Audiencia Nacional.

Según el relato del fiscal en su escrito de acusación, ambas viajaron entonces a España, donde se les proporcionó un visado para entrar en el país nórdico. Esos trayectos los abonó Vega, dice el Ministerio Público, con dinero de la embajada. En total, 2.095 euros. "El de Sofía [una de las trabajadoras] lo pagué yo porque la chica no tenía dinero y me pidió ayuda el marido", ha explicado el procesado este lunes: "El otro es un anticipo que paga el señor Medina. Un anticipo a descontar después del sueldo".

El Ministerio Público, que ha mantenido la petición de 10 años de cárcel tras concluir este lunes la vista oral y quedar el juicio visto para sentencia, relata que el embajador firmó con ellas después varios acuerdos para emplearlas, pese a que carecían de permiso de trabajo en Finlandia. Y posteriormente las contrató a través de un concurso público, aunque el fiscal apunta que Vega les adjudicó estas plazas de forma arbitraria. Toda una batería de acusaciones que ha negado reiteradamente el diplomático. Aún así, Asuntos Exteriores rescindió estos contratos en diciembre de 2013 al no cumplir los requisitos de las bases.

"Yo no vi, en la actuación del embajador, ningún ánimo de lucro. Ni tenía una conciencia de que estaba realizando actos ilícitos", ha expuesto este lunes uno de los testigos, Javier Pérez-Griffo, actual cónsul en Roma, que elaboró un informe para el Ministerio tras recibir las denuncias de irregularidades en la Embajada en Finlandia. "No es el propio embajador el que se encarga de hacer todas estas labores administrativas. Pero, normalmente, se hace a las órdenes del embajador", ha insistido, antes de afirmar que la denuncia del canciller contra Vega es previa a que el embajador denunciase esa supuesta caja b.

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