Ciudadanos no logra que el gallego deje de ser idioma oficial en Ferrol
La formación de Rivera no consiguió ningún apoyo a su moción para derogar la ordenanza lingüística aprobada hace 20 años por el PP
Ciudadanos ha visto fracasar su primera moción en el Ayuntamiento de Ferrol. El partido que preside Albert Rivera se ha estrenado reclamando la derogación de la Ordenanza de Normalización Lingüística aprobada hace dos décadas por el PP en ese Ayuntamiento y que determina que el gallego es la “lengua propia de Galicia y el idioma oficial” de la institución local.
La moción, defendida por la única concejala de la formación naranja, Ana Rodríguez Masafret, proponía que se adoptaran las medidas oportunas para “restablecer la situación de legalidad vulnerada” por la ordenanza aprobada en 1997. No consiguió ningún apoyo. El PP sumó sus votos a los del BNG y del gobierno municipal presidido por la marea ciudadana Ferrol en Común que gobierna en coalición con el PSOE.
La propuesta de Ciudadanos, planteada con el objetivo de garantizar la igualdad de los derechos ligüísticos de todos los ciudadanos en sus relaciones con el Ayuntamiento, incluía la supresión de los artículos que establecen que “las actuaciones administrativas realizadas en gallego en territorio municipal tendrán plena validez y eficacia” así como de los relacionados con la promoción del gallego por empresas o entidades que presten servicios públicos municipales a través de concesiones, arrendamientos o conciertos.
A la lista de artículos a suprimir se sumaba el relativo a la exigencia de conocimientos de gallego para la selección del personal municipal y el que requiere que los trámites del Ayuntamiento dirigidos a la administración civil o militar del Estado y la justicia se redacten en gallego.
La moción se amparaba en una sentencia dictada en 2006 por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, atendiendo a una impugnación presentada por la Delegación del Gobierno, que declaraba que varios artículos de la normativa lingüística del Ayuntamiento coruñés de As Pontes eran inconstitucionales y vulneraban además el Estatuto de Autonomía de Galicia. Masafret se mostró partidaria de que el idioma gallego "se normalice y avance en su uso" pero impidiendo que "nadie se sienta excluido por nuestras entidades y administraciones locales".
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