Todos los grupos, salvo el PP, llevan el Código Penal al Constitucional

La oposición presenta recurso contra la llamada prisión permanente revisable

Fachada del Tribunal Constitucional.
Fachada del Tribunal Constitucional. Luis Sevillano

Todos los grupos parlamentarios, salvo el PP, se sumarán el martes al recurso ante el Tribunal Constitucional contra la prisión permanente revisable contenida en el Código Penal que entra en vigor el miércoles 1 de julio.

No solo será la primera vez en democracia que una norma de este tipo se aprueba solo con los votos del partido que gobierna, sino que, además, será la primera vez en la que todos los demás grupos parlamentarios la llevan al Constitucional. CiU y PNV compartían la crítica a la Ley de Seguridad Ciudadana -ley mordaza- y la veían inconstitucional, pero no se sumaron al recurso que encabezaba el PSOE. Esta vez firmarán el recurso el PSOE, Izquierda Plural, UPyD, Convergencia, Unió, PNV y Grupo Mixto, es decir, todos salvo el PP.

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El recurso, elaborado por el PSOE por ser el único partido con diputados suficientes para presentarlo por sí solo, recurre un total de 12 artículos del nuevo Código Penal.

Considera que contraviene la prohibición de penas inhumanas (artículo 15.1 de la Constitución); vulneración de los principios de proporcionalidad y de culpabilidad y, en consecuencia, el derecho a la libertad (artículo 17); contraria al principio de legalidad penal (artículo 25.1) porque no es una pena determinada; contraria al mandato de resocialización (artículo 25.2 CE), por cuanto prácticamente restringe toda posibilidad de reinserción.

Explica el recurso que "no es posible cumplir la finalidad de reinserción y resocialización que prevé la Constitución cuando la primera revisión se producirá a los 25 años, y aunque se produzca esa revisión en forma de suspensión de la condena, el penado continuará sometido a esa condena volviendo a prisión si cambian las circunstancias que motivaron la suspensión, aunque sean ajenas al reo y no controladas por él, incluso aunque hubiera transcurrido una buena parte del periodo de suspensión condicional".

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El Código ha provocado, además, el rechazo de jueces y fiscales. Así, la Unión Progresista de Fiscales (UPF) ha hecho público un comunicado en el que muestra “su enérgico rechazo a la reforma consumada que, además de incluir la denominada prisión permanente revisable, esto es, la cadena perpetua o el internamiento de por vida -incompatible y contraria al artículo 25.2 de la Constitución Española-, conlleva un aumento generalizado de las penas, fruto de una deriva legislativa político-criminal marcadamente reaccionaria”.

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