El principal imputado de los ERE recibirá 17.738 euros retenidos

Francisco Javier Guerrero, el exdirector de Trabajo de la Junta de Andalucía y principal imputado en el caso de los ERE (el fraude con fondos públicos para ayudas a empresas en crisis), recibirá 17.738 euros al haberse estimado la juez María Núñez Bolaños, que investiga el caso, el recurso interpuesto por la defensa del ex alto cargo. El dinero corresponde a salarios atrasados que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ordenó devolver y que le fueron posteriormente embargados.

En el recurso, la defensa alega que la retención del dinero que ahora recibirá se aplicó en función de un embargo que vulnera la Ley de Enjuiciamiento Civil. La juez entiende ahora que esa acción no garantizó el salario mínimo interprofesional previsto como cantidad inembargable.

Según la defensa, el funcionario ha estado recibiendo cada mes entre 290 y 113 euros cuando el salario mínimo interprofesional vigente para las cantidades en litigio (entre 2012 y 2014) era entra 641 y 654 euros.

La Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública de la Junta acordó, en 2012, el ingreso de Guerrero en el cuerpo de auxiliares administrativos. Pero suspendía provisionalmente sus funciones y no le asignaba un puesto de trabajo, ya que es uno de los principales imputados en el caso de los ERE. El exdirector general de Trabajo recurrió y reclamó un puesto en la Administración y el pago de las retribuciones previstas. Un juez le dio parcialmente la razón a la Junta al no permitir su vuelta al trabajo pero obligándola a otorgarle sus retribuciones básicas. El juzgado obligó al Gobierno andaluz a retribuir a Guerrero con su sueldo y trienios correspondientes en el periodo en el que no estuvo trabajando, una cifra que ascendió a 26.565 euros, sin contar las correspondientes deducciones de seguridad social e IRPF.

La decisión de la juez sucede a la división de la causa en tres grandes piezas, una resolución avalada por la Junta, el PSOE e IU, y en línea con la tesis de la Fiscalía Anticorrupción, que había solicitado a Mercedes Alaya (a quien Núñez ha sustituido como máxima responsable del caso), la separación en piezas de la investtigación. Alaya, sin embargo, consideraba el caso “inescindible”.

El consejero de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía, Emilio de Llera, consideró “razonable” y “correcto” la decisión de la nueva juez.

Denuncia en estudio contra la juez

Por otra parte, Manos Limpias ha anunciado este viernes que está preparando una denuncia contra la juez María Núñez Bolaños por dividir la causa en tres grandes piezas. Esta organización entiende que esta resolución podría suponer un presunto delito de prevaricación. Manos Limpias cuestiona la decisión sin contar con los dictámenes" de la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla y la resolución pendiente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).