El 44% de votantes del PP rechaza la ‘ley mordaza’

El rechazo de los partidos políticos de la oposición a la llamada ley mordaza, está en sintonía con el sentir de la mayoría de la sociedad, que ha seguido con atención la tramitación de la Ley de Seguridad Cudadana y de cuyo contenido tiene un conocimiento bastante elevado. Los eventuales votantes del PP, según el estudio de Metroscopia, no se han quedado impasibles antes esta norma aunque el rechazo no alcanza los niveles del electorado del resto de los partidos. Un 44% de votantes del partido conservador está en contra de esta norma.

El pasado miércoles entró en vigor la Ley de Seguridad Ciudadana y ese mismo día y el siguiente Metroscopia hizo el estudio sobre el grado de apoyo y conocimiento de esa norma. La llamada ley mordaza alcanza unos niveles de rechazo poco conocidos en la legislación española: Un 75% de los consultados la rechaza. Con este alto porcentaje de ciudadanos críticos con la creación de nuevas sanciones para determinadas conductas relacionadas con la manifestación y protesta, se establece un hilo concordante con la actitud de los partidos políticos.

Todos, salvo el PP, han considerado inconstitucional un bloque de nuevos preceptos. Al recurso ante el alto tribunal elaborado por el PSOE se unieron Izquierda Unida, UPyD y Grupo Mixto. La tacha de inconstitucionalidad también la observaron y fundamentaron CiU y PNV aunque finalmente no se unieron al recurso.

No son amenaza

Las múltiples manifestaciones en contra de la misma durante su larga tramitación parlamentaria, algo más de 16 meses, han llegado a la opinión pública. Un 80% de los ciudadanos preguntados por Metroscopia afirmaron estar al tanto de que la llamada ley mordaza entraba en vigor el primer día del mes de julio.

A los encuestados se les preguntó si estaban de acuerdo en considerar “una amenaza para la seguridad ciudadana” una serie de conductas. Tratar de impedir un desahucio, no enseñar el DNI a un policía cuando lo solicita o difundir imágenes de agentes antidisturbios golpeando a un manifestante, son los comportamientos sobre los que se preguntó y que ahora llevan sanción. Entre los posibles votantes del PP un 44% rechaza que tales acciones puedan ser consideradas como peligrosas para la seguridad ciudadana. Ese dato se obtiene del 29% que responde un “no, en absoluto” y el 15% de consultados entre votantes del PP que se decanta por considerar que esas conductas “más bien no”, son peligrosas. Un 49% estaría de acuerdo con esas sanciones para tales acciones pero sí es significativo el alto nivel de rechazo de los votantes populares. A la cabeza de la crítica está el potencial electorado de Podemos con un rechazo de la ley del 97%, seguidos por los del PSOE que suman un 81%, por delante del 74% de los votantes de Ciudadanos que también rechaza esta norma.

Retirada completa

Con este resultado no habrá disgusto en la mayoría de la sociedad española si, como ha asegurado el PSOE en el supuesto de que gane las elecciones o tenga una mayoría suficiente en el Parlamento, suprime esta ley. Los socialistas contarán con el resto de los grupos ahora en la oposición para esa derogación. A la pregunta de si la ley debería retirarse “completamente”, un 63% responde que sí, en etanto que un 21% la dejaría como está. De nuevo los votantes de Pablo Iglesias se colocan a la cabeza del no, con un 95%, seguidos del 69% del PSOE. Para la mayoría de los posibles votantes de Ciudadanos, en un 60%, es conveniente que se retire.

No hay duda de que el acalorado debate político ha llegado a la opinión pública. Las enconadas sesiones parlamentarias han propiciado cambios en la opinión pública a medida que avanzaba la tramitación. La evolución ha sido siempre para que el rechazo aumentara. En diciembre de 2014, el 68% de los consultados por Metroscopia mostraba su desacuerdo; en siete meses, el rechazo ha aumentado 7 puntos. El criterio en contra de la oposición ha ido en paralelo al rechazo de colectivos de juristas, entre el que está el Consejo General de la Abogacía cuyo presidente, Carlos Carnicer, dejó su frase: “Se ha dado una patada al Estado de derecho”. Poner trabas a los derechos de reunión, expresión y manifestación, son las causas que la oposición política y jurídica atribuye al Gobierno de Mariano Rajoy. El aumento de manifestaciones y protestas en 2013 y principios de 2014 provocaron el nacimiento de esta ley, según los argumentos que quedarán para siempre en el diario de sesiones del Parlamento, sobre registros corporales a ciudadanos, y concentraciones cerca del Congreso, Senado y las asambleas parlamentarias regionales. El Tribunal Constitucional tendrá que pronunciarse sobre el recurso presentado por la oposición, también contra las llamadas “devoluciones en caliente” de inmigrantes que traten de entrar ilegalmente a España por las vallas de Ceuta y Melilla. La ley castiga también, el “escalamiento de edificios”. El pasado 1 de julio, día que entró en vigor la ley, unos activistas de Greenpeace permanecieron más de cuatro horas subidos en una grúa junto al Congreso con una pancarta que decía “la protesta es un derecho”.