Albert Rivera propone suprimir el Consejo General del Poder Judicial

Albert Rivera propuso este sábado sustituir el Senado por un Consejo de Presidentes de las Comunidades con funciones legislativas para cuestiones territoriales; eliminar el Consejo General del Poder Judicial; y acabar con los decretos ley. “Hay que cambiar muchas cosas para que España vuelva a funcionar”, dijo el líder de Ciudadanos, que confirmó que blindaría las competencias del Estado en la Constitución o que optaría por un sistema electoral de doble urna, como adelantó EL PAÍS. “Son propuestas para canalizar la indignación y la ilusión”, dijo.

Rivera eligió Cádiz, la ciudad en la que se firmó la Constitución de 1812, para presentar sus 30 propuestas de reforma institucional y constitucional. A menos de dos meses para las elecciones generales del 20-D, el candidato empleó el anuncio de su batería de medidas técnicas para llenar de argumentos su discurso político. Rivera intentó sintonizar con los votantes que abarrotaron las calles durante el 15-M —propuso, por ejemplo, rebajar de 500.000 a 250.000 el número de firmas necesarias para presentar una iniciativa popular en el Congreso— y monopolizar el discurso de la regeneración institucional y la despolitización de la justicia, que comparte con Podemos.

“Queremos que lo que ya es normal en la calle pase a ser normal en las instituciones”, dijo Rivera. “Esto que presentamos es el anhelo de millones de españoles. Algunos de estos puntos los hemos visto en recogidas de firmas por internet, en manifiestos, en pancartas en la calle con gente indignada y hoy todo eso se recoge en un proyecto común para España y en una alternativa de Gobierno”, siguió. “Es canalizar el cabreo, la indignación y también la ilusión y las ganas de cambiar con una reforma seria”. La mayoría de las propuestas necesitarían de grandes consensos y acuerdos multipartido para salir adelante.

Cámara de presidentes Autonómicos. El Senado sería sustituido por una Cámara de segunda lectura con poder legislativo, presidencia rotatoria y sede móvil (“para hacer España”). Estaría integrada por 19 personas (los 17 presidentes autonómicos y los representantes de Ceuta y Melilla) y su misión sería resolver la gestión de las Comunidades y los problemas territoriales (presupuestos, plan hidrológico). En caso de discrepancia, el Congreso tendría la última palabra.

Consejo General del poder Judicial. Ciudadanos querría suprimir el Consejo (20 miembros) y sustituirlo por un órgano unipersonal encabezado por el presidente del Supremo, asistido por dos adjuntos, y elegido en el Congreso (mayoría de dos tercios) para mandatos de seis años sin reelección. Los candidatos al puesto deberían tener 20 años de experiencia en la carrera judicial. La propuesta sustituye un organismo con diversidad ideológica por una sola persona nombrada por los partidos y con dos adjuntos. Podemos acaba de proponer que los ciudadanos elijan a los miembros del Consejo por sufragio directo.

Fiscal general del Estado. El procedimiento para elegir al fiscal general del Estado se regularía en la Constitución, que establecería los requisitos de 20 años de carrera profesional y ausencia de vínculos políticos para cerrar una lista de candidatos. De este grupo reducido, una comisión del Congreso seleccionará una terna. Finalmente, el Gobierno elegiría al fiscal general del Estado. “Proponemos un camino distinto para que el fiscal no sea del Gobierno, sino que sea de todos”, dijo Rivera. Sin embargo, la decisión final sigue dependiendo del Ejecutivo.

Tribunal Constitucional. Rivera propone 25 años de ejercicio profesional para poder ser designado magistrado para un mandato de 12 años y jubilación a los 75 años. La renovación parcial se realizaría cada cuatro años. Además, los parlamentos autonómicos no podrían proponer magistrados.

Constitución. El partido blindaría las competencias del Estado, que este no podría ceder, e incluiría un apartado de derechos sociales que desarrollaría el de la vivienda e incluiría servicios públicos como el agua, las telecomunicaciones o la electricidad, respaldados con un presupuesto. No especificó qué parámetros deberían cumplir los ciudadanos para recibir ayudas. Además, se enumerarían las 17 Comunidades y las dos ciudades autónomas, para fijar el mapa autonómico. Se considerarían fundamentales los derechos a la protección de datos y la transparencia de la Administración.

Decretos ley. Una vez descartada esa fórmula, prevista para casos de “extraordinaria necesidad”, la legislación urgente deberá ser aprobada por un procedimiento sumarísimo en el Congreso en el plazo máximo de 72 horas. El Gobierno de Mariano Rajoy ha batido el récord de decretos ley en la historia de la democracia, al convertirse en el que más porcentaje de decretos ha aprobado con relación al número de proyectos de ley presentados.