Anticorrupción pide 16 años de cárcel para el exlíder del PP de Alicante

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado 16 años de prisión para el expresidente del PP provincial y de la Diputación de Alicante José Joaquín Ripoll  por el denominado caso Brugal, en el que se enjuiciará un plan para amañar la adjudicación del servicio de basuras de la comarca alicantina de La Vega Baja. En su escrito de conclusiones provisionales, la fiscalía reclama 17 años para cada uno de los siguientes empresarios: Enrique Ortiz —imputado también en el caso Gürtel—, Rafael Gregory y Ángel Fenoll. Para Antonio Fenoll,  hijo de este último, reclama una condena de 8 años y cuatro meses.

La titular del Juzgado de Primera Instancia número 3 de Orihuela dio por cerrados a comienzos de febrero los ocho años de instrucción de esta pieza del llamado caso Brugal. Junto a Ripoll, Ortiz y Fenoll se sentarán en el banquillo, entre otros, la exalcaldesa de Orihuela del PP Mónica Lorente y el exportavoz socialista en la Diputación de Alicante Antonio Amorós. La fiscalía reclama para ellos cuatro años y nueve meses de prisión, respectivamente. Entre los implicados hay empresarios, políticos y técnicos de la Administración.

Según la fiscalía, Ripoll se prestó a servir los intereses de los empresarios “a cambio de contraprestaciones”. El primer objetivo de la trama fue lograr la adjudicación del plan de residuos de la comarca de La Vega Baja. Una vez que Fenoll supo, antes de hacerse pública, que la adjudicación sería para los empresarios Enrique Ortiz y Manuel Garriga, intentó venderles los terrenos que había comprado para presentarse a la adjudicación, implicando al entonces presidente de la Diputación en la mediación.

El escrito de Anticorrupción resalta que “como consecuencia de las torticeras operaciones realizadas por los acusados, ha resultado imposible ejecutar las previsiones del plan zonal”, por lo que “los municipios integrados en esta zona siguen sin tener un sistema integrado para la gestión unificada del tratamiento y eliminación de sus residuos”. El gasto efectivo que ha soportado el Consorcio como consecuencia de los hechos delictivos objeto de acusación asciende a 1.157.305 euros.

El sumario recoge múltiples grabaciones de conversaciones y encuentros entre los implicados. Como el que reunió, en abril de 2008 en la Feria de Sevilla, a Ripoll y Rafael Gregory, empresario y amigo personal del dirigente del PP, para quien el fiscal pide 17 años de prisión. Ortiz acudió al lugar en su yate Elena e invitó a Ripoll y a su esposa. Doce días después, Gregory y Ortiz ultimaron el cambio de ubicación de la planta del plan zonal “con conocimiento en todo momento de Ripoll”.

La investigación del caso Brugal también sentará en el banquillo la exalcaldesa de Orihuela del PP, Mónica Lorente y el exportavoz socialista en la Diputación de Alicante Antonio Amorós. Para ellos, la fiscalía solicita una condena de cuatro años y nueve meses de prisión respectivamente. En total serán procesados 13 implicados entre los que hay empresarios, políticos y técnicos de la Administración. Responderán por delitos de prevaricación, cohecho, fraude a la Administración, actividades prohibidas a funcionarios públicos, tráfico de influencias o revelación y recibimiento de secretos o información privilegiada de la Administración.