El Senado que nadie quiere

Entre todos los mantras tópicos de los programas electorales, como la despolitización de la Justicia o los tradicionales lazos de amistad con Latinoamérica, destaca el de “convertir al Senado en una auténtica Cámara de representación territorial”. Así ha figurado en todos los programas de los grandes partidos, elección tras elección, aunque nadie ha sabido qué hacer con él.

La expresión sirve para todo y el problema llega cuando hay que precisar cómo hacerlo: si basta la reforma del reglamento o si es necesaria la reforma de la Constitución.

Por ejemplo, en abril de 2012 se constituyó en la Cámara alta una ponencia de estudio para su reforma. Se reunió 23 veces con 13 comparecencias de expertos, se pactó un texto de mínimos, pero finalmente no se aprobó en Pleno.

Ahora las recetas de los partidos van desde la desaparición del Senado (Ciudadanos) a la reforma en profundidad para que deje de ser una Cámara de elección de los ciudadanos y para que sean las comunidades las que designen a sus parlamentarios, es decir, el modelo alemán de segunda Cámara. En esa propuesta coinciden PSOE y Podemos, y supone tocar la Constitución. En algún momento el PP defendió la reforma constitucional del Senado, pero nunca llegó a ponerlo claramente en un programa electoral. Ahora el programa del PP para el 20 de diciembre incluye una ambigua referencia que podría entenderse como un compromiso implícito, por primera vez, de modificar la Constitución. "El PP ha participado, junto a otras fuerzas políticas, en la Ponencia de estudio para reforzar las funciones de esa Cámara. Confiamos en que el documento final derivado de esta Ponencia sirva en la próxima legislatura de guía para potenciar la naturaleza territorial de nuestra Cámara Alta", asegura.

Se remite al texto de una ponencia pactado por todos los partidos esta legislatura que habla expresamente de esa reforma.

En concreto esa ponencia aseguraba que “se mantiene el modelo del Senado como Cámara Parlamentaria dentro del sistema bicameral establecido en la Constitución de 1978, es decir, en el marco de un bicameralismo imperfecto o no paritario. Si bien, al mismo tiempo, se pretende mejorar la posición de la Cámara aumentando su participación en el ejercicio de las funciones parlamentarias teniendo en cuenta la dimensión territorial que se deriva de la definición contenida en el artículo 69 de la Constitución. Para ello, y de acuerdo con las presentes conclusiones, será necesario realizar una reforma de diversos preceptos constitucionales así como llevar a cabo modificaciones sustantivas en las normas que regulan el procedimiento legislativo y, en su caso, de control, tanto en el Reglamento del Senado como en el Reglamento del Congreso de los Diputados".

Son variaciones sobre el consenso de todos en torno a la certeza de que tal y como está ahora no sirve para nada. Esa percepción está basada en la imagen real de la Cámara alta como lugar de retiro de políticos veteranos, especialmente expresidentes autonómicos, y también la degradación progresiva de su actividad y funciones previstas.

También por el hecho de que los sucesivos gobiernos, y este con mayoría absoluta especialmente, lo han dado de lado y han reducido en la práctica sus funciones, incluso desoyendo el reglamento.

Por ejemplo, la norma establece que todos los años debe celebrarse un debate sobre el estado de las comunidades, con participación de los presidentes autonómicos, y, sin embargo, en esta legislatura no se ha celebrado ninguno. También se prevé la celebración de sesiones de la llamada Comisión General de Autonomías para asuntos concretos con participación de consejeros de comunidades y, sin embargo, frente a las 29 de la anterior legislatura, en esta solo se ha reunido tres veces y por obligación legal: para la ley de educación o ley Wert; para la reforma local y para la del Estatuto de Castilla-La Mancha.

Se incumple el reglamento del Senado hasta en los detalles menos esenciales. Por ejemplo, sorprendentemente la norma asegura que los discursos “no podrán, en ningún caso, ser leídos” y es obvio que se hace cada día hasta para las réplicas. Tan infrautilizado está que en la docena de reformas estatutarias de las últimas legislaturas en el Senado, la teórica cámara territorial no ha introducido ni una sola enmienda.

No obstante, según el escenario político ajustado que describen las encuestas para el 20 de diciembre podría darse la paradoja de que, incluso, en la legislatura en la que más partidos piden su reforma radical, el Senado gane una posición institucional relevante. El PSOE cree que no es descabellado que con el sistema de voto de listas abiertas que, como ha ocurrido en dos legislaturas anteriores, la mayoría que se forme en el Senado sea distinta a la del Congreso. Esta última Cámara tendrá la última palabra en la aprobación de leyes, pero el Senado tendría capacidad política para complicar la vida al Gobierno.

Hay dos precedentes: en la última legislatura de Felipe González, el PP estaba en minoría en el Congreso, pero tenía mayoría absoluta en el Senado que le permitió, por ejemplo, aprobar una comisión de investigación sobre los GAL. O con José Luis Rodríguez Zapatero, el Senado vetó los Presupuestos. Ese veto se levanta en el Congreso, pero supone un desgaste para el Gobierno y un cierto contrapeso.

Los socialistas proponen la elección por las comunidades "Revisar su estructura y composición optando entre un modelo intergubernamental o un modelo representativo de las comunidades" y en el de Podemos: "Conformar el Senado con representantes de los gobiernos regionales, intercambiables y con voto en bloque".

Ciudadanos propone su desaparición y la creación de un "consejo Permanente de presidentes" con capacidad legislativa.