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Defensa y la Xunta pagan 55 millones a empresas para investigar drones

Las administraciones lanzan el proyecto subrayando su uso civil pero admiten que será difícil controlar si los resultados acaban en la industria militar

Las obras que se ejecutan en el aeródromo de Castro de Rei (Lugo). Ampliar foto
Las obras que se ejecutan en el aeródromo de Castro de Rei (Lugo).

Un aeródromo construido por los nazis en 1943 en Castro de Rei (Lugo) por su estratégico emplazamiento sobre una gran llanura sin tráfico aéreo y con una salida cercana al mar está llamado a convertirse hoy en el mayor centro de investigación de drones de España y uno de los pocos existentes en Europa. La Xunta de Galicia y el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA), dependiente del Ministerio de Defensa, inyectarán al menos 55 millones de euros (47 de ellos autonómicos) para que multinacionales aún por determinar investiguen cómo usar estas aeronaves no tripuladas tan presentes en la industria armamentística en ámbitos civiles, como la lucha contraincendios, el salvamento marítimo o la conservación del patrimonio. Las Administraciones promotoras descartan tajantemente que el proyecto esconda cualquier tipo de finalidad militar como aseguran sus detractores, pero admiten que es difícil controlar hasta el final el destino que las empresas privadas decidan dar a los resultados obtenidos en los ensayos que realicen en el bautizado como Centro de Investigación Aerotransportada de Rozas (CIAR).

Nueve compañías (Thales Programas de Electrónica y Comunicaciones; Boeing Research and Technology; Airbus; Elbit Systems; Inaer Helicópteros; Agustawestland, Spa and Telespazio Iberica; Indra; Everis Aeroespacial y Defensa; y la UTE Uavs Galicia), la gran mayoría pertenecientes a grupos con filiales de armamento o tecnología para la defensa, han presentado ofertas para ocupar un aeródromo en el que Xunta y ministerio ejecutan actualmente obras por 10 millones de euros y para cuyo equipamiento el Gobierno gallego gastará 20 millones más en los próximos cinco años. Al menos una de estas empresas recibirá para sus investigaciones otros 25 millones de la Axencia Galega de Innovación, una cantidad incluso ampliable "si se reciben ofertas de mucho interés", explica Manuel Varela, director del ente público autonómico. "Estas aeronaves tienen aplicaciones civiles inmensas y queremos que Galicia juegue un papel en ese gran mercado que se abre", añade Varela.

La Xunta recibirá a cambio la titularidad de las patentes que se registren y su uso gratuito

La Xunta pagará a las aspirantes elegidas para que realicen las investigaciones sobre drones y les proporcionará el recinto acondicionado, los equipos y firmes garantías de seguridad y confidencialidad. Lo que recibirá a cambio el Gobierno gallego será la titularidad de las patentes que se registren y su uso gratuito aunque no exclusivo, ya que el socio privado tendrá derecho a comercializar sus inventos con otras compañías o Administraciones. "No nos interesa la exclusividad", esgrime Varela desde la agencia autonómica de innovación, "la Xunta no es un operador económico, así que lo que nos interesa es que se venda a cuanta más gente mejor". Las condiciones de esta comercialización serán negociadas con las firmas, explica Varela, unos contactos en los que este cargo autonómico asegura que se abordará también el control sobre el uso que se dará a lo que se diseñe en Rozas, el punto más delicado del proyecto.

El hecho de que el centro de investigación que se abrirá en el aeródromo lucense se financie con fondos europeos Feder y con una partida presupuestaria de la Xunta –una Administración sin competencias en defensa- prohíbe que el recinto sea empleado para fines militares. El convenio firmado entre el Gobierno gallego y el INTA obliga textualmente a "destinar los equipos e investigaciones del proyecto a aplicaciones exclusivamente de uso civil". ¿Pero puede la Administración controlar cómo aplican lo investigado en el recinto de Lugo las empresas, en su mayoría pertenecientes a grupos con negocios armamentísticos? "Se vigilará como los expedientes de subvención", responde el director de la agencia gallega de innovación. "De todas formas [lo que se investigará en Rozas] son usos muy específicos y normalmente no servirán para el ámbito militar, que además está más avanzado".

La estrategia es perversa porque se va a poner una ingente cantidad de dinero público al servicio de multinacionales privadas

Ramón Vázquez, diputado de Alternativa Galega de Esquerda (AGE) en el Parlamento gallego

Los críticos con el proyecto no lo tienen nada claro. "La estrategia es perversa porque se va a poner una ingente cantidad de dinero público al servicio de multinacionales privadas para que estas desarrollen sus productos, aprovechándose de que la frontera entre el uso civil y militar es borrosa; un tanque sin munición también es una aparato civil", critica Ramón Vázquez, el diputado de Alternativa Galega de Esquerda (AGE) en el Parlamento gallego que lleva vigilando el proyecto desde que se anunció. Vázquez exige "luz y taquígrafos" porque considera que "los vuelos experimentales de drones conllevan riesgos" para los habitantes de la zona y las investigaciones que allí se desarrollarán "convierten las instalaciones en objetivo terrorista".

Desde el INTA, el organismo de investigación aeronáutica de Defensa, el jefe del área de I+D, Rafael González, subraya como "incuestionable" que en Rozas no se desarrollarán investigaciones "de uso directamente militar" y, aunque admite que las "derivadas" de lo que allí se indague son "incontrolables", compara las suspicacias sobre la utilización que le den las multinacionales a los trabajos financiados con dinero público con la responsabilidad que una empresa de telefonía móvil tiene si una de sus terminales se emplea para detonar una bomba.

Un aeródromo usado por el Ejército

El aeródromo de Rozas es propiedad del INTA, un organismo de investigación aeroespacial dependiente del Ministerio de Defensa que se encarga también de certificar que los drones militares cumplen los requisitos para ser utilizados con fines civiles. El Ejército realizó ensayos hace unos días en estas instalaciones con el Searcher, una aeronave no tripulada de fabricación israelí que las Fuerzas Armadas han utilizado en misiones militares en Afganistán. Un portavoz oficial de Defensa afirma que esas homologaciones técnicas se seguirán efectuando en Rozas cuando funcione el centro de investigación que financia la Xunta, pero con "total seguridad" y "sin armamento". Defensa, añaden las mismas fuentes, aspira además a que el recinto sea utilizado para los mismos fines incluso por el Gobierno del vecino Portugal.

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