Ciudadanos matiza la supresión del CGPJ y los jueces lo ven “incoherente”
El partido de Rivera, que anunció la eliminación del organismo, se conformaría con que los 12 vocales sean elegidos por los jueces
A principios de noviembre, Albert Rivera anunció que su partido suprimiría el Consejo General del Poder Judicial y que sus funciones quedarían en las manos del presidente del Supremo, asistido por dos adjuntos y elegido para mandatos de seis años en el Congreso (mayoría de dos tercios). Todas las asociaciones de jueces calificaron la propuesta de "barbaridad". El programa de la formación, que se hizo público este domingo, recoge la medida con un importante matiz: "Mientras no exista amplio consenso para acometer la reforma constitucional en el sentido propuesto, Ciudadanos procurará (...) reformar el sistema actual mediante una Ley orgánica (...) que establezca el nombramiento de los doce vocales entre jueces y magistrados de todas las categorías (...) sin intervención del Congreso y el Senado".
¿Qué piensan los jueces de esta forma de acometer el cambio presentada ahora por Ciudadanos? ¿Despierta la misma oposición frontal que la anterior o concita más apoyos? ¿Es combinable el primer paso con el segundo?
"Creo que es incompatible lo segundo con lo primero", argumenta Joaquim Bosch, portavoz de Jueces para la Democracia. "Son dos posturas de naturaleza muy distinta, que demuestran que la propuesta de supresión del CGPJ ha sido muy poco meditada", sigue. "Sorprende que se defienda la elección judicial provisionalmente hasta que los políticos nombren al presidente del Tribunal Supremo. Me parece incoherente".
La de Bosch no fue una voz aislada en el mundo de la judicatura. La convivencia entre las dos propuestas en el mismo programa despertó dudas entre los jueces representados por las tres asociaciones mayoritarias. Más allá de los aspectos técnicos y jurídicos, los jueces también se enfrentaron a una pregunta de carácter lógico. ¿Es compatible que ambas propuestas convivan en el mismo programa?
Incompatibilidad entre política y judicatura
En su propuesta final, el programa de Ciudadanos también incluye la creación de un cuerpo especial de jueces sustitutos para garantizar que las sustituciones se realizan "con la debida celeridad y calidad, sin necesidad de entorpecer o paralizar el servicio de los órganos jurisdiccionales".
Además, presentarse en listas nacionales o europeas de un partido político, o aceptar cargos de nombramiento político implicaría la renuncia a la carrera judicial.
"No", contesta el juez Celso Rodríguez Padrón, portavoz de la APM. "Naturalmente, la defensa de la supresión del consejo anula cualquier otra alternativa sobre la modificación del sistema de elección de sus miembros, el pulido de sus competencias, su régimen de estructura interna…", argumenta. "Es excesivamente confuso hablar de supresión del Consejo y al mismo tiempo, aunque fuese solo con carácter transitorio, llevar a cabo la modificación del sistema de elección de sus miembros. Lo coherente resulta mantener el diseño del Consejo que contempla la Constitución, y por coherencia con la voluntad del constituyente, regresar al sistema de elección judicial de los 12 vocales judiciales".
"Son dos compartimentos estancos que no tienen nada que ver. Son dos cosas completamente diferentes", coincide Raimundo Prado Bernabéu, portavoz de la asociación judicial Francisco de Vitoria. "Una modificación de ley orgánica no tiene nada que ver con la constitucional [esta sería necesaria para suprimir el Poder Judicial]. Pueden parecer dos modelos contradictorios, pero si uno de ellos va a servir para arrancar o desarraigar el sistema que existe, bienvenido sea", prosigue en referencia a la posibilidad de que jueces y magistrados voten a los vocales. "Que los jueces elijan a sus representantes nos parece muy bien. En la supresión del Consejo no estamos de acuerdo".
Ciudadanos recogió la medida de suprimir el Consejo General del Poder Judicial entre las 30 propuestas de reforma presentadas a principios de mes en Cádiz, y que también incluyen, entre otras medidas, la supresión del Senado y de los decretos ley y reformar la Constitución para blindar las competencias del Estado. En el documento presentado entonces no se recogía el paso previo presentado ahora de que una ley orgánica permita a jueces y magistrados nombrar a los vocales del Poder Judicial.
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