Juicio a la cúpula del PP de Camps por financiación ilegal

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha abierto este viernes juicio oral a cinco miembros de la cúpula del PP valenciano en la etapa del presidente Francisco Camps por tres supuestos delitos electorales (financiación ilegal) en los comicios de 2007 y 2008. El magistrado sienta también en el banquillo de los acusados a una decena de empresarios de la construcción y la obra pública que recibieron adjudicaciones de la Generalitat, así como a los cabecillas de la red Gürtel, incluido su líder, Francisco Correa. Camps nunca ha estado imputado en este caso.

Los empresarios, según recoge el auto judicial, pagaron supuestamente actos electorales del PP regional en las campañas de las elecciones municipales de 2007, las autonómicas de ese mismo año y las generales de 2008 a Orange Market, la empresa en Valencia de Gürtel que se ocupaba en exclusiva de montar los mítines y demás convocatorias del partido.

Para encubrir los pagos —prohibidos por la legislación electoral—, los constructores firmaban con la empresa de Correa contratos presuntamente falsos, “que no tenían una sustantividad real al modo de la contraprestación de servicios”.

Además de financiación ilegal, el juez De la Mata aprecia indicios de supuesta falsedad documental en los exdirigentes populares y varios delitos contra la Hacienda pública en el caso de los cabecillas de Gürtel. Y fija fianzas “para la cobertura de eventuales responsabilidades pecuniarias” que suman cerca de 35 millones de euros.

Los exdirigentes populares que se sentarán en el banquillo constituían el núcleo más cercano a Camps, que dirigió el Gobierno valenciano de 2003 a 2011. Se trata de los entonces vicepresidente de la Generalitat, Vicente Rambla; secretario general del PP de la Comunidad Valenciana, Ricardo Costa; gerente regional del partido, Cristina Ibáñez, y el vicesecretario de Organización, David Serra —detenido en enero en la operación Taula—, quienes afrontan peticiones de pena por parte de la Fiscalía Anticorrupción que se elevan a siete años y nueve meses de prisión. Y también de la que fue tesorera Yolanda García, para quien solicita solo seis meses de cárcel.

Los 10 empresarios que serán juzgados eran responsables de varias de las mayores compañías valencianas de su sector en la etapa del boom inmobiliario y de infraestructuras que precedió a la crisis, como Sedesa, Lubasa, Facsa, Enrique Ortiz e Hijos y Piaf. Los constructores se enfrentan a peticiones de pena de entre dos y seis años de cárcel por parte del ministerio público. El magistrado ha declarado a sus mercantiles responsables civiles subsidiarias.

Los empresarios que serán enjuiciados son Enrique Gimeno, Antonio Pons, Alejandro Pons, Rafael Martínez Berna —expresidente de la patronal de Alicante—, Tomás Martínez Berna, Gabriel Batalla Raigada, Enrique Ortiz —procesado también en el caso Brugal—, José Francisco Bevia García, Enrique Fresquet y Vicente Cotino —sobrino del exvicepresidente valenciano Juan Cotino, imputado en la pieza de Gürtel sobre la visita del Papa—.

La fiscalía solicita las condenas más altas, hasta 27 años de cárcel, para los cabecillas de Gürtel: Correa, su lugarteniente Pablo Crespo y el delegado en Valencia y director de Orange Market, Álvaro Pérez, El Bigotes. Camps llamaba a Pérez “amiguito del alma” en una de las grabaciones policiales autorizadas por el entonces titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón.

Para el asesor fiscal de la red, José Ramón Blanco Balín, y para el empleado de Orange Market Cándido Herrero, la fiscalía ha pedido 17 años y medio y 19 años de prisión, respectivamente. Las condenas solicitadas por la acusación popular que ejercen los socialistas son inferiores en todos los casos.

Fondos para la caja b

El juez De la Mata concluye de la investigación iniciada en 2008 que el PP valenciano pagó a Orange Market “presuntamente de forma dual” por organizar sus actos. “Al menos una parte relevante se abonó con cantidades económicas ajenas al circuito económico legal”. Unos fondos que, según los indicios reunidos en el sumario, eran denominados por los implicados “Barcelona”. Y supuestamente engrosaron “la caja b de Orange Market y la del grupo” de Correa.

“Con el propósito de obtener un mayor despliegue en el proceso electoral”, mantiene el juez instructor, “tanto en las elecciones de 2007 como en las de 2008 los acusados integrados en el PP de la Comunidad Valenciana, cada uno con distintas funciones, contrataron a la mercantil Orange Market servicios que abonaron de modo irregular”.

Los actos electorales fueron presuntamente satisfechos “en parte en efectivo y en parte a través de terceros”. Y, tanto en un caso como en otro, “tales pagos no quedaron reflejados en facturación ni en contabilidad”, incumpliendo la normativa que establece “límites de gasto así como requisitos y prohibiciones a las donaciones privadas”.

De la Mata señala que la empresa que dirigía El Bigotes se encargó en las tres campañas sospechosas de montar todos los mítines y contratar la propaganda. Y cobró de empresas adjudicatarias de la Generalitat. “Aparte de infringir la genérica prohibición legal de abono de los gastos de los partidos políticos por terceras personas, quienes abonaron a Orange Market parte de los servicios eran grupos que por tener contratos con las Administraciones no podían hacer donaciones al PP”, señala el magistrado.

A la vista de los documentos incautados en los registros y de las conversaciones grabadas por la policía, el juez observa que la deuda que el PP mantenía con su proveedor de actos electorales se reducía a medida que los empresarios acusados pagaban a Orange Market por actividades como diseño de marcas, “asesoramiento de relaciones públicas” y “estudios de impacto”, “que realmente no se habían producido”.

El juez atribuye también a los cabecillas de Gürtel fraude fiscal en varios ejercicios en los pagos de IVA, IRPF e impuesto de sociedades.

La rama valenciana de Gürtel tiene otras tres piezas separadas que se centran en las adjudicaciones de la Generalitat a la trama. El juicio de una de ellas, sobre los contratos de Fitur, concluirá en marzo.