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El Gobierno rechaza ante la ONU revisar las devoluciones en caliente

España se niega a reconsiderar la legalización de la práctica con la nueva Ley de Seguridad

La Guardia Civil devuelve a Marruecos a dos inmigrantes, el 19 de febrero.
La Guardia Civil devuelve a Marruecos a dos inmigrantes, el 19 de febrero. REUTERS

El Gobierno de Rajoy ha rechazado este jueves la recomendación del Consejo de Derechos Humanos de la ONU de revisar la legalización de las devoluciones en caliente, tal y como le propuso tras el Examen Periódico Universal sobre la materia al que se sometió España en enero. El Ejecutivo, que ha difundido esta tarde qué sugerencias ha aceptado, se ha negado a reconsiderar la enmienda incluida en la Ley de Seguridad Ciudadana que dará cobertura legal a esta práctica en las vallas de Ceuta y Melilla. "Han asegurado que garantizarán los derechos de los solicitantes de asilo, pero se han negado a derogar la disposición", denuncia Rights International Spain (RIS).

El Ejecutivo mantiene así una iniciativa que ya recibió amplias críticas durante el Examen Periódico. Suecia afirmó que "parece que se quieren legalizar las expulsiones sumarias de los inmigrantes que intentan cruzar desde Marruecos". Noruega preguntó al Gobierno sobre "la compatibilidad entre la nueva Ley y el principio de no devolución, el Derecho internacional y la actual legislación de la UE". Y Austria, posteriormente, dio un paso más allá y recomendó a España por escrito "revisar las prácticas actuales de deportación en Ceuta y Melilla, así como la modificación de la Ley de Seguridad Ciudadana". 

Ante tales acusaciones, el propio Secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Ignacio Ybáñez, tuvo que abordar entonces la cuestión. El representante español aseguró que la normativa —que en aquel momento se encontraba en trámites parlamentarios— estaría "en consonancia con las obligaciones en materia de protección internacional". De hecho, en ese sentido, el Gobierno sí ha aceptado dos recomendaciones de Canadá y la República Checa: "asegurar que el marco legal cumple con las obligaciones internacionales de derechos humanos" y "están en conformidad con el principio de no devolución y la prohibición de los tratos inhumanos o degradantes".

España ha rechazado recomendaciones muy importantes sin justificar debidamente el motivo

Rights International Spain

Pero todas estas propuestas no han implicado que el Ejecutivo se saliera de la hoja de ruta marcada por Interior a principios de 2015. El equipo de Rajoy considera que Ceuta y Melilla presentan unas "singularidades" que hacen viable jurídicamente este "rechazo en frontera". Un criterio cuestionado por parte de la comunidad internacional y que se opone al manifestado por diferentes ONG, el Defensor del Pueblo, un nutrido grupo de juristas y el Consejo de Europa. "Las devoluciones en caliente son el inicio del fin de la política de asilo", afirmó Nils Muiznieks, comisario de Derechos Humanos, en una entrevista en EL PAÍS.

Según el escrito difundido este jueves, España ha aceptado, total o parcialmente, 174 de las 189 recomendaciones planteadas por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Entre otras, el Gobierno de Rajoy considerará "revisar y modificar" las medidas que "puedan obstaculizar el acceso de los migrantes a derechos básicos como la salud, la educación y la vivienda"; impulsará nuevas iniciativas para combatir la discriminación racial, étnica y religiosa; y ha aceptado "revisar" la detención incomunicada, para asegurar que toda persona detenida tenga acceso a un abogado de su elección. "España ha aceptado muchas recomendaciones de los Estados. Pero también ha rechazado otras importantísimas; sin que haya justificado debidamente el motivo", ha concluido RIS.