Una juez abre diligencias por cohecho contra Baltar, exbarón del PP gallego

El exbarón del PP gallego José Luis Baltar, condenado el año pasado por un delito de prevaricación relacionado con un enchufismo, pudo haber cometido un supuesto delito de cohecho, al presuntamente recibir dinero de empresas adjudicatarias de obras y servicios de la administración pública, "sin ninguna clase de control". Así lo destaca en un nuevo auto la juez Pilar de Lara, instructora de la Operación Pokémon, que investiga la mayor trama de corrupción y sobornos en adjudicaciones públicas en Galicia. La magistrada abre nuevas diligencias contra el expresidente del PP y de la Diputación de Ourense, y las remite al partido judicial ourensano, en donde se habrían producido los hechos ilícitos.

Al investigar la relación entre las empresas del grupo Vendex, principal encausado en la operación, y Baltar y el PP de Ourense, De Lara obtuvo indicios de que el extodopoderoso presidente provincial pudo "haberse lucrado" personalmente con el sistema de financiación, presuntamente en b, del PP. La juez concede credibilidad al testimonio "cualificado" de exgerente del PP, Emilio Pascual, toda vez que —destaca— refrendó con aportes documentales sus aseveraciones sobre la supuesta financiación irregular del PP de Ourense y el sistema de donaciones.

Las diligencias que De Lara traslada al ámbito judicial ourensano afectan a otros destacados representantes del PP, incluido el hijo-sucesor del exbarón. La juez sostiene que los candidatos populares en los municipios de la provincia a cuyos nombres figuraban en 2011 —con el vástago al frente del partido- pagos facturados por empresas que financiaban supuestamente a la formación política— han manifestado que desconocían su existencia y que "sería el propio partido el que habría realizado los encargos y el que, finalmente, habría abonado las correspondientes facturas", lo que da lugar, de ser ciertas las aseveraciones de los candidatos, a "un delito de falsedad documental".

Distinta a la de estos candidatos fue la reacción del entonces aspirante a la alcaldía de Ourense, Rosendo Luis Fernández, uno de los hombres de confianza del segundo de los Baltar. Fernández reconoció la factura ante los agentes de Aduanas y aseguró que se correspondía con el encargo realizado a la empresa Nacher Publicidad, a la que aseguró que realizó "entregas en efectivo con dinero que tenía en casa" que, aclaró, había ido retirando unos años antes de su cuenta bancaria en previsión de esos pagos. Un argumento que los agentes de Aduanas consideran "carente de lógica" y que sospechan que podría indicar "un deseo de encubrir el pago real efectuado por el partido".

Otro de los implicados es el actual concejal del PP en el Ayuntamiento de Ourense, Jorge Pumar, persona de confianza del hijo-sucesor. El auto destaca que la cuenta de donativos del PP no tuvo movimiento alguno hasta el año 2011 y que las donaciones aparecen "a nombre de personas vinculadas al propio PP y a la asociación Emprende Ourense". La juez cita a Pumar y a otras dos personas como representantes de esa asociación que, según el testimonio del exgerente del PP que recoge el auto, pudo haber sido creada "para recibir subvenciones de la Diputación de Ourense y Xunta de Galicia, pues prácticamente no tenia actividad".

La instructora sostiene que las donaciones "serían recibidas directamente por Baltar" y que este, "sin contabilizarlas de forma oficial", repercutiría después "parte de las mismas" al pago de diversas facturas emitidas a nombre del PP en campañas electorales. Ello, con el fin "de no superar los límites establecidos por la legislación vigente, utilizando incluso los nombres de los diferentes candidatos, según ellos sin su conocimiento, consentimiento y autorización, para la emisión de facturas y sustraer, de esa manera, los importes de las mismas a la suma total de gastos generados durante la campaña".

Aparte de grupo Vendex, De Lara sostiene que las principales empresas utilizadas para presuntamente financiar en b al PP ourensano eran Gallega de Publicidad & Diseño S. A., y Nacher Publicidad S. L., cuyas aportaciones varían en función del año electoral: la primera facturaría hasta 2007 y la segunda comenzaría su relación a partir de ese año.