La fiscalía señala al presidente de la FEMP por recibir supuestos regalos

La fiscalía ha pedido a la juez de la Operación Patos —que investiga una supuesta red de sobornos a políticos y funcionarios de la provincia de Pontevedra por parte de contratas de obras y servicios municipales— que tome declaración como imputados a varios cargos o excargos políticos, entre ellos el alcalde socialista de Vigo, Abel Caballero, uno de los regidores más votados de España en las pasadas elecciones y que acaba de ser elegido presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). La solicitud del ministerio público se basa en los supuestos regalos recibidos en las navidades de 2009 y 2010 por el político socialista de una de las empresas investigadas en este caso de corrupción, en concreto un reloj de lujo –valorado en más de 1.750 euros, según los investigadores- y una pluma de oro y plata. Caballero ha negado en un comunicado "con toda contundencia y de forma categórica" haber recibido "presente alguno" de esa firma.

En la lista de medio centenar de políticos, funcionarios y empresarios para los que el fiscal del caso Patos pide la imputación se encuentra otro peso pesado, esta vez del PP, aunque recién retirado de la primera línea. Se trata de Rafael Louzán, actual presidente del PP de Pontevedra y de la Federación Galega de Fútbol, que ha sido presidente de la Diputación de esta provincia desde 2003 y hasta el pasado mes de mayo. Louzán, según el ministerio público, estaría implicado en la concesión irregular de obras a empresas investigadas.

Otro dirigente popular señalado por el ministerio público es José María Figueroa, exvicepresidente en el organismo provincial hasta los pasados comicios locales y número dos de Louzán en el partido, así como María José Bravo Bosch, actual delegada de la Xunta de Alberto Núñez Feijóo en la mayor ciudad de Galicia. El fiscal también pide que se impute a tres ediles socialistas de Vigo –Ángel Rivas, David Regades e Isaura Abelairas- y al exalcalde popular de Nigrán Alberto Valverde.

Hasta el momento son cinco los imputados por tráfico de influencias y cohecho por parte de la titular del juzgado de instrucción número 7 de Vigo, todos empresarios, salvo un exedil de Nigrán. La juez Carmen García decidirá en los próximos días la lista de nuevos acusados en un sumario que salpica a organismos públicos como la Diputación de Pontevedra, la Delegación de la Xunta en Vigo, varios Ayuntamientos y la Autoridad Portuaria de Vigo. Entre las firmas bajo sospecha se encuentran la concesionaria de servicios Cespa, filial de Ferrovial y la constructora Eiriña, cuyo dueño, Enrique Aonso Pais, es el presunto cerebro de la trama.