La UE no pagará un plan de empleo que aprobó el PP en Cantabria

El anterior Gobierno de Cantabria del PP, diseñó un plan de empleo para que los Ayuntamientos contrataran a 4.000 parados desde febrero de 2015, tres meses antes de las elecciones. El coste era de 28 millones, pero el Ejecutivo dijo que Bruselas subvencionaba el 50%. Sin embargo, tras denuncias de UGT y algunos alcaldes por las irregularidades en la contratación, el propio Gobierno tuvo que renunciar a la subvención. El coste cae sobre el actual Ejecutivo.

El 13 de octubre de 2014, el Gobierno de Cantabria, presidido entonces por el popular Ignacio Diego, hizo pública una orden que establecía la contratación de 4.000 personas en dos periodos: el primero ocuparía a 3.000 personas entre febrero y agosto de 2015 y las otras 1.000 entre agosto de este año (ahora han sido contratadas) y febrero de 2016.

La proximidad de las elecciones municipales, el 24 de mayo pasado, provocó que los partidos de la oposición criticaran este plan por su carácter electoral. En Cantabria, según la Encuesta de Población Activa (EPA), hay 50.500 desempleados, por lo que esta contratación suponía una reducción del 8%, una cifra sensible en un problema tan preocupante como el desempleo.

En la orden del Gobierno cántabro se decía que “las subvenciones contempladas en esta convocatoria se inscriben dentro de la programación del Fondo Social de Europeo, que cofinancia el 50% de estas actuaciones”. Es decir, Bruselas debía pagar 14 millones, pero finalmente no lo ha hecho. El Gobierno renunció a realizar la contratación y la dejó en manos de los Ayuntamientos, lo que generó los primeros problemas por falta de unidad en los criterios de selección del personal.

El objetivo era que los parados trabajaran en actividades “relacionadas con los valores naturales de las zonas Red Natura 2000 de Cantabria”. Esta organización se compone de espacios naturales de alto valor ecológico, que la Unión Europea quiere proteger. En Cantabria, diferentes organizaciones ecologistas han criticado la Red Natura porque “no cuenta con planes de gestión”.

En definitiva, según fuentes del actual Gobierno cántabro, en muchos casos se trataba de limpiar montes y bosques, con la particularidad de que al hacerlo en invierno, algunos estaban nevados, lo que complicó cualquier labor de este tipo.

Otros de los proyectos a los que se podían dedicar los contratos eran “servicios que favorezcan la conciliación de la vida laboral y familiar, y la atención de las personas más vulnerables”.

Las irregularidades en la contratación de los parados provocaron que UGT y algunos Ayuntamientos denunciaran esta situación ante Bruselas. El sindicato señaló que dado que “el Servicio Cántabro de Empleo no ejerció su competencia de indicar los colectivos que debían ser contratados y eliminó la obligación de solicitar los candidatos a las oficinas de empleo, se posibilitó la irregularidad dando vía libre a unas actuaciones que no se podían corregir por el propio organismo”.

Ante las denuncias, Bruselas se dirigió al Ministerio de Trabajo, que las transmitió al Gobierno cántabro. El 11 de mayo pasado, la entonces directora del Servicio de Empleo, María Ángeles Sopeña, admitió en un escrito ante la UE que “a la vista de las reclamaciones presentadas, se advierte que existe disconformidad sobre la manera en la que determinados Ayuntamientos han procedido a la selección de las personas”. Y concluye que “esta operación no será objeto de cofinanciación” y “no va a ser incluida en ninguna certificación de gasto y solicitud de pago” ante Europa.

Ante esta situación, la actual responsable de Empleo, Carmen Díaz Marzal, apunta que, por el momento, deberán pagar los 28 millones del plan, pero que tratarán de compensarlo en el futuro con otras subvenciones que se reciben de Europa. “La situación es sonrojante y provoca que la UE nos vigile ahora con lupa después de este gran fiasco”.