Cómo se `jodió´ Bankia

El día 20 de julio de 2011, Bankia sacó a cotizar a la Bolsa de Madrid 824.572.245 acciones representativas de un 47,6% del capital al precio de 3,75 euros por acción, un 15 % inferior al valor mínimo de 4,41 euros al que se estaba dispuesto a vender según constaba en el folleto aprobado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Los inversores inyectaron, pues, 3.085 millones de euros. La operación fue presentada ante los medios de comunicación como un éxito habida cuenta de la adversa situación de los mercados en aquellos momentos.

Los inspectores del Banco de España, nombrados peritos judiciales por el juez Fernando Andreu, han entregado el pasado jueves, día 31 de marzo, su segundo y definitivo informe pericial respectivo en la causa penal que investiga la salida a Bolsa.

El juez está abocado en fechas próximas -después de practicar las últimas diligencias que se le pidan- a dictar la pieza más importante de su instrucción: el auto de conclusión o auto de transformación de las diligencias previas en procedimiento abreviado. Es el auto pendiente que aún puede ser recurrido. Después vendrán la calificación y el auto de apertura de juicio oral.

Uno de los peritos, Victor Sánchez, señala respecto del precio de salida: "Este precio era considerablemente bajo respecto al valor que se desprendía de su balance: 15,28 euros por acción. Este hecho era en sí mismo un indicio claro y evidente de deterioro que el propio consejo de administración podía y debía conocer, pero del cual no hizo ninguna estimación formal, y del cual tampoco alertaron ni su auditor [Deloitte] ni la CNMV...Si Bankia hubiera hecho una estimación formal del valor a recuperar de sus activos tendría que haber calculado antes de salir a Bolsa unos deterioros por importe de 9.288 millones de euros que alcanzaría la cifra de 10.469 millones de euros con el precio final de 3,75 euros".

Y Sánchez, advierte: "Esto fue lo que ocurrió unos meses después cuando Bankia fue nacionalizada y en particular las necesidades [de capital] eran de 15.500 millones".

El otro perito judicial, Antonio Busquets, señala en su informe definitivo los siguiente: "La salida a Bolsa fue fraudulenta porque los estados financieros incumplían la normativa contable...El folleto informaba de la existencia de unas provisiones para insolvencia de 6.913 millones que eran falsas. Esta información se utilizó por Bankia como argumento comercial para transmitir a los potenciales compradores de las acciones una falsa idea de la seguridad de su inversión".

Y agrega: "El bajo precio de salida determinó automáticamente la inviabilidad y quiebra de BFA. Es decir: la salida a Bolsa con un descuento del 74% sobre el valor contable llevaba implícito lo que se quería evitar, el incumplimiento del coeficiente de solvencia [exigencias de capital de la banca] y así fue como unos meses después el FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria) se vio obligado a facilitar nuevas ayudas públicas [aparte de 4.500 millones de participaciones preferentes adquiridas el 3 de diciembre 2010]

Busquets apunta que este bajo precio no cayó del cielo. "Fue conocido y valorado por supervisores y reguladores [Banco de España y CNMV] por el auditor [Deloitte], que según sus declaraciones advirtió del problema antes de salir a Bolsa, y por los administradores de BFA y Bankia [Rodrigo Rato, José Luis Olivas, Miguel Crespo y demás] tal y como los peritos judiciales hemos detallado en nuestros informes [los primeros dos informes]".

¿Que nos están diciendo los peritos sobre la situación de Bankia y de BFA, su matriz, a la luz de la información enviada por el grupo y aprobada por la CNMV el 29 de junio de 2011 al solicitar la cotización bursátil?

Dos cosas.

La primera es que BFA, el accionista al 100% de Bankia, antes de salir a Bolsa, estaba en situación de quiebra patrimonial. Porque en sus libros, el valor de la participación en Bankia, 13,22 euros, se había colocado en el mercado, como hemos apuntado, a 3,75 euros. La pérdida era, pues, de 8.599 millones, siendo su patrimonio de 7.094 millones.

El perito Sánchez dice: "Dado que BFA tenía un patrimonio neto de 7.094 millones, tras la salida a Bolsa era negativo en 1.505 millones".

Entonces, ¿qué es lo que hicieron los administradores, con el apoyo del auditor Deloitte, la CNMV y el Banco de España?

