La Fiscalía Superior andaluza denuncia al consejero de Economía por prevaricación y falsedad

La Fiscalía Superior de Andalucía ha denunciado al consejero de Economía y Conocimiento, Antonio Ramírez de Arellano, por prevaricación continuada y falsedad de documento público después de detectar posibles irregularidades en cuatro contratos para un edificio que costó 34 millones. La acusación afecta a su etapa como vicerrector de Infraestructuras de la Universidad de Sevilla por contratos firmados en 2008 y 2009, antes de ascender a rector. La petición para que el consejero declare como imputado abre un frente judicial al Gobierno andaluz. Tras el informe de la policía asumido por el fiscal, la secuencia previsible es que el Tribunal Superior de Justicia (TSJA) estime las acusaciones contra el alto cargo del Ejecutivo.

La investigación surgió hace un año y, a pesar de que la Fiscalía de Sevilla ya había visto indicios de criminalidad en primavera, Ramírez de Arellano fue nombrado consejero el pasado junio y adquirió así la condición de aforado. La presidenta de la Junta andaluza, Susana Díaz, ha defendido siempre una actitud “implacable” respecto a sus altos cargos que resultan imputados —ahora investigados—. Junto a Ramírez de Arellano, las investigaciones de la fiscalía afectan a la consejera de Educación, Adelaida de la Calle, por la firma de un convenio durante su etapa como rectora de la Universidad de Málaga.

El fiscal superior, Jesús García Calderón, acusa al consejero de Economía de “una utilización indebida de los procedimientos legales”, así como de incumplir “varios preceptos legales”. “La finalidad perseguida no es otra que la adjudicación a determinados arquitectos profesionales sin justificación para ello y sin que lo exija la urgencia alegada”, censura el fiscal. El decreto censura la actuación del alto cargo del Ejecutivo autónomo: "Es posible que alguna de las irregularidades descritas no resulte clamorosa, pero de su conjunto se desprende cual es la finalidad perseguida que no es otra que la adjudicación a determinados arquitectos profesionales sin justificación para ello y sin que lo exija la urgencia alegada".

La policía adscrita ha denunciado cómo el consejero fue responsable de "una adjudicación directa" de un contrato de servicios entre FCC y la firma Trianera de Arquitectura. "Se hace la adjudicación (...) sin que conste más de una oferta económica ni las invitaciones supuestamente cursadas por el área de Contratación y Patrimonio". El fiscal responsabiliza al consejero de "todos los actos relevantes de los procedimientos administrativos" examinados, pero deja la puerta abierta a pedir la declaración de más investigados durante la instrucción.

La denuncia partió del Colegio de Arquitectos de Sevilla y ahora el ministerio público censura que “las ofertas se habrían efectuado con anterioridad a la aprobación del expediente, acordándose con los licitadores que presenten sus ofertas, iniciándose posteriormente el proceso”.

El consejero ha respondido que de momento no se plantea dimitir y a continuación ha censurado que el fiscal haya ignorado sus alegaciones. “Ni hay resoluciones flagrantemente ilegales, ni carecen de razonable argumentación técnico-jurídica”, sostiene. Mientras que la Universidad ha defendido la actuación de Ramírez de Arellano, la oposición le reclamó que diera explicaciones de manera urgente en el Parlamento.

Elena Cortés (IU) ha afirmado que a Susana Díaz "le gusta coquetear con el riesgo" al haber nombrado al consejero "cuando sabía que había sido denunciado por el Colegio de Arquitectos". Mientras, la secretaria general del PP andaluz, Dolores López, ha exigido “explicaciones inmediatas y contundentes” a la presidenta Díaz tras conocer la denuncia de la Fiscalía Superior. "Díaz tiene que plantearse si Arellano debe seguir sentado en el Consejo de Gobierno", ha censurado la dirigente popular.