Los 11 reproches de la ONU a España sobre derechos civiles y políticos

El Comité de Derechos Humanos de la ONU, tras escuchar al Gobierno del PP a principios de mes, ha difundido este jueves sus conclusiones sobre la situación actual de los derechos civiles y políticos en España. Tras someter al país a su sexto informe periódico, Naciones Unidas ha emitido un documento de diez páginas donde expone sus grandes "preocupaciones". El texto aborda temas tan diversos como la reforma de la Ley del Aborto, la Memoria Histórica y la legalización de las devoluciones en caliente. Estos son sus 11 reproches principales:

1. La vigencia de la Ley de Amnistía de 1977

El informe del Comité recalca la gran "preocupación" de la ONU ante el inmovilismo del Estado a la hora de investigar "activamente" todas las violaciones de derechos humanos "del pasado". En referencia a los crímenes del franquismo y de la Guerra Civil, Naciones Unidas subraya las deficiencias en la "búsqueda, exhumación e identificación de las personas desaparecidas". Por lo que, recalca la institución, insta al Gobierno a derogar la Ley de Amnistía de 1977: "España debe velar para que se identifiquen a los responsables, se les enjuicie y se les impongan sanciones apropiadas".

2. La inaccesibilidad de los archivos militares

La investigación de los crímenes contra los "derechos humanos del pasado" lleva a la ONU a reprochar a España las dificultades para acceder a los archivos: "en particular, a los militares". Por ello, recomienda al Ejecutivo que desarrolle un nuevo marco jurídico que permita su apertura "en base a criterios claros y públicos".

3. La nueva 'ley mordaza' de Rajoy

El PP aprobó en solitario, con el rechazo de toda la oposición, una nueva Ley de Seguridad Ciudadana que tampoco ven con buenos ojos en la ONU. Insta al Gobierno a revisarla de inmediato. "Preocupa al Comité el efecto disuasorio que pueda tener para la libertad de expresión, de asociación y de reunión pacífica", concluye el informe, que denuncia cómo esta normativa —así como la paralela reforma del Código Penal— implica un "uso excesivo de las sanciones administrativas" y "excluye ciertas garantías judiciales". Naciones Unidas acusa al Ejecutivo de utilizar "términos vagos y ambiguos" que pueden traducirse en una aplicación "discreccional" de la Ley.

4. Las devoluciones en caliente

Las fronteras de Ceuta y Melilla también centran la atención de la ONU, que concluye que la nueva Ley de Seguridad Ciudadana "autoriza las devoluciones sumarias de inmigrantes" en las vallas de ambas ciudades autónomas. "Nos preocupa que dichas expulsiones se realicen sin las garantías suficientes", recalca el Comité, que insta a revisar esta normativa para asegurar que esta práctica no viole el derecho de asilo, como denuncian las ONG, el Consejo de Europa, el Defensor del Pueblo y un amplio grupo de juristas.

5. La reforma de la ley del aborto

"El Estado debe asegurar que las barreras legales no obliguen a las mujeres a recurrir al aborto clandestino, que pone su vida y salud en riesgo", reza el documento, que muestra sus reticencias a la reforma de la Ley del aborto impulsada por el Gobierno de Mariano Rajoy: "En particular, a la propuesta de exigir el consentimiento expreso de los representantes legales en los embarazos de menores de edad. Esa modificación puede aumentar los abortos ilegales".

6. Las redadas "raciales" de la policía

La ONU concluye que en España "persisten" los controles policiales basados en perfiles raciales y étnicos. Por ello, tras las continuas denuncias de los colectivos de inmigrantes, insta al Gobierno a impulsar nuevas medidas que combatan "eficazmente" esta práctica entre los agentes y funcionarios encargados de la aplicación de la Ley.

7. Los indultos a policías condenados

La violencia policial también se erige como otro de los ejes del documento publicado este jueves. Naciones Unidas lamenta las "deficiencias" que presentan los informes forenses elaborados cuando se investigan casos de violación de Derechos Humanos cometidos por agentes. Además, reprocha al Ejecutivo la concesión de indultos a policías condenados por torturas: "Contribuyen a una sensación de impunidad".

8. Las nuevas competencias de los vigilantes

La nueva Ley de Seguridad Privada, aprobada en 2014, otorgó a los vigilantes privados una batería de competencias que antes no tenían: en las calles y en recintos públicos delimitados. Esa reforma chirría en la ONU: "Podría permitir que agentes de seguridad privada ejerzan actividades llevadas a cabo por agentes del Estado".

9. El método de cálculo de la edad de niños extranjeros

En Ginebra resuenan casos como el de Rafik, un menor de 17 años que la Fiscalía quería expulsar tras decretar que tenía 19 —aunque después rectificó, tras denunciar su situación públicamente—. El Comité de Derechos Humanos muestra sus recelos ante los métodos utilizados en España para calcular la edad de los menores que llegan solos al país. Y recomienda al Gobierno que elabore un nuevo "protocolo uniforme" que vele para que los procedimientos para determinar la edad "se lleven a cabo con métodos seguros y científicos".

10. Las "malas" condiciones de los CIE

Los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) acumulan varias críticas de la ONU. El documento acusa al Gobierno de internar a los inmigrantes en estas instalaciones de forma "recurrente". "Además, lamentamos las malas condiciones imperantes en algunos CIE, que carecen de condiciones higiénicas adecuadas".

11. Las diferencias salariales hombre/mujer

"El Estado debe procurar el aumento de la participación de las mujeres en el sector público y privado. Y, de ser necesario, tiene que aplicar medidas especiales de carácter temporal para conseguirlo", recalca el informe de la ONU, que reprocha a España las "notables diferencias" salariales entre hombres y mujeres.