El Gobierno alega que la ‘ley mordaza’ garantiza los derechos de la mayoría
Catalá: "Me preocupa mucho cuando concejales o alcaldes toman medidas para que no se pueda hacer lo que la justicia" ordena", dice el ministro respecto a los desahucios
El Gobierno se lanzó a defender la ley de Seguridad Ciudadana, conocida como ley mordaza por la oposición, el día de su entrada en vigor. Los ministros del Interior y de Justicia, Jorge Fernández Díaz y Rafael Catalá, aseguraron que la norma no solo no limita derechos y libertades, sino que las refuerzan.
La tesis de los dos ministros fue que se trata de defender los derechos de la mayoría frente a los que, por ejemplo, puedan provocar actos violentos en las manifestaciones. Fernández llegó a asegurar que se trata de una ley “muy garantista”.
Según explica el Gobierno, el preámbulo de la ley explica que se trata de “asegurar un ámbito de convivencia en el que sea posible el ejercicio de los derechos y libertades, mediante la eliminación de la violencia y la remoción de los obstáculos que se opongan a la plenitud de aquellos”. Y el artículo primero remarca que “la seguridad ciudadana es un requisito indispensable para el pleno ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas, y su salvaguarda, como bien jurídico de carácter colectivo, es función del Estado, con sujeción a la Constitución y a las Leyes”.
Según esta tesis, el ministro de Justicia justificó que se prohíba manifestarse junto al Congreso y al Senado asegurando que ya la establece la Constitución “para que no haya una excesiva presión social al poder legislativo”. Añadió que está justificado que se penalice a quien impida un desahucio porque es “la ejecución material de una orden que ha dado un juez”, y que alguien que se oponga a su cumplimiento “está fuera del Estado de derecho”.
Los dos ministros descalificaron en distintos medios las críticas a la norma, asegurando que están formuladas sin haber leído el articulado concreto. Según Catalá están llenas de “eslóganes y lugares comunes” y según Fernández carecen de fundamento. En esa crítica han estado unidos todos los partidos representados en el Congreso, salvo el PP.
El presidente del Congreso de los Diputados, Jesús Posada, admitió que le hubiera gustado que la Ley de Seguridad Ciudadana fuera "más consensuada", pero instó a "cumplirla y hacerla cumplir". Esta norma y el Código Penal fueron aprobadas solo con los votos del PP.
Reunión de Justicia con editores
Rafael Catalá se reunió este martes con representantes de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), la Asociación de Editores de Diarios Españoles (AEDE) y el Foro de Organizaciones de Periodistas (FOP) para hablar sobre estos aspectos.
Atendiendo a las demandas de editores y periodistas, Catalá se ha comprometido a buscar "un texto alternativo" que refuerce el equilibrio entre el derecho a la información y los derechos constitucionales del investigado en el artículo 520.1 de la Ley Orgánica de Modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, según han informado las entidades periodísticas, que durante la reunión mostraron su inquietud por este artículo, introducido en una enmienda en el Congreso de los Diputados. Profesionales y editores afirman que con esta reforma legislativa se pone en peligro "el derecho constitucional a la información".
Según el texto, en la detención de una persona “se deberán adoptar las medidas necesarias para asegurar el respeto a sus derechos constitucionales al honor, intimidad e imagen en el momento de practicarse así como en los traslados ulteriores”. Los medios de comunicación mantienen que en asuntos de interés público y con veracidad informativa, prevalece el derecho colectivo a la información frente al derecho individual al honor, la intimidad y la propia imagen, según diversas sentencias del Tribunal Constitucional.
Por la mañana, una entrevista en Los Desayunos de TVE, ha asegurado que no está arrepentido de haber planeado el debate de las sanciones a medios de comunicación. "No me arrepiento de plantear los debates que obedecen a la realidad social de España. El arte de la democracia es el de equilibrar entre el derecho a la información y los derechos constitucionales del investigado. Tenemos casos de muy diversa índole en el que ese equilibrio no se ha conseguido", ha declarado.
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