Según el perito Sánchez "diferir el reconocimiento de las pérdidas evidenciadas, lo cual fue lesivo para los intereses de los inversores e incluso, como finalmente ocurrió, para los intereses del Estado, que unos pocos meses después tuvo que rescatar y sanear al grupo BFA".

Y, si se puede preguntar y saber, ¿por qué hicieron esto?

He aquí la explicación.

"De haberse procedido a exigir el ajuste tanto en BFA y en Bankia, antes de la inyección de capital [procedente de la salida a Bolsa], los nuevos accionistas no hubieran puesto dinero bueno sobre dinero malo".

La segunda cosa es la siguiente: si BFA estaba en quiebra, como hemos visto, ¿cuál era la situación de su participada Bankia antes de salir a Bolsa?

El valor de su patrimonio no era de 13.875 millones de euros como lucía su balance sino 3.405 millones de euros. Esto surgía de multiplicar las 908 millones de acciones propiedad de BFA por 3,75 euros, marcado por la cotización de salida.

Esta, pues, era la realidad de Bankia en el momento en el que Rodrigo Rato hizo sonar la campanilla en la Plaza de la Lealtad.

Ahora bien, ¿cuál es la génesis de esta diferencia que el mercado sancionó? Una persona podría de buena fe responder: ¡Es la crisis, estúpido!

Pues no. La crisis es el pretexto que utilizan las mediocres instituciones al encubrir la situación, que, en lugar de haber velado por el cumplimiento de las normas, abandonaron completamente su función. El escritor catalán Josep Pla, del que es especialista el actual gobernador del Banco de España, Luis Linde (en la imagen siguiente), escribió que el Banco de España no podía fallarle a los españoles. Se equivocó.

En mi libro Indecentes, Crónica de un atraco perfecto (mayo 2012) he explicado la política de homicidio imprudente o temerario practicada por los gobernadores del Banco de España Jaime Caruana y Miguel Ángel Fernández Ordoñez (en la foto, abajo, ambos a cada lado de Pedro Solbes) en el periodo de gestación de la burbuja financiera e inmobiliaria. Al estallido de esa burbuja, como resultado de la Gran Recesión, siguió una política no menos imprudente y temeraria de ganar tiempo y diferir los problemas con una nueva vuelta de tuerca de ingeniería contable y financiera mediante las supuestas fusiones de las cajas ("fusiones frías"), y la guinda, la salida a Bolsa de Bankia y otras entidades.

 

 Porque, una vez más, ¿qué es lo que ha fallado?

La política de expansión crediticia alocada que facilitó la burbuja inmobiliaria no fue frenada, pese a que los inspectores del Banco de España informaron de ello en mayo de 2006 en carta al ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes. 

Y cuando esa expansión saltó por los aires con el estallido de la crisis, el mecanismo de resolución fue diferir el reconocimiento de la dramática situación. La bola, por tanto, fue creciendo de tamaño.

En esta política de huída hacia adelante, el perito Sánchez señala: "Una cuestión crucial es que la inmensa mayoría de los activos y pasivos de Bankia procedían del traspaso efectuado desde BFA valorados a 1 de enero de 2011, valoraciones que se hicieron de los valores razonables [es decir, precio de mercado] estimados por AFI (Analistas Financieros Internacionales). Sorprende que en solo tres meses (1 de enero a 31 marzo 2011) los administradores de Bankia [Rato] estuvieran dispuestos a una rebaja del valor de las acciones del 75%, y ello a partir de unos activos supuestamente registrados a valor razonable [precio de mercado] a 1 de enero de 2011".

¿Qué sugiere Sánchez?

Que las valoraciones no podían sufrir un deterioro del 75% en solo tres meses. Que, por tanto, eran valoraciones en origen alejadas de la realidad. Y que para más inri no fueron comprobadas por el auditor Deloitte, según acredita el expediente sancionador del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), único organismo público que ha intentado poner las cosas en su sitio dentro de su competencia.

 Resumamos.

¿Qué ha fallado? ¿Los equipos de inspección, con una larga experiencia en detección de deterioros y crisis bancarias en este país? ¿No es más cierto que los inspectores fueron informando puntualmente a sus responsables de sus hallazgos? Esto es lo que ambos peritos describen en sus informes respectivos sobre el trabajo de los inspectores.

¿No es, por tanto, más cierto, que sus superiores "dulcificaban" lo que advertían los informes de seguimiento de los inspectores, como literalmente apunta la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) en un informe a la Fiscalía Anticorrupción de 2013? Esta es una de las explicaciones sobre cómo se "amortiguaba" lo que decían los inspectores sobre los "gestores" Miguel Blesa y José Luis Olivas. 

