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La juez del ‘caso ERE’ pide al Gobierno que le informe de las sobrecomisiones

María Núñez exige al Ministerio de Empleo los gastos del ERE de las minas en Huelva

La juez María Núñez, en los juzgados sevillanos. Ampliar foto
La juez María Núñez, en los juzgados sevillanos.

La juez del caso ERE, María Núñez, ha reclamado al Ministerio de Empleo que le detalle las sobrecomisiones pagadas en el ERE de la minería de Huelva, expediente para el que el Gobierno central abonó 34 millones en 2003. La magistrada busca conocer si el entonces Ministerio de Trabajo abonó facturas a una consultora y un despacho de abogados por asesorar en el ERE, que benefició a 802 extrabajadores de la minería y costó en total 172 millones. Este expediente es objeto de una nueva línea de investigación en la que la Guardia Civil ya ha señalado a excargos del PP en el ministerio, algo inédito hasta ahora, ya que todos los responsables políticos señalados en el caso pertenecían al PSOE.

La juez ha dictado una providencia para dar curso a la petición de la Fiscalía Anticorrupción del pasado julio, en la que reclamaba un informe al Ministerio de Empleo sobre los pagos a la consultora Atlantis Asesores, vinculada al sindicato CC OO. La instructora añade "cualquier cantidad" que en este ERE se haya abonado "a mediadores o agentes de seguros, en su caso por cualquier concepto". 

La investigación judicial ha censurado las sobrecomisiones en los ERE. Es decir, los gastos que entre 2001 y 2010 la Junta asumió para calcular qué prejubilación correspondía a cada extrabajador, unos trabajos que implicaban pagar a un bufete de abogados y a una consultora (Vitalia o Uniter), cuyos porcentajes alcanzaron hasta el 19% y cuya media de mercado la instrucción ha fijado entre el 3 y el 5%. Ahora la juez quiere saber si el Gobierno central pagó dichas sobrecomisiones al igual que la Junta de Andalucía. 

En paralelo, la magistrada ha rechazado que declaren por ahora como testigos el exministro Eduardo Zaplana -al frente de Trabajo en 2003-, los exdelegados del Gobierno Juan Ignacio Zoido y Carmen Crespo, así como los agentes de la Guardia Civil que investigan el ERE de la minería de Huelva. El ex director general de Trabajo Daniel Rivera reclamó a la juez estas comparecencias, pero de momento han sido rechazadas.

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