5.350 pisos sociales siguen vacíos por discordias entre instituciones

La Sareb, conocida como el banco malo, ha puesto a disposición de los Gobiernos regionales 2.000 viviendas desde 2013. Hasta ahora solo se han utilizado poco más de la mitad, casi todas en Cataluña. La mayoría de las comunidades autónomas no han mostrado interés por fomentar el alquiler social para las familias necesitadas. La Sareb ofrece aún 850 inmuebles y está dispuesta a elevar la cifra. Además, otros 4.500 pisos puestos a disposición por el Fondo Social de Vivienda tampoco están siendo utilizados para el alquiler social.5.350 pisos sociales siguen vacíos por discordias entre instituciones

Hace casi dos años, en octubre de 2013, la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), también conocida como el banco malo, anunció que ponía a disposición de las comunidades autónomas 2.000 viviendas para alquiler social. Pese a la enorme necesidad de viviendas para familias en riesgo de exclusión, todavía hoy la Sareb tiene 850 pisos que no ha querido ninguna comunidad (de los entregados, el 80% están en Cataluña).

La semana próxima, las alcaldesas de Madrid y Barcelona, Manuela Carmena y Ada Colau, respectivamente, se reunirán con Jaime Echegoyen, presidente de este organismo, para colocar viviendas con alquileres que van desde los 75 euros hasta los 125.

"Es frustrante, hacemos un esfuerzo sincero", dice el presidente de la patronal bancaria

A esta situación se une la del Fondo Social de Viviendas, dependiente del Ministerio de Economía y del de Sanidad. Se creó en noviembre de 2012 y los bancos han ido aportado viviendas hasta acumular 6.000 en el fondo. Hasta el momento, solo se han utilizado 1.500, según el presidente de la patronal bancaria (AEB), José María Roldán.

“Esta situación es un poco frustrante, porque estamos haciendo un esfuerzo sincero y parece que no es tal. Deberíamos estudiar cómo ser más efectivos”, admitió Roldán, sin querer ser más explícito, quizá para no acusar al Gobierno de mala gestión en este asunto. Entre el Fondo y la Sareb acumulan 5.350 viviendas sin ocupar ante las discrepancias de las instituciones. Sin embargo, los cambios provocados por las últimas elecciones han traído gestores mucho más preocupados por este asunto, comentan fuentes de la Sareb. “Esperamos entregar los 850 pisos que nos quedan en 2015 porque la actitud de los nuevos responsables ha cambiado completamente. Incluso, aportaríamos más viviendas el año que viene si hay interés de las Administraciones. Hasta ahora, las comunidades que más interés han demostrado han sido Cataluña, Aragón, Galicia, Canarias, y Euskadi”, añaden en la Sareb.

Expertos conocedores de este proceso destacan el desdén que demostraron Madrid y Valencia, tanto en sus comunidades autónomas como sus Ayuntamientos capitalinos. “La anterior alcaldesa de Madrid, Ana Botella, vendió todo el parque de vivienda municipal. Quizá le pareció demasiado descarado pedir otros pisos para alquiler mientras ella ofrecía a los fondos buitres bloques enteros de vivienda municipal. Desde Valencia se ignoraron los ofrecimientos y nunca se quisieron ocupar de su gestión”, comentan fuentes del mercado.

La Sareb cobra entre 75 y 125 euros por vivienda para pagar el IBI y los gastos de la comunidad 

El banco malo ha realizado tres rondas de conversaciones con las autonomías. Ahora inicia la cuarta. Desde el principio, cuando Belén Romana ocupaba la presidencia, se tomó esta tarea como una manera de “facilitar el acceso a alquileres a precios asequibles y contribuir a impulsar sus políticas de vivienda social”. La Sareb cobra entre 75 y 125 euros por vivienda para pagar el IBI y los gastos de la comunidad de vecinos. El Gobierno regional debe establecer si cobra o no ese dinero a la familia, así como quién se hace cargo de los gastos de agua, luz y gas.

El desinterés con el que algunos políticos recibieron la oferta de estos pisos (algunos Gobiernos autonómicos ni contestaron a los planes enviados hace años), critican en la Sareb, se debe a que no querían gestionar el alquiler. Es decir, ellos tenían que encontrar la familia adecuada para esa vivienda en esa localidad. Por eso, la Sareb exigía que cada autonomía le dijera la demanda social concreta en cada municipio. No aceptaban pedir pisos sin un estudio previo.

En opinión de algunos gestores inmobiliarios consultados, que piden el anonimato, esta es la causa de que no funcione el Fondo Social de Viviendas de la banca. “Los bancos han entregado pisos y pisos, pero muchos en localidades donde no hay demanda de familias o ni los Ayuntamientos ni las comunidades se preocupan por ellos. Además, la gestión del Fondo es muy compleja porque no hay una sola Administración responsable de realizar todo el proceso. El resultado es que no llegan los pisos a los potenciales necesitados”. En las próximas reuniones la Sareb quiere conocer las necesidades concretas de los Ayuntamientos.