El Gobierno se considera avalado para aprobar las cesiones a Cameron
La mayoría de los grupos no le dieron un sí convencido, pero solo el líder de Podemos, Pablo Iglesias, le dio un tajante no
El jefe de la diplomacia española, José Manuel García-Margallo, salió este miércoles del Congreso convencido de haber cumplido su misión: obtener un aval para que el presidente en funciones, Mariano Rajoy, pueda aprobar en la cumbre europea que este jueves comienza en Bruselas las cesiones que pide el primer ministro británico, David Cameron, para evitar el Brexit. La mayoría de los grupos no le dieron un sí convencido, pero solo el líder de Podemos, Pablo Iglesias, le dio un tajante no.
Cuatro horas duró la primera comparecencia de un miembro del Gobierno ante el nuevo Parlamento. Fue una sesión atípica, con un ministro de Exteriores en funciones procedente de la anterior legislatura ante un Congreso renovado en el que no tiene la mayoría. Pero el calendario europeo obliga y Mariano Rajoy se enfrenta este jueves y el viernes en Bruselas a la tesitura de aprobar el paquete de cesiones pactadas por el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, con el primer ministro británico, David Cameron, para que este pueda ganar el referéndum sobre la permanencia de su país en la UE previsto para junio. O rechazarlo y asumir la responsabilidad de una más que probable salida del Reino Unido.
La expectación que rodeó la sesión —tan diferente de las anodinas comparecencias habituales del secretario de Estado para la UE— se vio aumentada por la inesperada presencia del líder de Podemos, Pablo Iglesias, quien se repartió el turno con el portavoz de su grupo, Pablo Bustinduy.
Consciente de la dudosa legitimidad de un Gobierno en funciones para asumir los compromisos a los que obliga el pacto con Londres, Margallo no ocultó su objetivo: obtener la “aquiescencia de los grupos para que el presidente del Gobierno pueda aceptar la propuesta [de Tusk] y aceptar o rechazar las modificaciones de detalle propuestas [durante la cumbre] por los demás jefes de Estado y Gobierno”.
Margallo se explayó en maximizar el impacto de una posible salida del Reino Unido de la UE —segunda economía europea y quinta del mundo— y minimizar el alcance del pacto; que “en absoluto equivale a una revisión de los tratados”, aunque sí supone su reinterpretación y el compromiso de incorporar los cambios cuando se reformen, con motivo del ingreso de un nuevo socio.
Españoles en Reino Unido
Respecto al punto más polémico, la restricción de prestaciones sociales para los ciudadanos comunitarios que lleven menos de cuatro años cotizados en el Reino Unido, subrayó que se refiere a un complemento salarial que solo existe en dicho país y que solo afectará a los nuevos trabajadores, en circunstancias extraordinarias, de manera gradual y previa autorización del Consejo Europeo. Frente a la estimación de 800.000 españoles residentes en Reino Unido de la portavoz de Izquierda Unida, Sol Sánchez, Margallo señaló que 118.391 están inscritos en los consulados, 58.623 de ellos con empleo, de los que solo 4.620 han solicitado prestaciones sociales y casi la mitad (2.120) por desempleo, a los que no afectan los recortes.
Aunque Margallo se mostró satisfecho del apoyo del PSOE y Ciudadanos, ambos grupos mostraron sus reservas. El socialista Ignacio Sánchez Amor pidió al Gobierno “mantener al Reino Unido dentro de la UE, sin renunciar al sueño europeo ni a la Europa social”, para lo que, aseguró, “hace falta más tiempo”. Fernando Maura, de Ciudadanos, dudó de la legitimidad del Gobierno en funciones para aprobar el pacto y pidió que, en vez de acudir a Bruselas con “un mix de propuestas” de los grupos, vaya con “un mandato concreto del Parlamento”.
Pero el único que se opuso de plano fue Pablo Iglesias, quien pidió que se acabe con “el paraíso fiscal de la City” londinense y se rechace el “chantaje” de Cameron. “Si quieren irse [de la UE], que se vayan”, concluyó.
Margallo acabó por reconocer que tampoco a él le gustaba la oferta de Tusk, pero aseguró que no hay otra opción: “o aceptamos o el Reino Unido se va”. En su opinión, no cabe un “mandato cerrado”, ni tampoco un aplazamiento. “El toro está cuando está” en la plaza, dijo. Y no se le puede devolver a los corrales.
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