El hecho de que los inspectores cumplieran su trabajo en la detección de los problemas nos lleva de cabeza directamente a la política de saneamiento de Bankia, la reformulación de las cuentas por parte del equipo de José Ignacio Goirigolzarri el 28 de mayo de 2012, dos semanas hábiles de trabajo después de la renuncia-destitución de Rato el 7 de mayo y al rescate bancario impuesto por el Banco Central Europeo (BCE) en junio de 2012. Porque con Bankia, resucita el fantasma de una nueva crisis bancaria, tras ser conjurada en Estados Unidos y en Europa con el estallido de la crisis en 2007-2008. En efecto, Bankia amenaza con ser la Creditanstalt, el mayor banco austríaco, cuya quiebra introduce la Gran Depresión en Europa en mayo de 1931. En el caso de Bankia, se trata del riesgo de recaída de Europa en la crisis financiera.

Pero volvamos al equipo de Goirigolzarri.

Los ajustes que pone en práctica, ¿de dónde vienen?

Son los inspectores del Banco de España quienes ya habían identificado esos ajustes con antelación a la salida a Bolsa, son los mismos que utilizó el equipo de Goirigolzarri para hacer la reformulación. No es, por tanto, que se detectaran en las dos semanas que llevaba al frente del grupo BFA-Bankia.

El perito Sánchez muestra en varios cuadros la coincidencia entre las cifras de los informes de seguimiento de los inspectores en diferentes fechas y los ajustes propuestos por el nuevo equipo gestor.

"La reformulación de cuentas era necesaria para recoger todos los errores contables que no se había registrado hasta entonces resultantes de fallos al emplear la información disponible...Sin embargo, las causas de la reformulación de cuentas esgrimidas por el nuevo equipo [Goirigolzarri] y avaladas por su auditor [Deloitte] y el FROB y aceptada por la CNMV, resultaron ser inexplicables, sorprendentes y contrarias a la normativa nacional e internacional".

Porque, señalan, esta reformulación, no es consecuencia de la situación económica general (double dip o doble hoyo recesivo) ni de los llamados decretos Guindos de exigencias de capital impulsados por el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos.

El perito Sánchez señala que "el efecto de la reformulación significó para Bankia pasar de unos beneficios de 253 millones a unas pérdidas de 3.030 millones....y en BFA de unas pérdidas iniciales de 30 millones a unas de 7.263 millones".

La recapitalización de la matriz, a la luz de las cifras, hubiera requerido de alrededor de 8.000 millones de euros, que se sumaban a las participaciones preferentes de 4.465 millones adquiridas por el FROB, según hemos apuntado; por tanto, BFA se quedaría con un capital de 12.000 millones.

Resulta paradójico. El nuevo equipo gestor utilizó los ajustes que recomendaban los inspectores del Banco de España en sus informes de seguimiento, pero no encontró límites a la hora de pedir, ya que solicitó, y obtuvo, 17.959 millones de euros, a añadir a los 4.465 millones de las preferentes ya apuntadas (alrededor de 22.424 millones según la memoria de Bankia).

Con todo, las ayudas excedieron estas cifras. El grupo vendió a la SAREB, el llamado banco malo, el 28 de octubre de 2012, activos del sector inmobiliario por valor de 22.317 millones, pagados con bonos avalados por el Estado, con buen rendimiento y que el Banco Central Europeo (BCE) acepta como colateral en sus operaciones monetarias. Además, hay otras ayudas que Bankia, al igual que otras entidades del sector financiero, recibió: activos fiscales diferidos por 6.957 millones y avales otorgados por el Estado para sus emisiones, 34.768 millones a julio de 2014. En total: ayudas por valor de 86.466 millones.

Los dos informes contienen detalles sobre operaciones "carentes de racionalidad económica" por no hablar en ciertos casos de atraco puro y duro a la caja de un banco, en concreto en las filiales de Bancaja llamada Bancaja Habitat y Banco de Valencia.

Busquets describe "fraudes contables". O se apuntan por Sánchez casos como los de Miguel Crespo, secretario del consejo de administración de Bankia en la época y en la actualidad, y los ejecutivos de aquella época Luis Maldonado y Pedro Vázquez, que "recibieron aportaciones en sus respectivos fondos de pensiones de modo irregular dado que no habían sido aprobados por ningún órgano competente".

