Los Tribunales Superiores ven difícil la aplicación de la reforma procesal

Los presidentes de los 17 Tribunales Superiores de Justicia (TSJ) autonómicos han aprobado este miércoles en Bilbao una declaración institucional en la que valoran "positivamente" la reforma operada en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, cuya entrada en vigor se prevé a comienzos de diciembre, aunque advierten de que su aplicación será complicada por la escasez de efectivos en las Salas de lo Civil y Penal. La planta actual de los Tribunales Superiores "no permite, con carácter general, la debida implantación de la reforma", han defendido en presencia del ministro de Justicia, Rafael Catalá.

Los presidentes de los TSJ consideran que la nueva ley procesal, que el Gobierno defiende frente a las críticas recibidas de abogados, jueces y fiscales, es positiva pues "garantiza el ejercicio del derecho a la doble instancia", pero advierten de que supondrá un aumento de la carga de trabajo que algunos tribunales no podrán soportar.

El sistema de "apelación dual" que establece el nuevo proceso penal recogido en la reforma promulgada introduce "una importante complejidad" en la tarea de enjuiciamiento que pone en riesgo su adecuada puesta en práctica en el conjunto de los tribunales. "Se estima imprescindible disponer de un detallado estudio del incremento de la carga competencial" que supondrá la entrada en vigor la ley.

Los máximos responsables de los 17 Tribunales Superiores consideran "necesario a corto plazo" un aumento de la plantilla en las Salas de lo Civil y Penal, además de una "necesaria dotación de letrados" de la Administración de Justicia.

Catalá ha asegurado posteriormente que la implantación efectiva de la segunda instancia penal leva "asociado el compromiso del Gobierno de dotar adecuadamente de todas las estructuras de gestión que permitan que sean operativas".

El ministro de Justicia ha admitido que su aplicación exige crear plazas y dotas de más recursos a los Tribunales de Justicia. En todo caso, ha añadido que las reformas legales, como el caso de la nueva normativa procesal, "hay que dejar que se consoliden" para ver "cómo funcionan".

La Ley de Enjuiciamiento Criminal establece la limitación de los plazos de instrucción a seis o 18 meses prorrogables, entre otras medidas. Tras su aprobación por las Cortes, y ante su próxima entrada en vigor, todas las asociaciones de jueces y fiscales la han rechazado y se han sumado otros colectivos como el de los abogados, a través del Consejo General de la Abogacía, que, en algunos casos, han hablado de "impunidad" y "ley de punto final".

En la misma declaración, los presidentes de los TSJ han acordado "por unanimidad" hacer una defensa de la "independencia judicial" ante las "presiones soportadas" por las magistradas y magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña durante la toma de declaración al presidente catalán Artur Mas en la causa por el 9-N. "Toda actuación que se realice en detrimento de esta independencia judicial supone un ataque al Estado de derecho", dicen los jueces.

"En una sociedad democrática el Poder Judicial es esencial para garantizar el Estado de derecho, y preservar los derechos de los ciudadanos. Estos esperan que el ejercicio de la potestad jurisdiccional se realice en un marco de independencia y que los jueces actúen con imparcialidad, eficacia y respeto para el justiciable, destinatario al fin del derecho fundamental a la tutela judicial", dice el escrito.

El ministro Catalá también se ha adherido a esta crítica a las movilizaciones y protestas organizadas frente al Palacio de Justicia de Cataluña, y ha vuelto a pedir a las instituciones catalanas respeto a la independencia judicial. Además, ha opinado que actuaciones como el registro de la sede de CDC son la garantía del buen funcionamiento del Estado de derecho.