Encarcelado un hombre que dejó morir de hambre a su perro en Palma

Andrés Feria Romero es el segundo sentenciado que debe cumplir una pena de prisión en la cárcel de Palma por un delito de maltrato animal con resultado de muerte. El hombre, que ha sido condenado a un año de reclusión, dejó morir de hambre y abandono a su perro en abril de 2013. La decisión es de la juez María Jesús Campos Barciela, que este mes ya encarceló a otro maltratador de animales, el caballista Eugenio Sánchez, condenado a ocho meses por matar a garrotazos a su trotón de carreras en 2012.

Feria Romero, que fue denunciado por su hermano y que asumió la pena de un año en el juicio celebrado el 28 de mayo de 2015, fue encarcelado antes de que la magistrada Campos le comunicase que debía ingresar en prisión. El hombre había sido conducido a la cárcel por decisión de otro juez para cumplir una orden cautelar por un supuesto delito de violencia doméstica del que aún no ha sido juzgado. La juez Campos ha ordenado que no sea excarcelado para que así cumpla la pena por la muerte del perro.

La magistrada Campos razona que los delitos de maltratos a animales "sensibilizan de manera indiscutible a la opinión pública" y cuentan con una enorme repercusión y trascendencia. Ese delito se configura como "un paradigma de la ilegalidad criminal, en cuanto a la crueldad que revela".

Feria Romero, "en la intimidad de su domicilio, mató de hambre y abandono a su perro" con una "lenta y angustiosa agonía que duró meses", según recoge el auto de la juez Campos, que deniega "todo beneficio suspensivo o sustitutivo" de la pena. El animal estaba "en estado de extrema delgadez, famélico, desnutrido, enfermo. Atado muy corto, en un patio, sin posibilidad de movimiento ni apenas alzarse, no podía huir e ir a buscar alimento, ni refugiarse del frío".

La juez Campos denegó sustituir la pena por una multa para evitar que ese delito se convierta "en un rentable negocio". Una suspensión de la pena emitiría un "antipedagógico mensaje" porque el reo "estará dispuesto a repetir si se le presenta de nuevo la ocasión", según argumenta la magistrada. La juez explica también que sería sencillo para el penado conseguir "un nuevo perrito gratis y volver a abandonarlo a su suerte y matarlo de hambre en la intimidad de su hogar".

El esqueleto resaltaba bajo la piel

El animal, de talla mediana (un "perrito", en palabras de la juez), era un cruce de perro de presa. Al ser rescatado por la policía, el esqueleto resaltaba bajo su piel. El can sobrevivió tres días a los cuidados de revitalización en la perrera de Palma. "La muerte de hambre, en humanos y en animales, es una de las más crueles, lo cual es de público conocimiento, y además produjo una lenta y angustiosa agonía al perrito que duró meses", subraya Campos. Andrés Feria Romero decidió "maltratarlo injustificadamente e innecesariamente", ejecutó "un método brutal como pocos existen, (con) un sufrimiento mayor que el de muchos otros", subraya la magistrada.

El reo aseguró que el perro no quería comer y que él no tenía dinero para llevarlo al veterinario. "Caben métodos más dulces y rápidos", reprocha la juez, que añade que "multitud de personas e instituciones en Palma, sin ánimo de lucro y gratuitamente, hubieran estado dispuestas a facilitarle alimento y asistencia".

La fiscalía, en el juicio oral —cerrado por conformidad—, reclamó seis meses de cárcel para Andrés Feria Romero y estaba a favor de la suspensión durante tres años del ingreso en prisión. En la vista oral y en el recurso actuó como acusador la Asociación Balear de Abogados por los Derechos de los Animales (Abada), cuyas tesis merecieron "favorable acogida" de la magistrada.

La juez Campos no dicta las sentencias, las ejecuta. En sus razonamientos vindica la función preventiva y ejemplar del cumplimiento de esas penas más allá de pronunciamientos meramente formales, para que sirvan de "freno" a conductas sociales individuales y eviten "la cuasi impunidad material de los maltratadores de animales de compañía". La magistrada señala que los ciudadanos han de ajustar su actuación a "criterios de ética" y "estricta legalidad" ante situaciones que "atenazan, desconciertan y desmoralizan a la sociedad".