Renovación urgente

Han pasado apenas 40 años desde la muerte de Franco y las instituciones creadas para recuperar e impulsar la democracia en España presentan achaques. La corrupción rampante, iniciada en los ochenta y los noventa, unida a la crisis económica de 2008, desencadenaron una enorme avalancha de desafección hacia la política y los políticos. Los ciudadanos reclaman (o exigen) un cambio radical en la forma de hacer política, de administrar Justicia, de elegir a sus representantes y de distribuir de forma más justa el dinero de los impuestos.

Las acampadas del 15-M no fueron más que un aviso de la indignación de los españoles ante la forma de afrontar la crisis política, económica y social. No se trataba solo de protestar contra la pobreza y la desigualdad; la insatisfacción era mucho más profunda, como se ha ido poniendo de manifiesto en las citas electorales de los últimos dos años. Los españoles quieren un cambio en las instituciones que nos representan y seguirán dando la espalda a los partidos que no les ofrezcan soluciones.

El 2 de junio de 2014, el Rey Juan Carlos anunciaba por sorpresa que abdicaba la Corona en su hijo Felipe. Fue una decisión meditada y preparada al detalle (lo digo con conocimiento de causa, porque participé durante cuatro meses en el equipo que diseñó el plan), y que consiguió renovar la imagen que la Monarquía española, duramente castigada por el caso Noós y por los errores del anterior titular. Un Rey que se dio cuenta de que su enorme legado en la construcción de la democracia en España podía ponerse en peligro si no afrontaba una renovación urgente.

Lo mismo sucede con algunos de los pilares democráticos en España. El resultado de las elecciones del pasado domingo demuestra que los ciudadanos no se conforman con los turnos en el Gobierno entre los dos partidos mayoritarios, PP y PSOE. Hasta ahora, las elecciones generales arrojaban dos tipos de resultados: continuidad o cambio, dentro del bipartidismo. Esta vez, los electores han pedido una cierta ruptura con el sistema.

Los ciudadanos reclaman un cambio radical en la forma de hacer política, de administrar Justicia, de elegir a sus representantes y de distribuir el dinero de los impuestos.

¿Qué piden los españoles? Según las encuestas, reclaman un nuevo sistema político más transparente, que sea capaz de solucionar el problema del desempleo, que acabe de una vez por todas con la corrupción, y que vuelva a convertir a los políticos en la solución en vez de en el problema.

Para dar respuesta a estas reclamaciones es imprescindible cambiar el paso a los partidos políticos. El resultado del 20-D, además de poner muy difícil la gobernabilidad en España, lanza un mensaje claro: es la hora del diálogo y de afrontar unos cambios que, si no los hacen los partidos tradicionales, los harán los emergentes.

Las reformas institucionales más urgentes estaban en los programas de unos y otros partidos políticos:

1. Reformar la Ley Electoral para buscar una mayor proporcionalidad y acercar a los candidatos a sus votantes.

2. Recuperar la independencia del Poder Judicial y de otros órganos jurisdiccionales, sometidos durante años a la politización de los partidos más consolidados.

3. Racionalizar y clarificar el papel de la Administración central, las comunidades autónomas y los Ayuntamientos en la gestión de lo público.

4. Establecer unos límites claros en los recortes públicos al Estado del bienestar en materia de sanidad, educación, seguridad social, servicios sociales, prestaciones por desempleo…

Estas cuatro reformas serían la base para ese auténtico cambio institucional que reclaman los españoles y que solo se podría sacar adelante con grandes pactos de Estado. Y, por supuesto, el cambio requiere una reforma de la Constitución de 1978, que ha traído la mayor etapa de libertad y prosperidad en la historia de España, pero que merece la pena ser reformada para que dure muchas décadas.