Los concejales de Barberá siguen investigados por blanqueo

Los seis ediles y dos asesores del grupo municipal del PP de Valencia que han declarado hoy lunes ante el juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, que investiga un presunto amaño de contratos a cambio de comisiones ilegales en varias administraciones públicas valencianas, mantienen su condición de imputados por supuesto blanqueo de capitales, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV). Un total de 34 políticos y empleados del PP en el Ayuntamiento valenciano -algunos fuera ya del Consistorio- desfilan ante el instructor Víctor Gómez desde hoy y hasta el próximo 18 de febrero.

El primero que ha desfilado por la Ciudad de la Justicia ha sido el edil Vicente Igual, quien ha entrado y abandonado el edificio por la puerta trasera sin hacer comentarios. La que sí se ha detenido un momento es su compañera de grupo, Beatriz Simón, número tres de la lista encabezada en mayo de 2015 por Rita Barberá, quien ha repetido a la entrada que "ya ha dicho todo lo que tenía que decir". Otros cuatro ediles del PP han declarado después, mientras su su portavoz, Alfonso Novo, compareció hace unos días. 

Dos de los ocho investigados que han comparecido esta mañana se han acogido a su derecho a no declarar. El portavoz del grupo municipal, Alfonso Novo, hizo lo mismo hace unos días. María Àngeles Ramón-Llin, viceportavoz del grupo popular en el Consistorio, reconoció en el Consistorio ante los medios de comunicación que donó 1.000 euros pero no hubo retorno.   

En próximos días están previstas las declaraciones de otros seis ediles del anterior mandato municipal, también colaboradores directos de la entonces alcaldesa y diputada y hoy senadora Rita Barberá. También prestan declaración 20 asesores.

Las investigaciones se centran en comprobar si políticos y asesores del PP donaron 1.000 euros para financiar la última campaña municipal de Barberá, dinero que supuestamente les fue devuelto en billetes de 500 euros de origen desconocido.

El presunto blanqueo es solo una de las líneas de investigación. El instructor del caso Imelsa indaga presuntas adjudicaciones fraudulentas a cambio de comisiones ilegales en Imelsa, empresa de la Diputación de Valencia, en la concejalía de Cultura del Ayuntamiento valenciano; en Ciegsa, empresa pública creada para la construcción de colegios, y en una fundación de la Generalitat.

María José Alcón, exconcejal valenciana de Cultura y una de las detenidas e investigadas en la Operación Taula, aseguró ayer al digital Okdiario que Carmen García Fuster, secretaria del grupo municipal, también detenida e investigada, le dio dos billetes de 500 euros y le ordenó ingresarlos en una cuenta. “Era una condición para todos los que íbamos en la lista electoral”, aseguró.