La dirección del PSOE rechaza un pacto fiscal con Cataluña

La dirección federal del PSOE rechaza sin ningún tipo de matiz un trato de favor a Cataluña en la futura reforma de la Constitución, empezando por un hipotético pacto fiscal entre el Estado y esa comunidad, como propuso en una entrevista con EL PAÍS el presidente del PSC, Àngel Ros. Fuentes próximas al secretario general, Pedro Sánchez, aseguran que el único modelo autonómico aceptado por “todos los dirigentes socialistas” es el de una “financiación justa y equitativa”.

Ese modelo es el que quedó reflejado en la llamada Declaración de Granada,un acuerdo unánime avalado por el Consejo Territorial del PSOE en julio de 2013. A ese pacto se sumó el Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), lo que evitó un divorcio entre la dirección y la formación catalana, federada al PSOE.

Dos años después, la postura de la ejecutiva federal y de los principales núcleos de poder territorial, como el de Susana Díaz en Andalucía o el de Emiliano García-Page en Castilla-La Mancha, no ha cambiado.

Fuentes de la dirección nacional recuerdan que “el espíritu de todos los socialistas es reformista”. En este contexto, el objetivo de la reforma de la Ley Fundamental “en el apartado social es la de consolidar derechos sociales, y en el apartado territorial es el espíritu de Granada, completar el desarrollo del Estado autonómico en sentido federal”.

Antonio Hernando, portavoz de los socialistas en el Congreso de los Diputados, ya lo dejó claro el pasado lunes, antes de que el PSC planteara una fórmula de pacto fiscal. El mensaje de Hernando, muy próximo a Pedro Sánchez, es el de la dirección federal: el PSOE no admitirá trato fiscal de favor o algún tipo de excepcionalidad para Cataluña. “Estamos a favor de un nuevo sistema de financiación que sea más justo para todas las comunidades autónomas”.

El futuro sistema de financiación autonómica se deberá abordar en el marco de la reforma de la Ley Fundamental que el partido considera necesaria desde hace años para resolver el pulso soberanista en Cataluña. De hecho, esa fue una de las premisas de la Declaración de Granada: “El nacionalismo moderado de Cataluña ha abandonado el terreno de la moderación y se ha pasado al campo del secesionismo. Ya no busca la mejor forma de encajar a Cataluña como una realidad específica y diferenciada dentro de España: busca directamente que Cataluña rompa con España”.

Acuerdo unánime

No obstante, ese texto sellaba un acuerdo no solo entre los 17 barones territoriales sino que escenificó la paz entre la dirección federal y el PSC. Àngel Ros, presidente de ese partido y alcalde de Lleida, habló el martes de un “pacto fiscal propio, que recoja el concepto de ordinalidad o el blindaje de competencias de Cataluña”. En una entrevista con EL PAÍS llamó a reconocer Cataluña como “nación” y que este reconocimiento se recoja en la Constitución. ¿Qué debería suponer esa concesión? En su opinión, “un modelo fiscal equitativo y respeto a la lengua, a la cultura y a las instituciones”. “La reforma tiene que superar el modelo del café para todos y llevarnos a uno asimétrico; si no, no servirá para lo que se ha pensado: garantizar la convivencia de diferentes identidades dentro de un Estado”.

El debate, en el seno del PSOE, va más allá. El hecho de que algunos dirigentes territoriales recelen de términos como “singularidad” o “hecho diferencial”, como plantea el informe sobre la reforma constitucional que elabora el grupo de expertos convocados por Sánchez, tiene que ver con su indefinición y con que tras ellos pueden esconderse revindicaciones de tipo fiscal. Por esto, las “singularidades” recogidas en la Declaración de Granada no hacían referencia explícita a Cataluña y a sus reivindicaciones.

“Justo y equitativo”

El texto afirma: “Necesitamos reformar la Constitución para incorporar los hechos diferenciales y las singularidades políticas, institucionales, territoriales y lingüísticas que son expresión de nuestra diversidad”.

Y, con respecto a la financiación, la declaración insiste: “Necesitamos reformar la Constitución para establecer un nuevo sistema de financiación autonómica justo y equitativo que dé certeza, estabilidad y equilibrio al sistema de reparto de los recursos públicos, hoy permanentemente cuestionado y sometido a continuas revisiones”. Es decir, el mismo mensaje que siguen defendiendo los principales dirigentes y barones territoriales del PSOE.