El abogado del batería de Los Piratas dice que no se ha abierto una causa

Indignación. Con esta palabra explica el abogado de la viuda y del hijo menor (un bebé de dos meses) de Javier Fernández —el batería de Los Piratas fallecido el miércoles por un disparo de la Guardia Civil, tras haber agredido supuestamente a su mujer— la situación en la que se encuentra la familia. "Estamos indignados. No hemos podido personarnos en la causa porque no hay abierto aún procedimiento judicial y nos han negado el acceso al atestado policial", denuncia el letrado, Gerardo Gayoso, tras lamentar que las fuerzas de seguridad "no hayan llamado siquiera por educación para informarnos oficialmente de lo ocurrido". "Mientras la Guardia Civil hace declaraciones a los medios de comunicación, nosotros estamos completamente huérfanos de información", sostiene.

Gayoso hace un recuento de la infructuosa búsqueda de información durante las 24 horas siguientes a la muerte de Fernández para poder aclarar lo sucedido. "Todavía no lo sabemos", señala. Asegura que a las cuatro horas del fallecimiento del supuesto agresor, su viuda, Andrea Montes, fue citada por la Guardia Civil de Ponteareas. "Yo la acompañé, convencido de que nos iban a dar una explicación de lo ocurrido. pero el único objetivo del requerimiento era que reconociera que había sufrido violencia machista".

El abogado asegura que la mujer insistió en que jamás había sido víctima de malos tratos y que atribuyó el episodio agresivo de ese mismo día a un "brote psicótico" de su marido, que había dejado la medicación por orden del psiquiatra. En ese momento, "a la vista de esa actitud" de los agentes, Gayoso pidió ver el atestado "y nos pusimos a su disposición para aclarar los hechos". Pero señala que les insistieron en que solo habían citado a la viuda para declarar por violencia machista "con lo que le dije a mi cliente que no hiciera más declaraciones hasta conocer las diligencias".

Tras este encuentro con las fuerzas de seguridad, Andrea Montes publicó en su página de Facebook un comunicado desmintiendo que su marido fuese maltratador y negando que hubiese agredido a un agente. Después, aseguran amigos de la pareja, "entró en estado de shock".

Los compañeros de Javier Fernández insisten en el perfil de persona cariñosa del músico, "incapaz de hacer daño a su mujer o a su hijo". El teclista y guitarrista de Los Piratas, Paco Serén, asegura que "se solucionó con una bala lo que se podía haber solucionado con una pastilla". Tanto él como otros músicos que compartieron amistad y trabajo con Fernández califican de "accidente" provocado por la falta de medicación el episodio agresivo del batería. "Pero es una maldita mentira que fuera un maltratador", sentencian.

A primera hora de la mañana de este jueves, el abogado de la viuda acudió al juzgado de Instrucción 2 de Ponteareas "en donde según los medios de comunicación se estaba instruyendo la causa". Fue con la intención de personarse, pero allí comprobó "que no hay ningún procedimiento judicial abierto por estos hechos", aunque pudo enterarse "a través de una funcionaria" de que sí tienen "conocimiento". "Ni siquiera hemos podido personarnos; ni siquiera eso", recalca.

El letrado sostiene que, además de los sanitarios que menciona la Guardia Civil, hay un testigo principal de lo ocurrido: el vecino que sacó al bebé de la pareja y que "se encontraba en la vivienda cuando el agente disparó a Javier". "Le pasó la bala a medio metro", asegura Gayoso. Según su relato, esta persona intentó evitar el disparo: "les dio a los agentes que no era necesario, que podían reducirlo sin necesidad de armas". El testigo no ha prestado declaración.

La familia del fallecido no se explica por qué fue necesario "disparar a un hombre enfermo que estaba solo en su casa, porque su mujer y el bebé ya estaban a salvo fuera de la vivienda, cuando había cinco personas con él, suficientes para haberlo reducido".

A la espera de que se inicie el procedimiento judicial que aclare las circunstancias de la muerte de Javier Fernández, el abogado de la familia no descarta pedir responsabilidades al psiquiatra que decidió retirarle la medicación, lo que supuestamente le habría causado el brote psicótico, y a la Guardia Civil que le disparó "provocándole la muerte".