La reforma del sistema electoral condicionará los pactos tras el 20-D

De todas las reivindicaciones o promesas de los partidos hay una que con seguridad estará encima de la mesa, en lugar destacado, en las negociaciones que se entablen después del 20-D: la reforma de la ley electoral. De hecho, Ciudadanos y Podemos aseguran que cualquier tipo de acuerdo con otros partidos estará condicionado a este punto. Todos los partidos la tienen presente en sus programas, aunque con contenidos muy diferentes que, en algunos casos, requieren incluso de reformas constitucionales. La disfunción a resolver es la de los votos que se pierden al no traducirse en escaños.

Los programas ahora van desde la circunscripción autonómica (Ciudadanos), a las listas abiertas (PSOE) o la prima para el más votado (PP). Es decir, requieren en casi todos los casos de modificación constitucional y condicionarán según esos partidos los acuerdos tras el 20-D.

La Constitución estableció un sistema muy rígido con el único margen de que el número de diputados esté entre 300 y 400, con la provincia como circunscripción y con una distribución de escaños proporcional a la población de cada una de ellas. El objetivo y la obsesión en 1978 eran la estabilidad y así se constitucionalizó.

PP y PSOE han retocado muchas veces la ley electoral, pero nunca han aceptado modificar el sistema electoral y, por lo tanto, sería la primera vez que se abordara. No se hizo pese a que hay una reivindicación histórica de los pequeños partidos porque entienden que la ley favorece a los dos grandes partidos y castiga al resto porque les impide traducir los votos en escaños.

El perjudicado hasta ahora era Izquierda Unida, que siempre era tercera fuerza y perdía más de un millón de votos que no se traducía en escaños, porque la simple aritmética hacía imposible alcanzar diputado en las provincias en las que solo se reparten tres y lo hacía muy difícil en las de cinco. El reparto solía ser de 2-1 y de 3-2 entre los grandes partidos en esas 26 circunscripciones de menos de cinco escaños en las que el tercer partido no podía entrar.

Ahora se produce una situación novedosa porque, siempre según los datos del último sondeo del CIS, puede haber por primera vez cuatro partidos entre el 15% y el 30% de los votos y el que gana estaría por debajo de ese 30%. El tercero y cuarto —Ciudadanos y Podemos— según ese sondeo entran ahora en el reparto y han alterado la distribución que ahora puede ser de 1-1-1 o de 2-2-1. En las ocho circunscripciones en las que se reparten cinco escaños ahora entrarían tres partidos, siempre según el sondeo del CIS.

Pero en las ocho de tres escaños, el tercer partido solo entra en tres, porque necesitaría que la diferencia entre primero y tercero sea menor al 10% para lograr diputado.

Por eso es tan importante ser el segundo, el tercero o el cuarto. La escasa diferencia entre segundo y tercero hace que el reparto se haya alterado, pero es vital el orden para no tener votos perdidos. El cuarto puede estar cerca del tercero en porcentaje de votos, pero muy lejos en número de escaños. El concepto de votos perdidos se refiere a los que no pueden traducirse en escaños porque el número de diputados a repartir en esa circunscripción es pequeño. Por ejemplo, el voto de electores de Podemos en toda Castilla y León y Castilla-La Mancha sirve para engrosar su porcentaje nacional, pero no se traducirá en un diputado. Siempre según el CIS, Podemos solo tendría representación en 16 circunscripciones. Tendría solo en las de más de cinco, salvo Navarra y Álava. Más de un 10% de sus votos se perdería.

Ciudadanos pierde las de tres salvo Huesca, Ávila, Guadalajara y quizás Segovia. Y en Galicia solo tendría escaño en A Coruña y Pontevedra y porque son de más de tres. Para entrar en el reparto necesitaría mantener constante un porcentaje de 20% en todas. Pierde los votos en todo el País Vasco, pero en este caso su problema tiene más que ver con su posición política sobre el concierto. Al PSOE le valen todos los votos salvo los de Ávila, Soria y Lleida. Y el PP solo quedaría sin escaño en Girona y Lleida.

Circunscripción nacional

Fundamentalmente, es un problema de número de escaños por circunscripciones, más que de aplicación de Ley D’Dont. Por eso el Consejo de Estado propuso un sistema en el que se creaba una circunscripción nacional, con unos 50 escaños que se repartirían entre los votos no traducidos en diputados.

La distorsión de la proporcionalidad no es solo propia del sistema español. Por ejemplo, el sistema griego prevé que el que gana se lleva directamente 50 escaños más. Ese sistema fue establecido para perpetuar el bipartidismo y ahora favorece al partido de Alexis Tsipras.