El pacto cuestiona las principales leyes del Partido Popular

Ciudadanos pretende mediar entre el PSOE y el Partido Popular para que la abstención de la formación de Mariano Rajoy permita la presidencia de Pedro Sánchez. Sin embargo, el acuerdo alcanzado el miércoles entre el segundo y el cuarto partido que más votos lograron el 20-D cuestiona precisamente las principales leyes aprobadas por el PP en la última legislatura.

Reforma laboral. Se mantiene la propuesta socialista de redactar un nuevo estatuto de los trabajadores y cambiar la reforma laboral del PP en dos tiempos. No se deroga en sentido estricto, porque España se quedaría sin legislación laboral, según explicaron fuentes de ambos equipos negociadores. Se reequilibran las posiciones de sindicatos y empresarios en la negociación colectiva, porque los convenios colectivos de empresa pierden jerarquía frente a los sectoriales cuando se trata de salarios y jornada. Sindicatos y patronal pierden la exclusividad de la formación de los parados con un “cheque para desempleados”. Habrá tres tipos de contrato: formativo, indefinido y temporal, que tendría una indemnización creciente y deberá pasar a indefinido a los dos años, para lo que se crearán estímulos fiscales.

Ley de protección de la seguridad ciudadana, ley mordaza. PSOE y Ciudadanos se comprometen a revisar los preceptos recurridos ante el Tribunal Constitucional y aquellos otros que reconocen “facultades excesivas de intervención” a las fuerzas de seguridad.

Ley de Enjuiciamiento Criminal. Las dos partes acordarían la limitación de los plazos de instrucción y buscarían “consenso” para un nuevo texto “que atribuya la dirección de la investigación al Ministerio Fiscal”. También acabarían con la prisión permanente revisable incluida en el Código Penal, y con el artículo 315.3, que agrava el castigo a la actuación de los piquetes en las huelgas. A eso se añade una revisión general del texto, según el acuerdo.

Ley para la mejora de la calidad educativa. Se mantendrían las partes de la ley que ya se están aplicando, pero no se pondrían en marcha las que todavía no están en vigor. Ese sería un modelo de transición. Los dos partidos aspiran a conseguir un Pacto nacional por la educación que dure al menos una generación y que incluya a otras fuerzas políticas. Para ello se constituiría una mesa negociadora que elabore un marco legal consensuado en el plazo de seis meses.