Dichos dineros fueron abonados en 2011, tras la salida a Bolsa, y "el 23 de enero 2013, el consejo de administración de Bankia decidió la improcedencia del pago para atender al requerimiento de la inspección del Banco de España". Sánchez apostilla: "Estos hechos han sido comunicados a los servicios jurídicos del Banco de España quienes han concluido que tras la recuperación de las aportaciones [Crespo, 169.967 euros; Maldonado, 184.863 y Vázquez, 197.773] carecen de suficiente entidad para iniciar un expediente sancionador".

En todo el proceso, ocupa un lugar especial el actual subgobernador del Banco de España, Fernando Restoy (cuya foto abre esta entrada). Era vicepresidente de la CNMV en en el periodo de salida a Bolsa de Bankia pero era la máxima autoridad por enfermedad del presidente de la entidad, Julio Segura. Aprobó, pues, el folleto de Bankia. Más tarde, en 2012, fue nombrado subgobernador del Banco de España y como tal presidente del FROB.

Los peritos Sánchez y Busquets presentaron sus primeros dos informes respectivos en diciembre de 2014. ¿Cuál fue la actitud antes estos informes del FROB, acusación particular en el procedimiento judicial de Bankia en la Audiencia Nacional?

Según nos narra Sánchez, "en la comisión rectora del FROB de 24 de febrero de 2015 se adoptó por unanimidad dirigir escrito al Banco de España, a través de la Dirección General de Regulación, solicitando criterio técnico [para presentar alegaciones sobre los citados informes periciales]".

Veamos cómo se presenta en el acta de la reunión dicha petición, aportada por Sánchez en su informe. Pero digamos antes cuál es la composición de la comisión gestora del FROB: cuatro miembros del Ministerio y cuatro del Banco de España, el subgobernador Restoy, que preside el organismo, y los tres directores generales de supervisión, regulación y asesoría jurídica.

Los miembros de la comisión rectora pactan "que hay que mantener la menor visibilidad o injerencia del Banco de España". En otros términos, se intenta ocultar que la orientación de la respuesta a los peritos judiciales (también inspectores del Banco de España) saldrá de esa institución.

Veamos.

Restoy, subgobernador del Banco de España, se envía a sí mismo, en su calidad de presidente del FROB, una petición de apoyo técnico disfrazado de seis preguntas genéricas, para minar la credibilidad de los peritos. Restoy y su equipo presumen de poseer una pieza para dar jaque mate a los peritos. Y esta pieza es la presunta existencia de "provisiones específicas pendientes de asignar" lo que pretende demostrar la existencia de un pretendido colchón para cubrir potenciales pérdidas.

Y los peritos de parte, de Rato y de Bankia, utilizan este argumento.

Son aquellos 6.913 millones que, según vimos, el perito Busquets califica como una añagaza comercial utilizada por el equipo de Rato para dar garantías de solvencia a los futuros inversores en la salida a Bolsa.

Pero he aquí que Busquets aporta las notas técnicas elaboradas en el Banco de España por las direcciones generales de Regulación y de Supervisión. Y señala: "La Dirección General de Regulación ratifica lo que ya indicaba en diciembre de 2010, que las provisiones por insolvencia de las cajas se consumieron a valor razonable [precio de mercado] y que no se traspasan ni se incorporan en los estados financieros, públicos o reservados de BFA, esto es, que no tienen impacto patrimonial ni económico".

Los informes periciales suponen no solo un salto en las conclusiones que ya habían aportado en diciembre de 2014. Es, se puede afirmar, la primera versión desmitificadora sobre la crisis financiera de las cajas de ahorro en España y la estrategia aplicada para encubrirla a través de una temeraria operación de ingeniería contable y financiera.

Dejan así al desnudo hasta qué punto han caído los estándares de comportamiento profesional en una institución que había aquilatado una gran experiencia durante la crisis bancaria española de los años setenta y las fusiones de los años ochenta.

Por ello, los peritos Sánchez y Busquets han escrito un capítulo a partir del que es posible emprender la reconstrucción del honor y prestigio perdido por el Banco de España, la CNMV, los auditores, entidades de valoración, en suma, de todos aquellos sin cuya colaboración no se hubiese podido consumar -o hubiera sido más difícil hacerlo- un desastre cuyos costes económicos y sociales han pagado y están pagando los españoles. Y seguirán haciéndolo las generaciones futuras.