Un juez ve “indicios de criminalidad” en un diputado del PSOE por Sevilla

Un juez aprecia "indicios de criminalidad" por parte del diputado del PSOE y alcalde de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), Antonio Gutiérrez Limones, por su intervención en un caso de supuesto desvío de fondos públicos, según la investigación de la Guardia Civil. El magistrado titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2 de Alcalá de Guadaíra, Javier Alba, se ha dirigido a las Cortes para que certifiquen que el parlamentario recogió su acta tras las elecciones generales del 20-D y que, por tanto, mantiene su condición de aforado.

El juez se une a la fiscalía, que ya estimó que existen indicios para actuar contra el diputado socialista y regidor de uno de los feudos históricos del PSOE andaluz. "Teniendo en cuenta la condición de aforado del mismo [Gutiérrez Limones] y la existencia de indicios de criminalidad expuestos en el atestado [de la Guardia Civil]", reza la providencia del juez, que reclama al Congreso que le confirme la competencia del Tribunal Supremo para investigar al diputado.

En su atestado, los agentes del instituto armado subrayan la falsificación de cheques de fondos desde la sociedad municipal Alcalá Comunicación Municipal (ACM), entre 2007 y 2012, destinados a gastos privados de directivos y cargos del Ayuntamiento sevillano, entre ellos Gutiérrez Limones.

"Trámite administrativo"

El diputado ha restado importancia a la providencia del juez al tildarlo de "trámite administrativo", aunque admite las "connotaciones políticas" del escrito. Gutiérrez Limones alega que "nunca" perteneció al consejo de administración de la empresa pública ACM ni tiene "nada que ver" con los hechos, informa Europa Press. "Llevo más de 20 años como alcalde y nunca he tenido una

imputación", ha matizado. La secuencia previsible es que tras la pregunta al Congreso, la Cámara baja ratifique el aforamiento y el juez remita una exposición razonada al Supremo con los indicios que ha hallado la investigación para que el alto tribunal decida si tienen consistencia penal.

El alcalde, que avanzó su dimisión tras ser elegido como diputado el 20-D, pero que aún no se ha producido, admite que la Guardia Civil le implica porque el interventor del Ayuntamiento le "comunicó" a él personalmente las incidencias detectadas en la empresa y que no habría puesto a disposición de este alto funcionario los "recursos" necesarios para actuar. Sin embargo, Gutiérrez Limones alega que el interventor se retractó de dicha acusación mediante un "certificado".

Mientras el portavoz parlamentario del PSOE, Mario Jiménez, minimiza el caso al asegurar que el juez solo ha pedido al Congreso que acredite la condición de aforado, el PP considera que esta decisión judicial es "el principio del fin" de su vida política, según la portavoz municipal del PP, Carmen Rodríguez.