El caso de los discos duros de Bárcenas vuelve a la juez

El caso de los discos duros de los ordenadores que el entonces tesorero del PP Luis Bárcenas usaba en la sede nacional del partido, que fueron destruidos tras el despido de aquel y mientras el juez Pablo Ruz investigaba la caja b de la formación conservadora, vuelve a ser un quebradero de cabeza para Génova 13. La Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado la reapertura de la causa sobre la eliminación de estas posibles pruebas, después de que la juez la archivara en octubre de 2013 sin haber realizado ninguna indagación.

La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial ordenó este viernes a la titular del Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid, María Esperanza Collazos, que reabra la causa sobre la destrucción y borrado de los discos duros de los ordenadores de Bárcenas, al considerar “prematura” la decisión de la magistrada de archivarla provisionalmente.

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, entonces instructor del caso de los papeles de Bárcenas, sobre la contabilidad secreta del PP, decidió poner en conocimiento de los juzgados de Madrid, con sede en la Plaza de Castilla, la destrucción de los discos duros de los ordenadores que el tesorero usaba en la sede nacional del partido, en la calle de Génova, número 13 de Madrid. El instructor apreciaba “relevancia penal” en la eliminación de las posibles pruebas y apuntaba dos tipos penales: encubrimiento y daños informáticos.

La juez Collazos dio carpetazo a la investigación en octubre de 2013, sin haber realizado ningún tipo de averiguación sobre los hechos, al entender que el delito de encubrimiento por destrucción de pruebas “no existe”. La magistrada basaba su decisión en que en la causa sobre los papeles de Bárcenas —la contabilidad secreta del PP— “no se ha probado ningún delito” que pueda ser encubierto.

En cuanto al delito de daños, Collazos dio la siguiente explicación: los ordenadores eran del PP y no de Bárcenas, como recoge una resolución de otro juzgado, el 21, de Plaza de Castilla. Y como el delito de daños solo es aplicable a los bienes ajenos, el delito no existe en este caso.

Decisión recurrida

La decisión de la juez fue recurrida por varias de las partes personadas en el caso Bárcenas, entre ellas Izquierda Unida y UPyD, que habían pedido a la juez Collazos que realizara diversas averiguaciones. La Audiencia Provincial de Madrid en su resolución de los recursos rebate las teorías de la juez Collazos y le ordena que se pronuncie sobre las peticiones de las acusaciones, lo que no hizo cuando archivó la causa.

Sobre el delito de encubrimiento, el tribunal comparte que para que se produzca tiene que estar probada, mediante sentencia, la conducta que se quería tapar, en este caso la existencia de una caja b en el PP. Sin embargo, nada impide investigar mientras tanto la acción del encubridor.

Respecto al delito de daños, el tribunal discrepa también de Collazos. La Audiencia Provincial no discute que los ordenadores pertenecían al Partido Popular, pero entiende que los ficheros almacenados en el disco duro pueden ser de otras personas, extremo que no se ha investigado. “No disponemos de tal información, que debe ser judicialmente recabada pues puede ser relevante para determinar fundadamente la existencia de la responsabilidad penal”, afirma el tribunal.

La Audiencia añade que también debe investigarse “quién, en la organización del Partido Popular, ordenó o acordó la destrucción de los discos duros utilizados” por Bárcenas. Esta eliminación se produjo, recuerda la Sección Cuarta, “en un momento temporal en el que era público y notorio, dado su impacto mediático, que [el extesorero] estaba siendo sometido a investigación penal por graves delitos cometidos con ocasión del desarrollo de su actividad laboral”.