Los “garbanzos negros” de la expansión nacional de Ciudadanos

Ciudadanos emprendió en 2015 una operación “de riesgo”, en definición de varios miembros de su Ejecutiva. El partido, que solo existía en Cataluña, debía expandirse por el resto de España para competir en las elecciones municipales y autonómicas de mayo. En un semestre, Ciudadanos pasó de tener un centenar de concejales a presumir de más de 1.500. Ese crecimiento vertiginoso se basó en la absorción de pequeños partidos, que primero se disolvieron y luego integraron uno a uno a sus antiguos miembros en Ciudadanos. Así llegó a la formación Eva Borox, que hoy ha dimitido como diputada autonómica de Madrid por su relación con David Marjaliza, imputado en la Operación Punica: desde la localidad de Valdemoro, epicentro de esta trama corrupta vinculada al PP, controlaba un pequeño partido que garantizaba la implantación de Ciudadanos en la Comunidad.

Borox, que no está imputada por ningún delito, pasó todos los filtros de la formación emergente. El partido de Rivera preparó mecanismos para enfrentarse a la pesada digestión de la posible llegada de “garbanzos negros”, en definición de un miembro de su Ejecutiva. Contrató a una agencia de investigadores para examinar el pasado de sus nuevos integrantes, les recordó que los estatutos del partido obligaban a su expulsión si eran imputados por corrupción política, les obligó a firmar ante notario que dejarían el acta si eran condenados por otros tipos de delito y estableció una moratoria de seis meses antes de que las nuevas afiliaciones fueran firmes, con el objetivo de identificar “a los arribistas”, en palabras de un miembro de la Ejecutiva. César Zafra, hoy diputado autonómico, dio el visto bueno a la política madrileña, aprobación luego refrendada por la secretaría de organización nacional.

La trayectoria de Borox despertó inquietud en las bases del partido desde el principio. A partir de 2005 pasó a ser portavoz del grupo municipal socialista del Ayuntamiento de Valdemoro. El PSOE la expulsó en 2007, antes de las elecciones municipales de mayo -meses más tarde disolvió la agrupación- cuando un repaso del censo le llevó a la conclusión de que parte de los nuevos militantes habían estado en el PP, cuyo secretario general era Francisco Granados, o estaban relacionados con el constructor David Marjaliza. Ambos están imputados como los presuntos máximos responsables de la llamada Operación Púnica, una supuesta red de corrupción en municipios de la Comunidad de Madrid.

“Adoptamos la decisión drástica de prescindir de Borox tras recibir indicios evidentes y preocupantes de que existían vínculos con Marjaliza y Granados”, explica a EL PAÍS el diputado Rafael Simancas, que dirigía el PSOE madrileño cuando Borox fue expulsada del partido. “Si hubiéramos tenido evidencias de carácter penal habríamos acudido a la justicia”, añade. Desde la dirección del PSOE madrileño, añaden: "Granados y Marjaliza presumían de haber metido a militantes que eran incluso del PP y cero del PSOE; existía un riesgo real de depender de los intereses urbanísticos de empresarios como Marjaliza afines al PP”.

Borox, que siempre ha negado su expulsión del PSOE, no dejó la política. Se integró en el CDS. Luego, el Centro Democrático y Liberal. Allí alcanzó la presidencia. Bajo su mando, el partido se disolvió y sus integrantes se unieron a Ciudadanos. Allí consiguió ser elegida diputada autonómica. También, que la formación emergente lograra la alcaldía de Valdemoro, su ciudad, donde Raúl del Olmo, su marido, es concejal.

"Ha decidido dimitir para no perjudicar a sus compañeros y al partido", le ha explicado a este diario Fran Hervías, secretario de organización de Ciudadanos y responsable de su expansión nacional, que recuerda que Borox llegó al Parlamento autonómico tras imponerse en primarias.  "Ha sido una decisión personal, un gesto nada habitual en política", ha añadido. "Sin estar imputada ha decidido presentar su dimisión por unos hechos de su época como concejal en el PSOE".

Desde las elecciones municipales de 2015, Ciudadanos ha perdido más de 50 concejales. Una decena han sido expulsados por pactar con Compromís; otros han abandonado el partido voluntariamente, y manteniendo el acta; y la mayoría han sido expulsados por no respetar el reglamento interno y la carta ética que firman todos los candidatos de la formación de Rivera.

En la formación nacional consideran “un éxito” el proceso de expansión. Borox se marcha sin estar imputada, forzada por unas fotografías publicadas por La Sexta que demuestran una amistad con Marjaliza que siempre negó, y tras ver en las últimas horas que sus compañeros de partido no le ofrecían consuelo. Tanto la dirección nacional como Ignacio Aguado, líder del partido en Madrid, le transmitieron que sería expulsada “inmediatamente” si era imputada. Si eso hubiera ocurrido, no habría sido el primer caso polémico en el partido de Rivera desde las elecciones de 2015. Así, José María Fernández, alcalde de Espartinas (Andalucía), dimitió tras ser imputado por prevaricación; y Nazareth Quijano, exconcejala del partido en Logroño, se dio de baja voluntariamente tras descubrirse que había desviado 18.000 euros de los fondos de la agrupación a su cuenta.