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Primera campaña electoral en alerta 4

La irrupción del terrorismo yihadista obliga a cambiar estrategias de seguridad y la posibilidad de ir a una guerra se cuela en el periodo previo a los comicios

Varios furgones policiales protegen el Congreso de los Diputados.
Varios furgones policiales protegen el Congreso de los Diputados.

Nivel 4. El yihadismo se ha colado en la campaña electoral (y en la de Navidad). Dos citas que movilizan a masas de gente y obligan a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado a estar más atentos que nunca. Por primera vez en la historia de la democracia española el periodo preelectoral se celebrará con un “riesgo alto” de amenaza terrorista, en el que España vive hace casi un año. Desde que el pasado 7 de enero dos enmascarados armados con fusiles de asalto entraran en la sede del sumario satírico francés Charlie Hebdo y disparasen 50 tiros a bocajarro, matando a 12 personas e hiriendo a otras 11. Y el temor se ha agudizado tras la reciente matanza de París el pasado 13 de noviembre. La lucha antiterrorista vuelca sus esfuerzos en ese nuevo enemigo difuso. Hombres y mujeres radicalizados o retornados, kamikazes dispuestos provocar muertes indiscriminadas al grito de “al-lahu ákbar" (Alá es el más grande), que viven ya en nuestras calles y barrios --el 45% de los presuntos islamistas detenidos son españoles-- y que pueden actuar en cualquier momento y lugar.

La amenaza yihadista es el mayor problema de seguridad de las democracias occidentales. Un asunto prioritario ante el que ahora también los partidos políticos españoles, de la casta y emergentes, tienen que definirse, pese a que siempre sea el capítulo de seguridad el más escueto —a veces casi inexistente— de los programas electorales. Aunque el presidente Mariano Rajoy ha querido aplazar su pronunciamiento hasta después de la cita con las urnas del próximo 20 de diciembre, gobierne quien gobierne España tendrá que posicionarse y decidir si entra o no a formar parte de la coalición antiyihadista internacional contra el autoproclamado Estado Islámico (ISIS) liderada por Francia y de la que ya forman parte una mayoría de países europeos.

Una legislatura sin ETA

Esta ha sido una legislatura sin ETA, que tras 43 años de atentados y 829 asesinatos, anunció el cese de la violencia el 20 de octubre de 2011. Con la banda terrorista “en plena decadencia”, “diezmada y con solo unos 20 terroristas activos, un centenar diseminados por Europa y Latinoamérica y 450 presos en las cárceles”, según fuentes de la lucha antiterrorista, el enemigo público número uno ha cambiado. Y, con él, las estructuras, planes y estrategias de la lucha antiterrorista, “pero sin perder de vista los otros tipos de terrorismo”, advierte uno de sus máximos responsables.

El reciente pacto antiterrorista —el cuarto de la democracia—, ocho puntos inspirados en el terrorismo islamista, es también un reflejo de la nueva pluralidad del panorama político español, con la firma de nuevas fuerzas emergentes con opciones de llegar a la Moncloa como Ciudadanos.Todos, hasta nueve, suscriben que hay que estar unidos contra el terror. Pero no todos coinciden en la manera de combatirlo y menos si supone entrar en una guerra. Podemos, el partido de Pablo Iglesias, contrario a los bombardeos que ya realizan sobre terreno sirio e iraquí Francia, Estados Unidos y Rusia con el apoyo de Reino Unido, Alemania, Bélgica y Holanda, sólo acudirá a las reuniones de ese pacto en calidad de observador.

Quedó patente en el debate de EL PAÍS el pasado 30 de noviembre, en el que tanto Pedro Sanchez (PSOE) como Albert Rivera (Ciudadanos) apostaron por “solidarizarse” y “apoyar” a Francia, respectivamente. Mientras que Iglesias mantuvo una postura antibelicista y abogó por atacar las vías de financiación de los terroristas. Frente a la posición de este último de convocar un referéndum, los dos primeros consideraron innecesaria esa consulta ante una posible participación española en el conflicto, amparándose en los organismos y la legalidad internacional además de en el consenso necesario del Congreso de los diputados.

Las decisiones en materia de seguridad y antiterrorista han influido —y a veces determinado— el ascenso o el declive de los gobiernos. Las cautelas en este delicado terreno están más que justificadas. La última vez que España apoyó una guerra, la de Irak, Jose María Aznar era presidente. Aquella coalición bélica se escenificó en la Cumbre de las Azores el 16 de marzo de 2003, con Jose Manuel Durao Barroso como anfitrión, y el presidente de EEUU Geroge W. Bush, el primer ministro británico Tony Blair y el mandatario español. Un año más tarde, el 11 de marzo de 2004 (11M), varios trenes saltaban por los aires en Madrid provocando una masacre, 192 muertos. Tres días después los españoles estaban llamados a las urnas. Aznar, que inicialmente apuntó a ETA, perdió las elecciones que ganó José Luis Rodríguez Zapatero, contrario a la participación de España en el conflicto.

Nuevos planes y estrategias

El veloz avance por Siria e Irak de las huestes dirigidas por Abu Bakr al-Baghdadi y su abrumadora maquinaria propagandística (con mensajes dirigidos a “los buenos musulmanes” y vídeos de sus brutales acciones cada vez más cinematográficos difundidos y amplificados por Internet) ha obligado a los máximos responsables de la lucha antiterrorista a modificar aceleradamente sus estrategias y sistemas de trabajo.

“La mayor parte de los agentes que se dedicaban al terrorismo etarra se han reciclado en el terrorismo islamista”, señalan fuentes de la lucha antiterrorista. “Se han reforzado ampliamente los grupos de ciberterrorismo, puesto que las redes sociales se han convertido en la principal vía de radicalización y captación de potenciales yihadistas”. Otros terrorismos autóctonos --aparte del de ETA-- como el de los Grapo o el de grupos anarquistas han pasado a ser “prácticamente anecdóticos”, sin que eso signifique que se haya abandonado su vigilancia como muestran algunas de las últimas detenciones de posibles relevos de dirigentes etarras (operación Pardines) y la operación Piñata, contra miembros anarquistas.

La creación del CITCO (Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado) a finales de 2014, venía a constatar el hecho de que las redes terroristas y criminales están íntimamente relacionadas y de que gran parte de los terroristas habían pasado antes por las prisiones españolas por otros delitos. Es el órgano de recepción, integración y análisis de toda la información estratégica disponible referida al terrorismo, la criminalidad organizada y los radicalismos violentos, y en los próximos días presentará un ambicioso plan dirigido a su prevención.

El resultado de este progresivo cambio de inclinación de los esfuerzos en la lucha antiterrorista, que comenzó en el año 2000 —cuando todavía pocos hacían caso a los primeros informes que llegaban a Madrid sobre peligros de células islamistas desde ciudades como Ceuta y Melilla—, es visible hoy en los datos: 597 detenidos por actividades yihadistas desde el 11M (69 este año, más 27 en otros países), 144 operaciones (32 este año y 8 en otros países), 139 combatientes que habrían partido hacia Siria o Irak desde España y 25 que habrían retornado, de los que 10 estarían libres, y hay —según fuentes de Instituciones Penitenciarias— unos 88 presos ahora mismo en las cárceles españolas.

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