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Rivera pide suprimir el Senado y el Consejo General del Poder Judicial

El candidato de Ciudadanos presenta sus propuestas de reformas institucionales y constitucionales, que también incluyen la eliminación del decreto ley

Albert Rivera, candidato de Ciudadanos a la presidencia del Gobierno, ha planteado esta mañana convertir el Senado en un Consejo de Presidentes de las Comunidades Autónomas con funciones de Cámara de segunda lectura para cuestiones territoriales; eliminar el Consejo General del Poder Judicial y acabar con los decretos ley (la legislación urgente deberá ser aprobada en el Congreso en el plazo de 72 horas). El presidente de la formación emergente ha desgranado hoy 30 propuestas de su programa electoral en Cádiz, donde ha querido homenajear a la Constitución de 1812, "cuando los españoles eligieron ser ciudadanos y no súbditos". "Planteamos renovar el compromiso de los españoles con nuestras instituciones, renovar nuestra democracia", ha dicho Rivera. "Hay que cambiar muchas cosas para que España pueda volver a funcionar". Estas son las medidas más destacadas.

Constitución

Como adelantó EL PAÍS, el partido pretende clarificar las competencias del Estado y de las Comunidades Autónomas creando un listado de competencias exclusivas de la Administración central (unas legislativas y otras ejecutivas, que no podrá transferir), otras compartidas (con prevalencia de la legislación central) y una lista residual. Como publicó este diario, la formación emergente incluiría una nueva sección de derechos sociales en el Texto Fundamental (garantizados presupuestariamente en el desarrollo legal) y eliminaría la disposición transicional que abre la posibilidad a la fusión de Navarra al País Vasco (enumerando, por otra parte, las 17 Comunidades y las dos ciudades autónomas, para fijar el mapa autonómico de manera definitiva). Se añadirá un "procedimiento especial" para la transferencia de soberanía a la Unión Europea.

Justicia

Así, Ciudadanos querría suprimir el Consejo General del Poder Judicial (20 miembros) y sustituirlo por un órgano unipersonal encabezado por el presidente del Tribunal Supremo y del poder judicial, asistido por dos adjuntos, y elegido para mandatos de seis años sin posibilidad de reelección en el Congreso (mayoría de dos tercios). Los candidatos al puesto deberían tener 20 años de experiencia en la carrera judicial y no haber tenido vinculación con ningún partido político. Además, el procedimiento para elegir al fiscal general del Estado se regulará en la Constitución, que establecerá los requisitos de 20 años de carrera profesional y ausencia de vínculos políticos para cerrar una lista de candidatos. De este grupo reducido, una comisión del Congreso seleccionará una terna. Finalmente, el Gobierno elegirá al fiscal general del Estado. "Proponemos un camino distinto para que el fiscal no sea del Gobierno, sino que sea de todos", ha argumentado Rivera.

En el caso del Tribunal Constitucional, Rivera propone 25 años de ejercicio profesional para poder ser designado magistrado para un periodo de mandato de 12 años (que reduce el actual), pero fijándose la jubilación a los 75 años. La renovación parcial se realizará cada cuatro años. Tras el cese como magistrados pasarán a la situación de jubilación con incompatibilidad para el desempeño de cualquier empleo público o privado. Si están afectados los derechos fundamentales, el Alto Tribunal no podrá exceder los 90 días para pronunciarse. Además, los parlamentos autonómicos no podrán proponer magistrados.

Ley electoral

Como ha publicado EL PAÍS, la formación emergente, que es la segunda en las encuestas con un 21,5% de los votos, según un sondeo de Metroscopia, quiere instalar en España un sistema electoral de doble urna inspirado en el modelo alemán. "Pensamos que si hacemos una nueva norma, habrá nuevas actitudes", ha dicho el candidato de Ciudadanos, destacando que su propuesta supone más proporcionalidad, cercanía y control ciudadano. La formación también quiere que con 250.000 firmas (frente a las 500.000 actuales) se puedan presentar en el Congreso iniciativas populares y obligar a que su tramitación sea en seis meses. Rivera ha confirmado además que su propuesta impediría los indultos a condenados por corrupción política y prohibiría los aforamientos.

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