¿Una Cataluña sin Barcelona?

El Gobierno de la Generalitat y los partidos y fuerzas independentistas de Cataluña han anunciado que interpretarán el resultado de las elecciones autonómicas de este domingo como un plebiscito sobre la secesión. Y que, si en su interpretación gana el “sí”, pondrán en marcha su hoja de ruta: una independencia unilateral que se iría desarrollando, por fases, hasta culminar en abril de 2017. Ese programa no solo estaría fuera de la ley, sino que presenta profundas paradojas. La primera y esencial es que la operación la abandera, contra el Estado, una institución del Estado: la Generalitat. Hay otras:

UN ‘PLEBISCITO’ QUE NO CUENTA VOTOS. Un plebiscito es un referéndum: una votación para someter al rechazo o aprobación de la población una cuestión concreta. En él, por definición, lo que se cuentan son los votos, y todos los votos valen lo mismo. En un plebiscito no se distingue entre circunscripciones y no hay una ley electoral que pondere el resultado para traducirlo en representatividad. En unas elecciones autonómicas, por el contrario, los votos se traducen en escaños y, por mor de la ley electoral española, no todos valen lo mismo: el de un ciudadano de Barcelona (la provincia más poblada y precisamente la menos independentista, según las encuestas) vale aproximadamente la mitad que el de uno de Girona o de Lleida.

El presidente Artur Mas y la lista Junts pel sí han anunciado que si obtienen una mayoría absoluta de escaños, aunque no la tengan en votos, iniciarán el proceso de secesión unilateral. Podría darse así la circunstancia (es la que vaticinan las encuestas) de que el Parlamento de Cataluña proclame una independencia que la mayoría de los catalanes no habría apoyado con su voto (al final del proceso de secesión sí se produciría un referéndum, pero solo para ratificar una Constitución catalana previamente elaborada por el Parlament, no para votar directamente sí o no a la independencia). Junts pel sí asume ese paradójico escenario y se limita a alegar que fue el Estado el que les impidió convocar un referéndum de autodeterminación el año pasado. La otra lista independentista, la CUP, defiende sin embargo que una mayoría solo de escaños, sin tenerla en votos, sería “insuficiente”.

MENOS APOYO PARA IRSE DE ESPAÑA QUE PARA ELEGIR AL DEFENSOR DEL PUEBLO. Junts pel sí considera que una mayoría absoluta de escaños (la mitad más uno) bastaría para que el Parlament declarase la independencia unilateral de Cataluña. Es decir, la decisión más relevante y definitiva que, aparentemente, puede tomar un Parlamento requeriría un apoyo bastante menor que el que la propia Cámara catalana exige, por ejemplo, para reformar el Estatuto de autonomía (dos tercios de los escaños), para aprobar una ley electoral propia (dos tercios), para nombrar al Defensor del Pueblo autonómico (tres quintos) o para designar a los miembros del Consejo Audiovisual de Cataluña (dos tercios).

¿QUIÉN TIENE "DERECHO A DECIDIR"? Todo el discurso de las candidaturas independentistas se apoya en la defensa del “derecho a decidir” de los catalanes. Convergència, ERC y la CUP han dejado expresamente a un lado los argumentos historicistas (e incluso los identitarios, en los últimos meses) para asegurar que lo único que pretenden es dar democráticamente la voz al pueblo para que decida su futuro. Las encuestas dicen que el independentismo obtendrá la mayoría absoluta (en escaños) en el conjunto de Cataluña. Pero algunas de esas encuestas analizan después el voto por territorios y concluyen que, por ejemplo, en la provincia de Barcelona -la más poblada- las candidaturas independentistas no reciben un apoyo mayoritario. En el sondeo del CIS, tampoco Tarragona se suma con mayoría absoluta al plan de la Generalitat.

Ni el Gobierno de la Generalitat ni las candidaturas independentistas han explicado nunca qué harían si ese escenario se confirma: ¿Respetarían el “derecho a decidir” de, por ejemplo, los barceloneses? ¿La provincia de Barcelona, en ese caso, se quedaría en España, fuera de una hipotética Cataluña independiente? Si el argumento para negar esa posibilidad es institucional o de sujetos políticos (Cataluña es un único sujeto y es el que decide, por eso tiene un Parlament que representa a todos), a él se le puede enfrentar el argumento equivalente: España es un único sujeto y es el que decide, por eso tiene un Parlamento que representada a todos. Si el argumento, por el contrario, es el “derecho a decidir” de los ciudadanos, es muy difícil –no se ha hecho hasta ahora- delimitar dónde empieza y dónde acaba ese derecho, a quién se le respeta y a quién se le niega.

CREAR UN ESTADO PERO QUEDARSE EN EL OTRO. La hoja de ruta de Junts pel sí dice que, si este domingo ganan las candidaturas independentistas, desde el minuto uno la Generalitat empezará a crear “estructuras de Estado” –o a acelerar las que ya anunció en 2012-, para tenerlas listas en 18 meses. Sin embargo, ni Convergència ni ERC han anunciado que ese hipotético proceso de creación de un Estado propio vaya a ir acompañado de una salida efectiva del actual en los ámbitos en los que legalmente sí podrían hacerlo. En diciembre, por ejemplo, hay unas elecciones generales a las que, en principio, ambos partidos van a presentarse: seguirían estando representados en el Parlamento español con el que a la vez pretenden romper. En la Federación Española de Municipios y Provincias, igualmente, CiU (que sigue funcionando como coalición en el ámbito municipal) acaba de conseguir un sillón en el consejo de gobierno gracias a un pacto con el PSOE.

Esa contradicción –anunciar la creación unilateral de un Estado propio, en abierto enfrentamiento con el Estado español pero mientras se participa de este- se puso sobre la mesa esta semana a cuenta del debate sobre si los ciudadanos de una Cataluña independizada conservarían la nacionalidad española (y con ella la ciudadanía europea). El debate sobre si una institución del Estado, la Generalitat, llegaría a provocar una fractura en España para reivindicar después, paradójicamente, los beneficios de ser español.