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Nueve personas irán a juicio por la rama jerezana de la trama Gürtel

Correa, Crespo y exfuncionarios del Ayuntamiento gaditano se sentarán en el banquillo

Javier Martín-Arroyo
Francisco Correa, en Valencia, el pasado noviembre.
Francisco Correa, en Valencia, el pasado noviembre.MÓNICA TORRES

Francisco Correa y Pablo Crespo, cabecillas de la trama Gürtel, se sentarán en el banquillo junto a otras siete personas por la rama jerezana de este caso de corrupción vinculado al PP. El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha dictado un auto de apertura de juicio oral por los contratos firmados entre la red y el Ayuntamiento de Jerez. Junto a los líderes de la trama se sentarán en el banquillo un exsecretario y dos exinterventoras del Consistorio gaditano. Para todos ellos la Fiscalía Anticorrupción pide siete años de cárcel por fraude, prevaricación y falsedad en documento público, entre otros delitos.

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La rama andaluza de la Gürtel ha analizado tres contratos por 355.391 euros para la feria internacional de turismo Fitur en 2004. Estos contratos supuestamente ficticios salpican a la diputada a Cortes por el PP y exalcaldesa jerezana María José García Pelayo. El Tribunal Supremo investiga a la exregidora por un delito continuado de prevaricación administrativa y otro de falsedad en documento público, dada su condición de aforada.

De la Mata destaca las "groseras ilegalidades" de unos contratos adjudicados "sin concurso público" para los que se presentaron las ofertas después de ser adjudicados. Junto a Correa y Crespo figuran como acusados dos trabajadores suyos, Isabel Jordán y Javier Nombela, las dos exinterventoras del Ayuntamiento Milagros Pérez y Milagros Abascal, el exsecretario Manuel Báez y otros funcionarios. Javier Cuberos, exjefe de prensa de Javier Arenas, estaba acusado, pero falleció el pasado otoño.

Las fianzas por responsabilidad civil de los principales acusados ascienden a 293.333 euros para cada uno, y para los exfuncionarios, a 96.000 euros. De la Mata acusa al exsecretario y las exinterventoras de "dar apariencia de legalidad" a la gestión de los contratos públicos, al figurar fechas falsas en todos los documentos de dichos contratos.

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Sobre la firma

Javier Martín-Arroyo
Es redactor especializado en temas sociales (medio ambiente, educación y sanidad). Comenzó en EL PAÍS en 2006 como corresponsal en Marbella y Granada, y más tarde en Sevilla cubrió información de tribunales. Antes trabajó en Cadena Ser y en la promoción cinematográfica. Es licenciado en Periodismo por la Universidad de Sevilla y máster de EL PAÍS.

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