Cinco años de reformas en Génova bajo la lupa judicial

Las obras de reforma que el Partido Popular llevó a cabo entre 2005 y 2010 en su sede nacional, ubicada en el número 13 de la calle Génova, en Madrid, llevan años bajo la lupa de policías, jueces y fiscales. Hasta ahora se sabía —o al menos así lo consideró acreditado el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz— que el PP pagó al arquitecto Gonzalo Urquijo, encargado de la reforma, 1,5 millones de euros no declarados al fisco y procedentes en su mayor parte de la caja b que controlaba Luis Bárcenas. Ayer se supo que otro juez, José Castro, investiga si parte de esos fondos pudieron llegar de empresas que resultaron adjudicatarias de trabajos en el Gobierno de Baleares a cambio de domar dinero o asumir el coste de la reforma de la sede de Génova.

La investigación sobre la caja b del PP, cuya instrucción cerró en marzo pasado el juez Ruz y que está pendiente de juicio, cifró en 5,27 millones de euros el dinero negro que presuntamente manejó el partido entre 1990 y 2008. La mayor parte provenía de donaciones de empresarios, sobre todo del sector de la obra pública. Estas aportaciones se ingresaban en las cuentas de donativos del partido previo fraccionamiento, para fingir que se cumplían los límites de la Ley de Financiación de Partidos Políticos.

Con la caja paralela el PP sufragó campañas electorales, sobresueldos a dirigentes y las reformas de varios locales, según Ruz. Las de Génova se pagaron, apuntó el juez, con 1,5 millones de dinero negro a cambio de los cuales la empresa de arquitectura que ejecutó los trabajos ofrecía al partido un descuento de entre el 8% y el 10%. Además, el PP se ahorraba parte del pago del IVA y el estudio de arquitectura eludía parte de la cuota del Impuesto de Sociedades que le correspondía por 1,57 millones.

El juez, que llegó incluso a ordenar el registro de la sede ante la supuesta falta de colaboración del PP, archivó no obstante la causa abierta contra los 22 empresarios que supuestamente habían llenado la caja b con sus donaciones. Según el instructor, no se ha podido acreditar la correspondencia entre los pagos al PP y las adjudicaciones de contratos públicos. Esta relación es la que ahora investiga también Castro en Baleares.

Las sedes de Bizkaia y La Rioja también recibieron financiación opaca, de acuerdo con la instrucción de Ruz. Para la sede vizcaína, Bárcenas generó una nueva contabilidad paralela en la que se recogen cuatro ingresos por valor de 36.000 euros. En Logroño, la ayuda económica en b ascendió a 200.000 euros, según reconoció Bárcenas.