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El Gobierno acusa al PSOE de usar “subterfugios” para frenar el silo

Es probable que la decisión la tome el Ejecutivo que salga de las elecciones generales

El Gobierno admite que la batalla por el cementerio nuclear puede ser larga, tanto que es muy posible que tenga que gestionarlo el próximo Ejecutivo. Ese Gobierno, muy probablemente, no tendrá mayoría absoluta para decidir sin acuerdos. Si hubiera cambios tras las generales, el Gobierno tiene en cuenta que PSOE y Podemos están en contra de la instalación del cementerio, como ya señalaban en sus respectivos programas electorales para los pasados comicios autonómicas de Castilla-La Mancha.

Fuentes del Gobierno explican que su decisión en este momento es seguir adelante y defender públicamente la instalación frente a lo que considera una operación política del PSOE. El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, consideró ayer “inadecuado” que se “intenten utilizar subterfugios políticos”, en referencia a los socialistas. Estos pidieron ayer la comparecencia de Soria en el Congreso.

El Ministerio de Agricultura recibió ayer la decisión de la Junta de Castilla-La Mancha para ampliar la protección medioambiental de la zona donde va a instalarse. Esa decisión debe ser comunicada a la UE y estudiada por el Gobierno, por si hubiera algún motivo para recurrirlo.

Para el Consejo de Ministros de hoy no está previsto que se adopte ninguna decisión relacionada con este asunto, según fuentes de La Moncloa y del Ministerio de Industria. La próxima reunión del Gobierno está prevista para finales de agosto, por lo que hasta entonces el Ministerio de Industria podrá estudiar también el informe del Consejo de Seguridad Nuclear que considera apto el emplazamiento del cementario, aunque con alguna objeción.

En principio, el Gobierno pretende responder a la decisión de la Junta de Castilla-La Mancha con la declaración de interés general prioritario que sirve para anular la protección decidida por el Ejecutivo autonómico. Esa declaración, que debe aprobarse en un Consejo de Ministros, también debe ser comunicada a la Unión Europea, es decir, tiene un trámite que puede llevar su aplicación hasta el mes de octubre, coincidiendo con la disolución de las Cortes.

Fuentes de la Junta de Castilla-La Mancha aseguran que si el Gobierno adoptara esa decisión habría un recurso por parte del Gobierno autonómico. Por ejemplo, entiende que esa declaración solo es válida si no hay ninguna otra alternativa. Sería el caso de la declaración de interés general para que una carretera pase necesariamente por una zona protegida. En este caso, la Junta entiende que hay otros posibles emplazamientos.

Esa intervención de la Justicia, que incluirá peticiones de suspensión cautelar, llevan necesariamente la decisión hasta la próxima legislatura.