Podemos propone que los extranjeros voten en referéndums y autonómicas

Podemos se ha propuesto, según recoge su programa para el 20-D, fomentar la "participación política" de los inmigrantes. Para ello, en el documento presentado este lunes, la formación ha incluido una batería de medidas que prevé el derecho a voto de los extranjeros en las elecciones autonómicas y en los referéndums. "Estudiaremos la viabilidad de incorporar [esta iniciativa] en el marco constitucional vigente", subraya la formación encabezada por Pablo Iglesias, que también apuesta por modificar el artículo 1 de la Ley Orgánica de Partidos Políticos, que prohíbe a los foráneos crear un partido.

Actualmente, los extranjeros solo pueden votar en las municipales. Y solo los que pertenecen a algún país de la Unión Europea o a una de las 12 naciones —la mitad, de Sudamérica— con las que España ha firmado un acuerdo de reciprocidad. Eso deja fuera de las elecciones a más de cuatro millones de personas; ya que, según el INE, casi 4,8 millones de inmigrantes se encuentran empadronados en el país, pero apenas 463.665 (9,8%) tuvieron derecho a voto en las locales del 24-M. Con el objetivo de integrar a este colectivo en la vida política del país, Podemos quiere ampliar su derecho a voto. "Además, reconoceremos el sufragio pasivo a todos los residentes extranjeros estables, no solo a los ciudadanos de la Unión Europea", sentencia el programa de la formación, que contempla estas otras medidas en materia de extranjería.

Sanidad Universal. Podemos propone modificar la ley para "blindar" el "carácter universal" de la sanidad española. "Con ello, garantizaremos que nuestro sistema de salud cumpla con los derechos humanos", subraya el partido emergente, que defiende entregar la tarjeta sanitaria a todos las personas. "También a los inmigrantes". El Gobierno del PP ha rechazado dársela a este colectivo.

La propia existencia de los CIE vulnera los Derechos Humanos Programa de Podemos

Cierre de los CIE. "Sostenemos que la propia existencia de los Centros de Internamientos de Extranjeros (CIE) vulnera los Derechos Humanos. Defendemos la necesidad de repensar la política migratoria española", recalca la formación, que apuesta en su programa por cerrar estas instalaciones: "Constituyen una anomalía del sistema democrático".

Fin de los vuelos masivos de deportación. Entre 2010 y 2014, España deportó a 26.491 extranjeros vía aérea, según los datos del Gobierno. Muchos de ellos, en los vuelos de expulsión colectivos organizados por Interior. Una práctica que Podemos quiere "erradicar", según explicita en su programa, donde también promete acabar con los controles de identidad policiales "en los que se tenga en cuenta el perfil étnico".

Acabar con las devoluciones en caliente. "Pondremos fin de forma inmediata a las devoluciones ilegales de personas en las zonas fronterizas, que contravienen la legalidad internacional", recalca la formación, que apuesta por derogar la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana del Gobierno del PP que las legalizó este mismo año. El Defensor del Pueblo, un nutrido grupo de juristas y el Consejo de Europa también creen que esta práctica viola el derecho de asilo.

Garantizaremos en Ceuta y Melilla el cumplimiento estricto del principio de no devolución Programa de Podemos

Quitar las concertinas. "Eliminaremos los elementos lesivos colocados en los perímetros fronterizos de Ceuta y Melilla", recalca Podemos, que añade: "Promoveremos la adopción de un protocolo de actuación de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en esta frontera sur". El partido también quiere revisar el tratado bilateral con Marruecos —que Amnistía Internacional ha pedido suspender— para "garantizar el cumplimiento estricto del principio de no devolución".

Nueva política de visados. Podemos plantea crear un nuevo tipo de visados que permita la entrada temporal de los inmigrantes en España para buscar empleo y el regreso al país de origen si no se ha logrado. "Sin prohibición de nueva entrada", apostilla el partido.

Eliminar el test de nacionalidad española. La formación quiere suprimir esta prueba, que ha entrado en vigor el pasado 15 de octubre. Además, propone acortar los plazos requeridos para adquirir la nacionalidad por residencia: cinco años de plazo general, tres años para refugiados y un año "para la población originaria de países con los que España mantiene históricamente una buena relación".